La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha informado de que la Junta asumirá la gestión del alta en la Seguridad Social del alumnado de FP matriculado en ciclos sostenidos con fondos públicos. De esta manera, tanto al alumnado como a los propios centros y a las empresas se les exime de cualquier carga burocrática que suponga la cotización de las prácticas no remuneradas.

Será a partir del 1 de enero de 2024 cuando entre en vigor la disposición adicional quincuagésima segunda de la Ley General de la Seguridad Social por la que deben incluirse en el Sistema de la Seguridad Social a los alumnos que realicen prácticas formativas no remuneradas o académicas externas en programas de formación.

Con esta decisión Patricia del Pozo quiere mandar un mensaje de tranquilidad tanto a los centros docentes que imparten ciclos sostenidos con fondos públicos como a las empresas que colaboran en el aprendizaje de estos estudiantes. La consejera ha asegurado que con esta iniciativa "evitamos riesgos en la titulación de nuestros estudiantes, ya que son prácticas curriculares obligatorias, tras la imposición del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes".

En este sentido, la consejera ha recordado que en la última reunión de la Conferencia Sectorial celebrada el pasado 13 de diciembre el Ministerio rechazó la petición de 14 Comunidades Autónomas de paralizar el alta en la Seguridad Social de todo el alumnado en prácticas tanto de la FP como universitarios a partir del 1 de enero, hasta que se establezca un sistema viable y garantista que evite los riesgos sobre la titulación de los estudiantes.

A pesar de las dudas que siguen existiendo y que las comunidades autónomas esperan resolver en las reuniones previstas con el Ministerio y técnicos de la Seguridad Social en los próximos días, la Consejería ha tomado esta decisión después de analizar distintas fórmulas para implementar de la mejor manera posible esta decisión del Gobierno central.

Para la consejera, esta iniciativa del Ministerio en los términos y en el momento en que está planteada, a mitad de curso, es un "despropósito para un sistema educativo que está viendo nacer una nueva ley sin que tengamos los reglamentos de desarrollo, en plena adaptación de las Comunidades a una normativa nacional a la que le faltan instrumentos que debe elaborar el Ministerio, incumpliendo el calendario previsto. Lo imponen cuando además estamos pasando toda la FP a la modalidad de Dual y reclamando la necesaria colaboración de los empresarios. En todo caso, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional será la que asuma todas las obligaciones de la Seguridad Social para dar garantías al alumnado, a los centros y a las empresas", ha dicho.