El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, se ha reunido con representantes de la industria para analizar el nuevo de decreto de viviendas de uso turístico, aprobado el pasado lunes por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Bernal ha comparecido junto al presidente de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Fahat), Juan Zapata, el presidente del Consejo Empresarial de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía, José Carlos Escribano, y el presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, Carlos Pérez, entidades con las que se ha desarrollado la negociación del texto en el último año. Al encuentro en Sevilla han asistido, además, el presidente del Consejo Andaluz de Administradores de Fincas, José Feria, e Ibán Larrasa, por parte de la Asociación Española de Plataformas Digitales de Alquiler Temporal.

Bernal ha resaltado el "consenso" alcanzado en la elaboración de un decreto cuyas prioridades se han fijado en la mejora de "los estándares de calidad y en aportar seguridad jurídica" a las personas que hacen uso de estos alojamientos en Andalucía, velando, asimismo, "por los derechos de la ciudadanía para favorecer la convivencia" en las ciudades. "Este decreto tiene como primer valor que surge del diálogo, el consenso y el acuerdo con todos los actores que participan en esta cuestión, empresarios hoteleros y asociaciones de viviendas turísticas. También cuenta con la valoración positiva de administradores de fincas, plataformas y sindicatos". El consejero ha recordado que "desde el primer texto consensuado, se fueron incorporando recomendaciones y alegaciones", procedentes de sindicatos, asociaciones de consumidores y administraciones públicas, como los ayuntamientos, responsables de la regulación urbanística de las viviendas de uso turístico, cuya capacidad de acción se reconoce en la nueva normativa.

Las corporaciones locales podrán incorporar en sus planeamientos prohibiciones, limitaciones o condicionantes de ubicación por causa de interés general. Para facilitar su cumplimiento, se comunicará de forma automática a los ayuntamientos el alta de una vivienda en el Registro de Turismo para comprobar su legalidad urbanística.

Bernal ha incidido en que la aprobación de la normativa supone "dar una respuesta urgente, muy demandada por la industria turística, pero también por agentes sociales y por los ayuntamientos". "El modelo turístico que impulsamos desde el Gobierno andaluz parte de la necesidad de ser sostenibles, ante todo, y de promover un turismo que contribuya activamente al desarrollo cultural, económico y social de los municipios, como se reflejará en la futura Ley de Turismo", ha explicado.

En su comparecencia, el consejero ha detallado algunas de las principales novedades que incorpora el decreto para que la oferta de alojamientos presente unos estándares de calidad altos, como caracteriza a Andalucía. Entre esas novedades, establece un mínimo de habitabilidad (14 metros cuadrados por plaza y un espacio mínimo de 25 metros cuadrados), un equipamiento mínimo en las viviendas, que haga más cómoda la estancia -desde el menaje que debe haber en la cocina, hasta el ajuar exigido por cada usuario-, y también aborda los requisitos de ventilación, el número de baños por plaza o la exigencia de disponer de climatización, según la época del año en la que se alquile.

Otra de las novedades encaminadas a garantizar los derechos de las personas usuarias es la figura legal de las empresas explotadoras de viviendas de uso turístico, con el objetivo de profesionalizar la actividad y que exista una respuesta ante posibles reclamaciones. Según Bernal, "este decreto aborda con mayor eficacia y coordinación los retos de la regulación de las viviendas de uso turístico y refleja la evolución de la jurisprudencia y la experiencia positiva de las normas que otras comunidades autónomas han aprobado en los últimos años".

Por último, ha agradecido a las entidades presentes "su capacidad de diálogo, sus aportaciones y haber sabido entender que se trataba de aprobar una norma donde prime el interés general por encima de los intereses particulares", concluyendo que "desde el Gobierno andaluz vamos a continuar trabajando así, enarbolando la cogobernabilidad, con la industria turística unida". En este sentido, ha recordado que el turismo supone un motor económico en Andalucía, que tuvo un impacto económico cercano a los 25.000 millones de euros el pasado año, tras batir el registro histórico con 33,9 millones de turistas recibidos.