La Junta de Andalucía apuesta por que el despliegue de las renovables deje la mayor huella industrial en Andalucía. Así lo ha asegurado el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, en el segundo encuentro 'Made in Andalucía' centrado en las energías limpias que se ha desarrollado en Carmona, en el que también ha participado el alcalde de la localidad, Juan Ávila.

Este encuentro, impulsado por la Consejería de Industria, Energía y Minas y enmarcado en el plan CRECE Industria de la energía, tiene como objetivo conectar a proveedores de equipos y servicios de ingeniería andaluces con promotores de plantas renovables en la región para fortalecer la cadena de valor vinculada al desarrollo de estos proyectos y favorecer que la mayor parte de componentes vinculados a los mismos se fabriquen en Andalucía y dejen aquí el mayor valor añadido.

"Queremos dejar más huella industrial en Andalucía, queremos que la ingeniería, el diseño, los servicios y la fabricación de equipos como cuadros eléctricos, transformadores o seguidores se produzcan en la región", ha apostillado Paradela, quien ha recalcado que "el despliegue de renovables constituye la mejor oportunidad que tiene Andalucía para transformar su modelo económico. La energía limpia a precios competitivos tirando de la inversión industrial, y la industria convirtiéndose en proveedor de soluciones tecnológicas para su despliegue".

El consejero ha detallado que la provincia de Sevilla contribuyó de forma decisiva al despliegue de nueva capacidad renovable en Andalucía el pasado año, ya que aportó prácticamente la mitad de la nueva potencia instalada con la puesta en servicio de 738 megavatios verdes, esto es, el 46% de los 1.605 megavatios que se instalaron en la región durante 2023.

"La nueva capacidad renovable supone un récord en potencia anual instalada en la provincia de Sevilla, con un volumen de inversiones estimado de 753 millones de euros y la creación de 2.200 puestos de trabajo asociados a su construcción", ha precisado Jorge Paradela, quien ha apuntado que el 90% (esto es, 663 megavatios) de la nueva capacidad renovable procedió de plantas fotovoltaicas y el 10% de la eólica (75 megavatios).

Asimismo, ha valorado la apuesta por las energías renovables del Gobierno andaluz, que se traduce en que Andalucía ya dispone, al cierre de 2023, de 11.803 megavatios de potencia verde instalada, un 16% más que en 2022, capacidad que se ha duplicado respecto a 2018.

Estos son algunos de los datos que el consejero de Industria, Energía y Minas ha puesto de relieve en el transcurso del encuentro en el que han participado la viceconsejera, Ana María Vielba, los secretarios generales de Industria y Minas, Cristóbal Sánchez, y de Energía, Manuel Larrasa, la directora general de la Agencia Andaluza de la Energía, Natalia Márquez, el delegado territorial de la Consejería en la provincia, Antonio Ramírez, y el alcalde de Carmona, Juan Ávila. Además, durante la jornada, ManpowerGroup ha presentado el informe 'Green Jobs' sobre tendencias de negocio y empleo sostenible.

Paradela ha apuntado que la región "es el mejor lugar para desarrollar proyectos energéticos sostenibles", ya que, además de los recursos naturales de los que dispone, como una irradiación solar un 12% superior a la media española, la comunidad aporta otras ventajas competitivas. Entre ellas, ha subrayado el elemento diferencial que supone la Unidad Aceleradora de Proyectos, a través de la agilización de los procesos de tramitación, y también la simplificación administrativa, con la reciente aprobación del cuarto decreto que promueve "un desarrollo más ágil de las energías limpias".

En este sentido, ha detallado las principales medidas que recoge este decreto en el ámbito de sus competencias, entre las que se encuentra la simplificación de la autorización de explotación para instalaciones de entre 100 y 500 kilovatios, con una tramitación más sencilla.

Además, se agiliza la tramitación administrativa permitiendo a los promotores realizar determinadas consultas y aportar información mediante declaración responsable, se amplía el rango de instalaciones de autoconsumo eléctrico exentas de licencia municipal hasta 500 kilovatios, "fomentando así su desarrollo, especialmente en el ámbito industrial y empresarial para contrarrestar los aumentos de precios de la energía", y se adoptan medidas para agilizar la tramitación de las infraestructuras de distribución, permitiendo presentar conjuntamente las solicitudes de autorización previa y de construcción.

Una veintena de empresas ha participado en este segundo encuentro 'Made in Andalucía', donde han presentado sus capacidades ante las empresas promotoras y han mantenido encuentros bilaterales para sondear oportunidades de colaboración.

La jornada ha contado con la participación del alcalde de Carmona, Juan Ávila, que ha destacado las ventajas que supone para los vecinos la instalación de plantas renovables en sus términos municipales.

De hecho, según un informe sobre la incidencia económica para las arcas municipales de los proyectos de energías renovables en tramitación en Andalucía, elaborado por la Consejería de Industria, Energía y Minas a partir del análisis de las plantas de más de 5 megavatios, su construcción y puesta en marcha se traduciría en unos ingresos estimados en torno a 1.300 millones de euros en el supuesto de que la totalidad de los proyectos prosperaran.

Los promotores afrontan el pago de una serie de tributos municipales durante las fases de construcción y de explotación de los proyectos, entre ellos, la tasa por licencia de obras y el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Además, durante la fase de construcción de las plantas los consistorios reciben una prestación patrimonial de carácter público no tributario por el uso temporal del suelo rústico. En la fase de explotación, los promotores de las plantas renovables pagan el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICE) y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). El informe elaborado por la Secretaría General de Energía contempla, además, el efecto económico positivo en la comunidad autónoma a través de otras figuras tributarias como IRPF e IVA.