El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha reiterado la apuesta del Gobierno andaluz por impulsar la colaboración público-privada "como vía inmediata para el fomento de las inversiones, el empleo y la recaudación". Para ello, es necesario, ha advertido, "la modificación de la Ley de Desindexación" por parte del Ministerio de Hacienda, cambio necesario para que la ejecución de los proyectos sea viable.

En su comparecencia en el pleno del Parlamento andaluz, Bravo ha reclamado al Estado también que aplique a las autonomías una fórmula de 'déficit inverso', que ofrecería a las comunidades margen de endeudamiento de cara a los años 2021 y 2022, cuando las transferencias por las entregas a cuenta serán sensiblemente menores.

Así, el consejero ha admitido que es "comprensible" que la Administración central asuma ahora la mayor parte del margen de déficit que ofrezca Bruselas a España, pero considera que en los próximos dos años, por las mencionadas caídas en las entregas a cuenta, será necesario que las autonomías puedan tener mayor capacidad de endeudamiento.

El consejero ha destacado además el desarrollo de la planificación de las infraestructuras energéticas como un elemento clave en la recuperación frente a la crisis económica derivada de la sanitaria. Por ello, "remitimos al Ministerio una propuesta consensuada con todos los agentes que permite movilizar 17.000 millones de euros en inversión que ahora es, sin duda, más necesaria que nunca".

Una reivindicación compartida

Por otro lado, y ante el criterio adoptado por el Gobierno de España para el reparto de los fondos no reembolsables, que "perjudica a Andalucía", Bravo ha pedido a los grupos parlamentarios que "alcen la voz" para que la comunidad no se vea agraviada por una fórmula de distribución impuesta unilateralmente por el Gobierno central y que es contraria a aquella que, por consenso, acordaron los responsables de Salud de las comunidades autónomas en marzo, en el marco de la Comisión Interterritorial.

Así, el consejero de Hacienda, Industria y Energía ha valorado positivamente en el Parlamento que, en la reciente reunión con la ministra, fuera atendida la petición realizada por la Junta de Andalucía el 14 de abril para crear un fondo no reembolsable de apoyo a las comunidades autónomas.

Sin embargo, Bravo ha señalado que el Gobierno central no ha explicado "de dónde salen los 16.000 millones de euros para este fondo", y que no sigue la fórmula de distribución consensuada por los responsables en materia de sanidad, donde se ponderaba una prevalencia al 80% de la población. Ahora, se impone, "de manera unilateral por parte del Ministerio y sin aportar justificación", un reparto en el que la población pesa un 20% para el tramo principal de los 10.000 millones. Un criterio opuesto, en definitiva, al adoptado por los responsables sanitarios autonómicos.