Infraestructuras

Carazo advierte de la deuda que arrastran tres agencias públicas: 1.028 millones de euros

La consejera de Fomento garantiza en el Parlamento la máxima ejecución presupuestaria para evitar la devolución de más fondos europeos

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha comparecido en la Comisión parlamentaria para informar de la situación económica de este departamento, y ha destacado que "una ineficaz gestión y la falta de planificación del anterior Gobierno han llevado a su departamento a una situación de precariedad".

"No hay un agujero en la Consejería, sino un socavón de 1.028 millones de deuda sólo de tres agencias, la de Obra Pública, de la de Vivienda y la de Puertos", ha lamentado Carazo, que ha detallado que solo la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA) cuenta con 565,2 millones de euros de deuda. Y todo ello sin añadir los compromisos de pago por la explotación de los metros andaluces. En concreto, la Agencia de Obra Pública tiene 396,6 millones de deuda con las entidades financieras y 168,5 millones de deuda por sentencias sin cobertura presupuestaria.

En cuanto a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta (AVRA), la consejera ha detallado que la estimación, a 31 de diciembre de 2018, del endeudamiento es de 378 millones de euros, de los cuáles 175 eran préstamos a largo plazo de gestión delegada y 203 millones de euros préstamos hipotecarios. También existe una deuda con la Junta de Andalucía por el Fondo de Liquidez Autonómica de 65 millones de euros, por lo que el importe total de deuda de esta agencia es de 443 millones de euros.

En cuanto a la Agencia de Puertos, la deuda descubierta hasta ahora se eleva a 14,9 millones de euros. "Así, sólo las tres agencias suman una deuda de 1.028 millones de euros y podría ser más porque a los centros directivos de la Consejería se les ha solicitado también un informe sobre su situación económica y aún no disponemos de esa información", ha añadido Carazo.

Además, la Consejería cuenta con un elevado volumen de traspasos pendientes, compromisos ya fiscalizados, que hay que trasladar al presupuesto 2019 prorrogado. En concreto, 579 millones de euros, por lo que ya se han dado las instrucciones para resolverlo. Esto es, se negocia con la Consejería de Hacienda la elaboración de un nuevo Plan de Traspasos, según ha explicado la consejera.

Entre estos traspasos pendientes se encuentran dos importantes obligaciones que no fueron contempladas y que no tiene cabida en el presupuesto prorrogado. Una de ellas es el pago de la sentencia firme de Metro de Sevilla que alcanza un importe de 162,5 millones de euros hasta el 31 de diciembre de 2018, (35,7 millones de euros de intereses de demora). "Estos intereses equivalen aproximadamente a diez años de no asunción de la situación, diez años en los que se mantuvo una situación enquistada, como si por sí sola pudiera resolverse", ha denunciado la consejera.

La segunda obligación a atender en este año se refiere a los préstamos de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA): por un importe de 56,6 millones de euros, del que el presupuesto prorrogado sólo recoge una cantidad de 10,36 millones.

Carazo ha explicado que, a fecha 19 de febrero, la Consejería ha realizado los primeros traspasos, ascendiendo el importe a 516 millones de euros. Así, en menos de un mes ya se han traspasado 63 millones de euros, lo que equivalente al 10,88% de los traspasos iniciales pendientes. De los 516 millones pendientes, 111,4 millones proceden de fondos Feder, 37,5 millones del Servicio-18 (del Ministerio) y 367,2 millones de euros son autofinanciados.

Pues bien, según la consejera, de esta última partida de 367,2 millones, un total de 139,6 corresponden a contratos adjudicados hace años (algunos de hace más de una década) no iniciados o suspendidos en ejecución y cuya resolución contractual implica necesidades presupuestarias adicionales. El conjunto de todos los traspasos de proyectos no iniciados o paralizados afectan a 239 expedientes (161 de la Dirección General de Infraestructuras y 78 de la Dirección General de Movilidad) y requieren al menos 4,5 millones de euros de crédito para cubrir indemnizaciones.

Carazo ha detallado dos ejemplos. El primero, el contrato del Vial Metropolitano Distribuidor Oeste de Málaga. Fase 2, cuyas obras por 37,5 millones de euros fueron adjudicadas el 30 de septiembre de 2009 y nunca comenzaron. La extinción de este expediente tendría un importe estimado de 635.000 euros.

En segundo lugar, el proyecto Autovía del Guadalhorce (A-357). Tramo: Enlace de Casapalma -Enlace Cerralba (Málaga), cuyas obras por un importe de 28.3 millones de euros fueron adjudicadas el 29 de enero de 2010 y nunca comenzaron. Su extinción tendría un importe estimado de 480.000 euros.

En relación a los fondos Feder, la consejera ha explicado que el Programa Operativo Feder Andalucía 2014-2020 cuenta con 817,7 millones de euros, de los cuales, desde el inicio presupuestario del mismo en 2016 y hasta la fecha, se han ejecutado 176,87 millones y certificado 85,5 millones. Sólo se ha ejecutado de este periodo el 21,6% y certificado el 10,5%. "Nuestro empeño será lograr la consecución de todos los Programas Operativos Feder 2014-2020, evitando la fuga de esas inversiones, dinámica habitual en las anteriores legislaturas", ha lamentado Carazo.

Tras describir la importancia de los fondos Feder, Carazo ha subrayado que le preocupa "la baja ejecución presupuestaria de esta Consejería, que como en otras tantas cuestiones de las que les he expuesto ha sido nefasta, por falta de decisión política y planificación eficaz".

El crédito definitivo con el que contó la Consejería fue de 861,6 millones de euros, de los que se dejaron sin ejecutar 217,6 millones de euros, 25,25% del presupuesto.

Los capítulos 6 y 7, correspondiente a Inversiones finales y Transferencias de capital respectivamente, los capítulos fundamentalmente inversores de la Consejería, contaban con unos créditos iniciales de 446,20 millones de los que sólo se ejecutaron 261,9 millones de euros. Según Carazo, quedaron sin ejecutar 184,3 millones, es decir, la capacidad de ejecución presupuestaria de estos capítulos fue tan sólo del 58,7%.

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