La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha compartido las críticas del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, por las repercusiones negativas que el retraso producido desde 2017 en la gestión de las ayudas al alquiler tiene para muchas familias andaluzas.

La Secretaría General de Vivienda ha alertado de que el nuevo Gobierno se encontró con 9.679 solicitudes pendientes de 2017, 3.979 en Málaga y 5.700 en Sevilla, mientras que de la convocatoria de 2018 se estima que hay 40.140 solicitudes sin resolver de las ocho provincias andaluzas. Por provincias, Sevilla tiene pendientes 10.000 solicitudes de la última convocatoria; Cádiz 8.000; Málaga, 7.500; Granada, 5.000; Córdoba, 3.300; Huelva 2.222; Almería, 2.218 y Jaén, 1.900. Dejaron, por tanto, casi 50.000 solicitudes sin atender.

Ante esta situación, una de las primeras medidas de la consejera Marifrán Carazo ha sido poner en marcha un plan de choque para resolver las incidencias registradas en el anterior mandato que derivaron en esta situación. El plan ha supuesto el refuerzo de personal de los equipos de las delegaciones territoriales de Sevilla y Málaga con cinco efectivos más.

Este refuerzo de los equipos de personal asignado a esta tarea ha hecho posible que en Málaga se estén culminando estos días los trámites para hacer efectivo estos pagos y que en Sevilla se haya entrado ya en la fase final del proceso para pagar las primeras ayudas dirigidas a personas en situación especial de vulnerabilidad o familias cuyos ingresos no excedan 2,5 veces el IPREM.

En total, el montante de estas ayudas pendientes alcanzan los 7,3 millones de euros por la convocatoria de 2017, en concreto, 4,5 millones se destinarán a solicitantes de Sevilla y 2,8 millones a los de Málaga. En cuanto a la convocatoria de 2018, el presupuesto autonómico y estatal para estas ayudas suma 19 millones de euros.