La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha defendido el "cambio de modelo" en Andalucía con el impulso de políticas para la construcción de 4.000 viviendas protegidas a precio asequible en los últimos tres años en contraste con los anteriores mandatos en los que no se emprendieron iniciativas para ampliar el parque residencial. La consejera ha hecho balance de las política de vivienda llevadas a cabo a través del Plan Vive en Andalucía, a la par que ha cuestionado la Ley Estatal de Vivienda, que "ni tiene el respaldo del sector ni de las comunidades autónomas" al recoger medidas intervencionistas que "son un ataque a la propiedad privada, plantean inseguridad jurídica y han fracasado en otros países".

Marifrán Carazo ha precisado que el Gobierno andaluz apuesta por "el incremento de la oferta residencial, tanto en venta como en alquiler, a precio asequible para facilitar el acceso a una vivienda de colectivos como jóvenes o familias con escasos recursos". Para ello, ha defendido las líneas de colaboración que la Consejería de Fomento ha emprendido con ayuntamientos, empresas públicas y privadas. "Trabajamos de la mano del sector", ha manifestado.

Fruto de ese trabajo de colaboración, el Gobierno andaluz ha contribuido a la construcción de 3.000 nuevas viviendas en alquiler a precio asequible en Andalucía únicamente con el programa de Fomento del Parque de Viviendas en Alquiler, que se puso en marcha en 2019 y que ya acumula tres convocatorias. El resultado de estas obras son viviendas con unos precios que oscilan entre los 200 y los 400 euros al mes, según las dimensiones del inmueble. El impulso a estas 87 promociones ha sido posible gracias a "los más de 80 millones de euros en subvenciones a promotores públicos y privados, que supone una inversión global pública y privada de 270 millones de euros".

La consejera ha manifestado que, a través de esta iniciativa, se revierte la tendencia de los mandatos anteriores, donde apenas se construyeron viviendas, además de "cumplir una triple función: ayuda a ampliar el mercado de la vivienda en alquiler a precio asequible, reactiva la economía y genera empleo". Sobre este último punto, se prevé que con las tres convocatorias se crearán 9.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción.

El desarrollo de este programa ya se está visualizando con el inicio de una veintena de promociones e incluso algunas que ya han finalizado y en la que ya se están alojando los primeros inquilinos, como las 60 viviendas de un promotor privado en Marismas del Odiel en Huelva o las viviendas públicas de calle Botica en Cádiz capital.

Sólo en la última convocatoria, con 30 millones de euros en ayudas, se han aprobado provisionalmente la construcción de más de 1.200 viviendas en las ocho provincias andaluzas. La inversión global (pública y privada) supera los cien millones de euros.

A estas convocatorias pueden presentar solicitudes promotores públicos y privados, así como fundaciones y ONG. Por provincias, se han concedido subvenciones para la construcción de 172 viviendas en Almería, 395 en Cádiz, 151 en Córdoba, 583 en Granada, 220 en Huelva, seis en Jaén –que ha presentado por primera vez solicitudes en esta tercera convocatoria–, 638 en Málaga y 831 en Sevilla.

"Andalucía es la comunidad española que ha firmado más acuerdos con el Ministerio para poner en marcha promociones del programa de fomento del alquiler", ha aclarado al consejera al precisar que en 2019 y 2020 se promovieron más de 1.700 viviendas en la comunidad, frente a las 683 de Cataluña y las 167 de Madrid.

Además del programa de Fomento del Parque de Viviendas en Alquiler, se ha puesto en marcha un programa pionero de permuta de suelos, que promueve la construcción de 420 viviendas a precio asequible a través de la colaboración pública-privada. La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ofrece suelos de titularidad pública a cambio de la entrega de viviendas ya construidas que incrementen el parque público de la Junta de Andalucía. Este programa, que ya se ha aplicado con éxito en la zona de Pescadería en la ciudad de Huelva y en el barrio de Huerta Santa Isabel de Córdoba, se extenderá a las ocho provincias andaluzas con una inversión estimada de 41 millones de euros.

También se ha resuelto una convocatoria de ayudas para la autoconstrucción, con la que se quiere favorecer el acceso a la vivienda en zonas rurales. En total, se han entregado 2,2 millones en subvenciones para 108 inmuebles en diez municipios. De igual manera, el Plan Vive en Andalucía incluye un programa para la concesión de ayudas para la adecuación de suelos con destino a Vivienda Protegida, en el que se han admitido 15 solicitudes para la urbanizaciones de terrenos para la construcción de en torno a 450 inmuebles.

Giro en las políticas

Marifrán Carazo ha indicado que, con estas iniciativas, "en muy poco tiempo y en plena pandemia hemos pasado de cero a más de 4.000 nuevas viviendas a precio asequible en Andalucía". Al respecto, ha echado la vista atrás para reivindicar que las políticas de vivienda han cambiado de la noche al día. "En el pasado, se ha engañado a los ciudadanos: a los que promovían VPO, a los que querían instalar un ascensor en su edificio y a los que pidieron ayudas para el alquiler", ha mencionado.

Entre las medidas incumplidas, ha recordado la ausencia de plan de vivienda durante cuatro años (de 2012 a 2016), el impago de ayudas a 160 promotores por un montante de 30 millones de euros o los pagos pendientes de ayudas a los compradores de VPO o a las comunidades de propietarios para la instalación de ascensores. "Todo ello ha dejado un déficit de vivienda a precio asequible que queremos paliar", ha añadido.

La consejera ha expuesto las líneas de trabajo para ampliar la oferta de viviendas por parte de Andalucía no sin antes cuestionar la Ley Estatal de Vivienda anunciada por el Gobierno de España, que plantea "medidas intervencionistas como la de limitar los precios de los alquileres, que es un ataque a la propiedad privada, plantea inseguridad jurídica y ha fracasado en otros países". "Sólo consigue tensionar el mercado y reducir la oferta de viviendas en alquiler", ha aseverado Marifrán Carazo, que ha subrayado que existen informes como el de la Universidad Pompeu Fabra que indican que en ciudades como Estocolmo, Boston, San Francisco, París y Berlín el efecto de la limitación de los precios ha sido un bajón en la oferta de viviendas para arrendar. "En Barcelona ya se está notando ese efecto negativo en los datos de las fianzas depositadas en el Instituto Catalán del Suelo", ha añadido.

La consejera ha manifestado que en cuanto tengan el texto de la ley se supervisará para "certificar que no vulnera las competencias de las comunidades autónomas ni los derechos de los propietarios y que se ciñe a la legislación española vigente". Por último, ha recalcado que la ley nace "vacía porque el Estado no tiene competencias", por lo que ha aclarado que "sería más operativo para los ciudadanos que las comunidades recibiéramos las transferencias de financiación necesarias para aplicar nuestros modelos".

Menos rigideces a la VPO

De igual manera, la consejera ha indicado otras patas del plan andaluz de vivienda como el desarrollo de un marco normativo que elimine rigideces administrativas y que equipare las características de las VPO a las viviendas libres. Mediante la Orden de 12 de febrero de 2020, ha recordado, se cambió el concepto de vivienda protegida, equiparando sus condiciones para hacerlas más atractivas tanto a promotores como a entidades financieras encargadas de financiar estas actuaciones.

La Orden establece que aquellos municipios que dispongan de un PGOU, de normativa urbanística y ordenanzas municipales que establezcan condiciones funcionales y de diseño para viviendas libres, no tengan que aplicar requisitos diferentes para las protegidas y así dilatar y alargar los procedimientos. A esta medida hemos sumado otras para agilizar los procedimientos de calificación de vivienda protegida recogidas en el nuevo plan de vivienda, el Plan Vive en Andalucía.

En esa labor de facilitar el acceso a la vivienda, también ha reivindicado el esfuerzo realizado en materia fiscal. Y ha citado como ejemplo la recientemente aprobada Ley de Tributos Cedidos, que permite al Gobierno andaluz acometer nuevas rebajas fiscales en materia de alquiler de vivienda. De esta manera, los jóvenes de menos de 35 años, los mayores de 65 años o las personas víctimas de violencia doméstica y terrorismo podrán aplicarse una deducción del 15 por ciento con un máximo de 600 euros, en lugar de 500 euros, por su alquiler. A los contribuyentes que tengan la consideración de personas con discapacidad se incrementará el límite de la deducción hasta 900 euros.