El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 149,87 millones de euros para la contratación de los servicios de la Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía (RCJA) durante los próximos cuatro años. Se inicia así la tramitación de la cuarta licitación de esta infraestructura creada en 1998, en la que se integran todas las líneas de telefonía fija y móvil de la Administración autonómica, los accesos a Internet y la transmisión de datos y señales de vídeo.

El contrato, que sustituirá al vigente desde 2011, cubrirá tanto a las consejerías y organismos autónomos de la Junta como a las empresas y entidades del sector público andaluz, incluidos los denominados 'centros periféricos' donde se concentra la prestación de servicios públicos a los ciudadanos (hospitales, centros de salud y educativos, juzgados y oficinas de empleo, entre otros).

La nueva licitación, que supondrá disminuir de 43,5 a 37,5 millones de euros anuales los costes de estos servicios, se marca entre sus objetivos llegar a la totalidad de las sedes de la Junta; incorporar prestaciones como los servicios de videoconferencia; incrementar el ahorro de costes en los servicios de voz; introducir un precio variable de pago en función de la calidad, y transformar el acceso a datos para dar entrada a tecnologías que ofrezcan caudales superiores a los 100 Mbps.

El gasto total previsto se dividirá en cuatro bloques: servicios troncales de comunicación y seguridad (17,35 millones de euros); acceso de datos (40,75 millones); servicios de voz y en movilidad (37,02), y servicios de comunicaciones críticas para el sistema sanitario públicos de Andalucía (54,75).

La RCJA, la mayor red corporativa de telecomunicaciones en España, tiene como principal objetivo desplegar un conjunto unificado de servicios avanzados de telecomunicaciones, reduciendo costes globales y mejorando su gestión. Actualmente da cobertura a un centenar de organismos, 220.000 empleados públicos conectados y alrededor de 11.000 sedes y centros de trabajo de la Administración autonómica. Cuenta con más de 160.000 extensiones de telefonía y un caudal de 11 gigabits por segundo de acceso a internet, tanto en las consejerías y organismos autónomos de la Junta como en las empresas y entidades del sector público andaluz.

El desarrollo del actual contrato ha supuesto, desde 2011, un ahorro medio del 35% respecto a los costes de mercado en telefonía fija y del 55% en los relativos a telefonía móvil. El gasto de la Junta de Andalucía en estos servicios pasó de 70 a 45 millones de euros anuales, cifra que se espera reducir hasta los 37,5 millones con el expediente autorizado.

Desde el pasado año, la RCJA acomete la implantación de la banda ancha ultrarrápida y wifi en todos los centros educativos públicos andaluces de primaria y secundaria, así como la dotación tecnológica del Plan de Renovación de la Atención Primaria iniciado por la Consejería de Salud, que incluye la puesta en marcha de consultas no presenciales con los médicos de familia.

Nuevo decreto regulador de la Comisión Asesora sobre Vacunaciones

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado el nuevo decreto regulador de la Comisión Asesora sobre Vacunaciones, órgano consultivo de la Consejería de Salud en esta materia. La norma sustituye a la vigente desde 1995 con el objetivo de adecuar su estructura y sus funciones a los cambios producidos durante los últimos años. Como principales novedades, se refuerza la presencia de profesionales expertos y sociedades científicas, y se amplían las competencias de evaluación, planificación y asesoramiento.

En relación con los cambios en la composición, el decreto adapta el reparto de las vocalías a la estructura actual de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud. Además, incorpora la representación de diez sociedades científicas de la comunidad vinculadas a Medicina de Atención Primaria, Medicina Familiar y Comunitaria, Pediatría, Enfermería Comunitaria, Epidemiología, Medicina Preventiva y Salud Pública, Vacunología y Microbiología y Parasitología Clínica. Asimismo, incluye a profesionales expertos en materias como la ética, la seguridad del paciente o la farmacovigilancia.

Con la nueva composición, la Comisión pasa a tener 29 vocalías. Además de las citadas, figuran otras diez procedentes de centros directivos, servicios y organismos de la Administración sanitaria andaluza y ocho de profesionales especialistas del sistema sanitario público de la comunidad. La presidencia corresponde al centro directivo competente en materia de salud pública, mientras que la vicepresidencia la desempeñará la persona titular de la subdirección competente en promoción y prevención. Como novedad, se incorpora la dirección del Plan Estratégico de Vacunaciones para ejercer la coordinación.

Entre las funciones que desempeña la Comisión destacan las relativas al asesoramiento científico-técnico, el desarrollo del Plan Estratégico de Vacunaciones y la modificación del calendario vacunal en función de situaciones epidemiológicas específicas.

Asimismo, el Consejo también ha acordado autorizar al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para la fijación de precios públicos vinculados a las prácticas que realiza el alumnado de las Escuelas de Hostelería. El establecimiento de las cuantías se llevará a cabo mediante una orden de la Consejería de Empleo. Las prácticas en estos centros de Formación Profesional fueron introducidas en la legislación autonómica en 2015 a fin de ampliar la capacitación del alumnado con situaciones reales de atención a clientes en sus centros. El sistema de precios contribuirá a sufragar los gastos de estas actividades, realizadas bajo las normas y protocolos propios del sector de la restauración.

El SAE tiene actualmente seis centros de su red de Escuelas de Formación dedicados al sector hostelero: Cádiz; Islantilla (Huelva), La Laguna en Baeza (Jaén), La Cónsula en Málaga y La Fonda en Benalmádena (Málaga), así como el Centro de Industrias del Ocio en Mijas (Málaga). En sus instalaciones se imparten los itinerarios de cocina y sala y otras tres acciones formativas para un total de 143 alumnos, cifra que el próximo curso se ampliará hasta los 180.

Cesiones de terrenos en Granada y de inmuebles en Trebujena

El Consejo de Gobierno ha acordado aceptar la cesión gratuita de la propiedad, por parte del Ayuntamiento de Granada, de la parcela de 11.000 metros cuadrados donde se ubica el Instituto de Educación Secundaria Zaidín Vergeles. Se regulariza así la situación patrimonial de este terreno situado en la calle Primavera, donde la Junta construyó el centro educativo en 1989. El instituto, bilingüe español-inglés, tiene capacidad para 1.461 alumnos atendidos por 134 docentes. Actualmente, imparte las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y los bachilleratos de Ciencias, Ciencias Sociales y Adultos, así como ciclos formativos de Comercio y Marketing; Química; Administración y Gestión; Informática y Comunicaciones, e Instalación y Mantenimiento.

Asimismo, ha aceptado la cesión, por parte del Ayuntamiento de Trebujena (Cádiz), del uso del Centro de Participación Activa de Personas Mayores y del Centro de Estancia Diurna situados en un edificio de la Avenida de Chipiona. La decisión regulariza la situación patrimonial de las instalaciones, que la Junta utiliza desde 2014 para estos fines de forma provisional. El Centro de Participación ocupa una superficie de 1.186 metros cuadrados y se cede por el tiempo en que sea destinado a su actual actividad, mientras que para el de Estancia Diurna (216 metros cuadrados) se establece un periodo de tres años. El Ayuntamiento se reserva el salón polivalente y los aseos anexos, si bien los pondrá a disposición cuantas veces sea necesario.