Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 49 de 26/04/1997

Intentada sin efecto la notificación del acuerdo de incoación del procedimiento sancionador ES-C-H-06/97 a Melhusa, S.A. y en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre, para que sirva de notificación a la citada entidad, se publica a continuación su texto íntegro:

«Vista la denuncia formulada por el Servicio de Vigilancia de Carreteras el día 12 de febrero de 1997, contra Melhusa, S.A., con CIF A-4.606.726, con domicilio en calle Gibraleón, núm. 2, de San Bartolomé de la Torre (Huelva), por presuntas infracciones a la normativa de Carreteras.

Siendo este Organo competente para la iniciación de expediente sancionador por esta materia, en virtud de la competencia conferida por el R.D. 951/84, de 28 de marzo, por el que se transfieren las funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Carreteras, el Decreto 163/86, de 30 de junio; en virtud de lo dispuesto en los artículos

11 y 13 del Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por R.D. 1398/93, de 4 de agosto (RPS).

He acordado la iniciación de expediente sancionador nombrando en virtud del artículo 13 RPS, Instructor del expediente a don Francisco López Arboledas, Secretario General de esta Delegación y Secretaria del mismo a doña Mª Isabel Muñoz Romero, Administrativa, siendo su régimen de recusación el contemplado en los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En cumplimiento de la normativa expuesta y tras la comprobación efectuada por el Vigilante de servicio, constan los siguientes hechos: Verter escombros en zona de dominio público para acceso no autorizado en margen izquierda (dirección a San Bartolomé de la Torre), en el p.k. 12 de la carretera C-443.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Los hechos anteriormente indicados pueden ser constitutivos de una infracción administrativa leve, tipificada en el artículo 31.2.b) de la Ley

25/1988 de Carreteras, de la que aparece como presunto responsable directo Melhusa, S.A. y por la que pudiera corresponderle una sanción de hasta seiscientas treinta mil (630.000 ptas.) pesetas, a tenor del artículo 112 del Reglamento General de Carreteras, aprobado por R.D. 1812/94, de 2 de septiembre.

El Organo competente para resolver este expediente es el Ilmo. Sr. Delegado Provincial de Obras Públicas y Transportes, de conformidad con el artículo

34 de la Ley de Carreteras, modificado por la disposición adicional novena de la Ley 42/94, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, en relación con el Decreto 208/95, de 5 de septiembre, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se atribuyen determinadas competencias a los órganos de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en materia de Carreteras.

En cualquier momento del procedimiento el interesado podrá reconocer la responsabilidad en los hechos denunciados, con los efectos que establece el artículo 8 del RPS. Asimismo, conforme a los artículos 3.2 del RPS el interesado tiene derecho a formular alegaciones y a aportar los documentos que considere convenientes en cualquier momento del procedimiento a partir de la notificación del presente acuerdo y con anterioridad al trámite de audiencia y 19.1 del mismo Reglamento dispondrá de un plazo de 15 días para oponerse a la propuesta de resolución que formule la Instructora.

En particular, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 16.1 del RPS, el interesado dispone de un plazo de quince días a contar desde la notificación del presente acuerdo para aportar cuantas alegaciones, documentos e informaciones estime convenientes, y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse.

Comuníquese el presente acuerdo al órgano instructor con traslados de todas las actuaciones practicadas, y notifíquese a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado, con la mención expresa de los requisitos exigidos por el artículo 58.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común¯.

Huelva, 2 de abril de 1997.- El Delegado, Francisco Díaz Olivares.

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