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La primera iniciativa para dotar a Itálica de una protección de carácter jurídico que, entre otros objetivos, supusiera la suspensión de los efectos de las disposiciones de
1711, por la que autorizaba la demolición del anfiteatro, y de
1799, que ratificaba la explotación del mismo como cantera, se debe al gobierno del rey José Bonaparte, quien por decreto dado en Sevilla en 1810 mandaba que la ciudad de Itálica -incluido Santiponce- recuperase su nombre original, pues hasta entonces se la venía denominando "Sevilla la vieja"; se otorgase una renta, tomada de los fondos de San Isidoro del Campo, para realizar excavaciones en el anfiteatro; y, por último, que la gestión de tales fondos corriera a cargo de una comisión formada por tres personas notables.
[VEASE ANEXO(S) EN EDICION IMPRESA DEL BOJA]
Sevilla, 20 de mayo de 1999.- El Director General, Julián Martínez García.