Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 86 de 27/07/2000

2. Autoridades y personal2.1 Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Justicia y Administración Pública

RESOLUCION de 21 de junio de 2000, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se revoca el nombramiento de doña Cristina Margalet Cobo como Interventora del Ayuntamiento de Minas de Riotinto (Huelva).

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El Ayuntamiento de Minas de Riotinto (Huelva) ha instruido expediente para la revocación del nombramiento como funcionaria interina efectuado mediante Resolución de 16 de febrero de

1998, de la Dirección General de Administración Local, a favor de doña Cristina Margalet Cobo, en el que figura la solicitud del cese en su cargo de la expresada funcionaria interina, y el Decreto de la Alcaldía número 290, de 2 de junio de 2000, relativo al cese de doña Cristina Margalet Cobo como Interventora interina del Ayuntamiento de Minas de Riotinto.

Por todo ello, de conformidad con lo establecido en el artículo

37 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, y en el Decreto

467/1994, de 13 diciembre, por el que se asignan a la Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el artículo 11.1.e) del Decreto

139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Revocar el nombramiento efectuado a favor de doña Cristina Margalet Cobo, DNI 27.316.622, como funcionaria interina para el desempeño del puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de Minas de Riotinto (Huelva).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y

117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 21 de junio de 2000.- El Director General,Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

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