Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 87 de 29/07/2000

Vista la petición formulada por la Diputación Provincial de Málaga mediante acuerdo de su Comisión de Gobierno de fecha 23 de mayo de 2000, por la que se solicita la adscripción temporal en Comisión de Servicios al puesto de trabajo de Secretaría del SEPRAM de la citada Corporación de don Angel Fernández Lupión, funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría, así como la conformidad de los Ayuntamientos de Benalauría y Benarraba, ambos de la provincia de Málaga, manifestada mediante Resoluciones de su Presidencia de los días 12 y 9 de mayo de

2000 respectivamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por las Disposiciones Adicionales Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, relativas al Régimen de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional,

Esta Dirección General, ha resuelto:

Conferir la adscripción en Comisión de Servicios de don Angel Fernández Lupión, N.R.P. 51827459/57/A3003, actual Secretario de la Agrupación entre los Ayuntamientos de Benalauría y Benarraba, ambos de la provincia de Málaga, al puesto de trabajo de Secretaría del SEPRAM de la Diputación Provincial de Málaga, durante el período de tiempo de un año, corriendo a cargo de este último el pago de las remuneraciones debidas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judiciales de este Orden, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y

117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 3 de julio de 2000.- El Director General, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

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