Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 117 de 09/10/2001
2. Autoridades y personal2.1 Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Justicia y Administración Pública
RESOLUCION de 18 de septiembre de 2001, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se nombra a doña Lourdes Aponte Montiel Interventora del Ayuntamiento de Illora (Granada) con carácter provisional.
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Vista la petición formulada por doña Lourdes Aponte Montiel, funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala Intervención-Tesorería, categoría de entrada, en virtud de Resolución de 13 de julio de
2001, de la Secretaría de Estado de Organización Territorial del Estado, para obtener nombramiento provisional en el puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de Illora (Granada), así como la Resolución favorable adoptada por la Alcaldía-Presidencia de esa Corporación el día 6 de septiembre de 2001, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el artículo 11.1.e) del Decreto
139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.
Esta Dirección General ha resuelto:
Primero. Nombrar a doña Lourdes Aponte Montiel, con DNI
25.691.960, como Interventora, con carácter provisional, del Ayuntamiento de Illora (Granada).
Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este órgano en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa- Administrativa.
Sevilla, 18 de septiembre de 2001.- El Director General, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.
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