Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 74 de 30/06/2001

Visto el expediente administrativo A-33/99 incoado contra doña Ana María Rufo García, por no ocupación de la vivienda sita en la Bda. La Naya, blq. 5, 2.º B, de Minas de Riotinto, por infracción de Régimen Legal que regula las viviendas de Protección Oficial, resultan los siguientes

H E C H O S

Primero. Realizada visita de inspección al efecto en la vivienda de referencia y comprobada la no ocupación de la misma por su titular, esta Delegación Provincial de oficio inicia expediente administrativo de desahucio contra la interesada y que es notificada mediante anuncio publicado en el BOJA 72, de

24.6.1999.

Segundo. Iniciado el procedimiento de desahucio comprueba que la interesada con fecha 5.11.1998 renunció a la vivienda adjudicada a favor de su ex marido don José Manuel Mateos Caro, aportando para ello sentencia judicial de separación que así lo confirma.

Tercero. Con fecha 3.4.2000, la Dirección General de Arquitectura y Vivienda notifica a esta Delegación Provincial el cambio de titularidad a favor de don José Manuel Mateos Caro.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. En virtud de lo dispuesto en el Decreto 86/1984, de

3 de abril, son competentes para resolver los expedientes de desahucio los Delegados Provinciales de la Consejería de Política Territorial (hoy Consejería de Obras Públicas y Transportes).

Segundo. De conformidad con lo establecido en el art. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el art. 142 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio, la Administración a la vista de las alegaciones formuladas y pruebas presentadas podrá acordar el archivo del expediente.

Tercero. Una vez analizada la documentación presentada, se comprueba que queda desvirtuado suficientemente el hecho que constituía el fundamento del presente expediente.

Esta Delegación Provincial, a la vista de lo anterior y teniendo en cuenta el cumplimiento de las formalidades exigidas en la normativa aplicable, ha resuelto:

Acordar el archivo del presente expediente sin más trámites.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, en el plazo de un mes, contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Huelva, 11 de mayo de 2001.- La Instructora.

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