Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 104 de 05/09/2002

Acuerdo de fecha 5 de agosto de 2002, de la Delegada Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a doña María Yolanda Rubio Siles, al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al intentarse notificación y una vez recabada la oportuna información, y en cumplimiento de lo prevenido en el artículo

22 del Decreto 42/2000, de 12 de febrero, del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA núm. 20, de 16 de febrero), por medio del presente escrito se le comunica en calidad de madre biológica de la menor M.Y.C.R., nacida con fecha 15 de abril de 1990, la iniciación del procedimiento de desamparo de la misma, informándole que, a tenor de lo dispuesto en el art. 24 del texto legal antes citado, dispone de un plazo de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente a la recepción de la presente comunicación, para aportar cuantas alegaciones y documentos estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse. Asimismo, se le informa acerca de la posibilidad de intervenir por medio de representante, pudiendo solicitar el derecho a la asistencia jurídica gratuita, a fin de que pueda actuar durante el presente procedimiento asistida de Letrado en defensa de sus intereses.

En el supuesto de que optare por solicitar el derecho a la asistencia jurídica gratuita, deberá dirigirse al Colegio de Abogados de la provincia de Cádiz, sito en C/ Tamarindos, núms.

17-19, en Cádiz, en cuyo caso el plazo para la formulación de alegaciones se suspenderá durante diez días hábiles, previa acreditación de la presentación de dicha solicitud.

La presente iniciación de procedimiento se le notifica a los efectos oportunos, haciéndole saber que contra este acto no cabe recurso alguno, pudiendo alegarse la oposición al mismo por los interesados, para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento, conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Cádiz, 5 de agosto de 2002.- La Delegada, Prudencia Rebollo Arroyo.

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