Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 55 de 11/5/2002

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo (Huelva), mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 10 de abril de 2002, por la que se solicita dejar sin efecto el nombramiento en régimen de acumulación efectuado a favor de doña Beatriz Molina Soldán, funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional, perteneciente a la Subescala de Secretaría-Intervención, por Resolución de 29 de mayo de 2001 de la Dirección General de la Función Pública, a instancia de la propia interesada, de conformidad con lo establecido en los artículos 31 y 37 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y en el Decreto

467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el artículo 11.1.e) del Decreto

139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Dejar sin efecto la acumulación de funciones del puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo (Huelva), autorizada mediante Resolución de la Dirección General de la Función Pública de 29 de mayo de 2001, a favor de doña Beatriz Molina Soldán, con DNI

75.543.866, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Lucena del Puerto (Huelva).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este órgano en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judiciales de este orden en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y

117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 22 de abril de 2002.- El Director General, José Taboada Castiñeiras.

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