Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 94 de 10/08/2002
2. Autoridades y personal2.1 Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Justicia y Administración Pública
RESOLUCION de 18 de julio de 2002, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se nombra a doña Ana María Parrales Santillana Tesorera del Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva), con carácter provisional.
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Vista la petición formulada por doña Ana María Parrales Santillana, funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Intervención- Tesorería, categoría de entrada, para obtener nombramiento provisional en el puesto de trabajo de Tesorera del Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva), así como la Resolución favorable adoptada por la Presidencia de esa Corporación el día 8 de julio de 2002, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto 1732/1994, de
29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el artículo 11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.
Esta Dirección General ha resuelto:
Primero. Nombrar a doña Ana María Parrales Santillana, con DNI
44.214.850, como Tesorera, con carácter provisional, del Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva).
Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este órgano en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judiciales de este orden en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.
Sevilla, 18 de julio de 2002.- El Director General, José Taboada Castiñeiras.
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