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La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en el recurso de casación número 1158/2001, interpuesto por la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía (hoy denominada Consejería de Justicia y Administración Pública), contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, sede en Sevilla, de fecha 15 de diciembre de 2000, en actuaciones seguidas por la Confederación Sindical Independiente y Sindical de Funcionarios (CSI-CSIF), Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, sobre Conflicto Colectivo, dictó sentencia con fecha 11 de octubre de 2001, declarándose en su parte dispositiva literalmente lo siguiente:
«F A L L A M O S
Desestimamos el recurso de casación interpuesto por la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Sevilla, de fecha 15 de diciembre de 2000, en actuaciones seguidas por la Confederación Sindical Independiente y Sindical de Funcionarios (CSI-CSIF), representada por la Procuradora doña María José Corral Losada, contra dicho recurrente, Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, sobre conflicto colectivo.¯
En su virtud, esta Consejería, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; arts.
158 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral y demás preceptos concordantes
D I S P O N G O
1.º Dar cumplimiento a la sentencia de 11 de octubre de 2001, conforme se indica en el fallo de la misma.
2.º Publíquese la parte dispositiva de esta sentencia en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
3.º Dar traslado a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Justicia y Administración Pública a efectos de que realicen los trámites y actuaciones pertinentes a dicha finalidad.
Sevilla, 11 de julio de 2002.- La Consejera, P.D. (Orden
10.11.2000), El Secretario General para la Administración Pública, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.
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