Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 62 de 01/04/2003

El Decreto 176/2002, de 18 de junio, constituyó y reguló el Instituto de Medicina Legal de Córdoba, recogiéndose en la Disposición Transitoria primera 3, la obligación de convocar concurso, mediante convocatoria pública, entre los médicos forenses de la provincia para cubrir los puestos de médico forense del citado Instituto, incluidos los de Jefe de Servicio.

El mencionado concurso se convocó por Resolución de 6 de septiembre de 2002, de esta Secretaria General Técnica. Ultimados los trabajos de la Comisión de Valoración, se elevó por Asta la propuesta de nombramiento, por cada puesto de trabajo, al titular de la Secretaria General Técnica para que, a la vista de la misma, adoptase la Resolución que procediese conforme a la Base Octava 3 de la mencionada Resolución.

Con fecha 25 de febrero de 2003 se dictó Resolución por la Secretaria General Técnica por la que se adjudicaban los destinos en los puestos convocados. Habiendo quedado puestos de trabajo sin adjudicar en el referido concurso de méritos y conforme a la Base Novena.3 de la Resolución de

6 de septiembre de 2002 en relación con lo dispuesto en la disposición transitoria primera del Decreto 176/2002, de

18 de junio, vengo a nombrar al funcionario que ha participado en el presente concurso y no ha obtenido destino en el puesto de trabajo de médico forense que ha quedado vacante en la Sede Central de Córdoba.

En la Resolución de 6 de septiembre de 2002, en su Base Segunda.1 estableció que los médicos forenses, provenientes del Cuerpo de Médicos de Registro Civil que se encontraban ocupando plazas dentro de la oficina de Registro Civil, seguirán ocupando las mismas y quedarían integrados en el Instituto de Medicina Legal en los puestos que figuran en los mismos sin necesidad de participar en el concurso.

Esta Secretaría General Técnica, en virtud de las competencias establecidas en el artículo 7.2.p) del Texto integrado del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública, publicada por Orden de 27 de mayo de

2002.

R E S U E L V E

Primero. Nombrar al funcionario médico forense, don Manuel Obispo Muñoz, con DNI núm. 30.432.353 en el puesto de trabajo de médico forense vacante en la Sede Central de Córdoba.

Nombrar a doña Clara Losada Velásquez, con DNI núm..703.883 y a don Miguel Mingorance Sánchez, con DNI núm. 22.347.339, en los dos puestos de trabajo de médico de Registro Civil del Instituto de Medicina Legal de Córdoba.

Segundo. Los funcionarios interinos que ocupen puestos de trabajo en las Agrupaciones de Forensías de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de la provincia de Córdoba, cesarán en la fecha que señale la Resolución de la Viceconsejería de Justicia y Administración Pública, procediéndose a sus nombramientos como funcionarios interinos en los puestos que han quedado vacantes en el Area Comarcal Sur.

Tercero. En la fecha que se determine mediante Resolución de la Viceconsejería de Justicia y Administración Pública quedarán sin efecto las autorizaciones concedidas a los médicos forenses en régimen de dedicación normal para el desempeño de otro puesto en el sector público, al amparo de lo establecido en la disposición transitoria tercera del Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Médicos Forenses. Debiendo optar por uno de ellos en el momento de la toma de posesión del puesto adjudicado en la presente Resolución. A falta de opción se estará a las previsiones contenidas en la Ley

53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del

personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Aquéllos funcionarios que en la actualidad tengan reconocida la compatibilidad con actividad privada deberán solicitar un nuevo reconocimiento con carácter previo a la toma de posesión en el nuevo puesto.

Cuarto. A efectos de plazo de toma de posesión y cese se estará a lo dispuesto en el artículo 28 del Real Decreto

296/1996, de 23 de febrero, con efectividad a partir de la fecha que se indique por Resolución de la Viceconsejería de Justicia y Administración Pública.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía

administrativa podrá interponerse recurso contencioso-

administrativo, ante los Juzgados de lo contencioso-

administrativo competentes, en el plazo de dos meses contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, conforme a lo dispuesto en los artículos 116 y

117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

Sevilla, 25 de febrero de 2003.- El Secretario General

Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

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