Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 49 de 11/03/2004

3. Otras disposiciones

Consejería de Medio Ambiente

RESOLUCION de 17 de febrero de 2004, de la Secretaria General Técnica, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria Cañada Real de Morón, tramo 2.º, desde el mojón trifinio de Mairena del Alcor, Carmona y Alcalá de Guadaira, hasta el cordel de Utrera a Carmona, en los términos municipales de Alcalá de Guadaira y Carmona, provincia de Sevilla. (VP 052/01).

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Examinado el Expediente de Deslinde de la Vía Pecuaria "Cañada Real de Morón", en su tramo segundo, que va por la mojonera de Alcalá de Guadaira y Carmona, desde el mojón trifinio de Mairena del Alcor, Carmona y Alcalá de Guadaira, hasta el Cordel de Utrera a Carmona, en los términos municipales de Alcalá de Guadaira y Carmona, en la provincia de Sevilla, instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, se ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de Alcalá de Guadaira fueron clasificadas por Orden Ministerial de 28 de enero de 1947, y las vías pecuarias del término municipal de Carmona por Orden Ministerial de 2 de mayo de 1935.

Segundo. Mediante Resolución de 9 de mayo de 2001, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, se acordó el Inicio del Deslinde de la vía pecuaria antes referida, en los términos municipales de Alcalá de Guadaira y Carmona, en la provincia de Sevilla.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se realizaron 4 de julio de 2001, notificándose dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, y publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 130, de fecha 7 de junio de 2001.

En el acto de deslinde don Antonio Alcalá Fernández manifiesta su desacuerdo con el deslinde, afirmando que presentará alegaciones en su momento. Por su parte, don Paulino Isorna Martínez se adhiere a las manifestaciones anteriores.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se realiza de conformidad con los trámites preceptivos, e incluyéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previamente anunciada en el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Quinto. A la Proposición de Deslinde se han presentado alegaciones por parte de los siguientes interesados:

- Don Miguel Afán de Ribera Ibarra, como Secretario General Técnico de ASAJA-Sevilla, don Antonio Sánchez Navarro, don Antonio, don Domingo y doña Manuela García Sosa, don Juan Andrés Guillén, doña Rosario Sánchez Navarro, don José Mellado Sánchez, don Antonio Mellado Gutiérrez, en nombre propio y en el de los herederos de don Antonio Mellado Sánchez, doña Rosario Mellado Sánchez, doña Dolores Mellado Sánchez, don Manuel Antúnez Vela, don Antonio Benítez Moreno, en nombre propio y en el de Hnos. Benítez Moreno, don José Luis Pablo Romero Gil Delgado, en nombre propio y en el de don José Manuel de la Cámara, S.A., don Rafael Ybarra Gamero Cívico, don Heraclio y don Agustín Jiménez Jiménez Vallejo, presentan un único escrito de alegaciones.

- Don José y don Francisco González Navarro.

- Doña Dolores Guillén Ruíz.

- Don Agustín Alcalá López-Barajas.

- Don Paulino Isorna Martínez.

- RENFE. Delegación de Patrimonio de Andalucía y Extremadura.

Sexto. Las alegaciones presentadas por ASAJA-Sevilla y demás interesados ya citados en primer lugar pueden resumirse como sigue:

- Falta de Motivación. Arbitrariedad. Nulidad.

- Existencia de numerosas irregularidades desde un punto de vista técnico

- Efectos y alcance del deslinde.

- Prescripción posesoria de los terrenos pecuarios, con reclamación del posible amparo legal que pudiera otorgarle la inscripción registral.

- Nulidad del procedimiento de deslinde al constituir una vía de hecho.

- Nulidad de la clasificación origen del presente

procedimiento con fundamento en el art. 102 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común.

- Falta de desarrollo reglamentario del art. 8 de la Ley de Vías Pecuarias como competencia estatal.

- Indefensión y perjuicio económico y social.

Por su parte, don José y don Francisco González Navarro muestran su disconformidad con la anchura de la Cañada, y con el trazado de la misma.

Doña Dolores Guillén Ruíz alega cambio de domicilio, y aporta copia de escrituras de propiedad.

Don Agustín Alcalá López-Barajas y don Paulino Isorna Martínez manifiestan su desacuerdo con la anchura deslindada, y falta de precisión del acto de deslinde, considerando una intrusión en sus fincas menor que la establecida en el deslinde,

aportando fotogramas del vuelo americano del año 1956.

Por último, el representante de RENFE sostiene la aplicación de las disposiciones de la Ley 16/98, de 30 de julio, de Ordenación del Transporte Terrestre, y el Reglamento que lo desarrolla, aprobado por RD 121/90, de 28 de septiembre. Las alegaciones formuladas por los antes citados, serán objeto de valoración en los Fundamentos de Derecho de la presente Resolución.

Séptimo. Mediante Resolución de fecha 8 de noviembre de 2002 de la Secretaría General Técnica, se acuerda la ampliación del plazo establecido para instruir y resolver el presente

procedimiento de deslinde durante nueve meses más.

Octavo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió el preceptivo Informe con fecha 10 de diciembre de 2003.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los

siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la

resolución del presente deslinde, en virtud de lo preceptuado en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto 179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplicación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías

Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley

4/1999, de 13 de enero, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación aplicable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada "Cañada Real de Morón", en los términos municipales de Alcalá de Guadaira y Carmona, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 28 de enero de 1947 en el término de Alcalá de Guadaira, y por Orden Ministerial de 2 de mayo de 1935 en Carmona, debiendo, por tanto, el deslinde, como acto administrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajustarse a lo establecido en el acto de clasificación.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones formuladas en la fase de exposición pública por ASAJA-Sevilla y otros, ya expuestas, hay que decir:

En primer término, respecto a la alegación relativa a la falta de motivación, nulidad y arbitrariedad, así como la referente a la nulidad del procedimiento de deslinde al constituir una vía de hecho, sostener que el procedimiento de deslinde tiene su fundamento en el acto de clasificación de la vía pecuaria, en el que se determina la existencia, anchura, trazado y demás características físicas generales de la vía pecuaria.

Por otra parte, la Resolución de aprobación del deslinde deriva de un expediente en el que consta una Proposición de Deslinde realizada conforme a los trámites legalmente

establecidos, sometida a información pública, y en la que se incluyen todos los datos necesarios para el conocimiento del recorrido, características y lindes de la Vía Pecuaria, por lo que en modo alguno puede hablarse de existencia de indefensión en el presente procedimiento.

En segundo lugar, se hace referencia a una serie de

irregularidades detectadas desde un punto de vista técnico, si bien las mismas no se refieren al concreto Procedimiento de Deslinde que nos ocupa, sino al Procedimiento de Clasificación de una vía pecuaria. Así, se hace referencia a

"clasificadores" y a la "clasificación", se establece que no se ha señalizado en el campo el eje de la vía pecuaria, cuando en el Acto de Apeo de un Procedimiento de Deslinde se realiza un estaquillado de todos y cada uno de los puntos que

conforman las líneas bases de la víapecuaria; se establece que se han tomado los datos desde un vehículo en circulación o que no se ha tenido en cuenta la dimensión Z o la cota de la supuesta vía pecuaria, para acto seguido manifestar que "el deslinde se hace con mediciones a cinta métrica por la

superficie de suelo, por tanto se tiene en cuenta la Z".

El único proceso donde se ha tenido en cuenta dicha técnica del GPS, ha sido en la obtención de los puntos de apoyo necesarios para la orientación exterior del vuelo

fotogramétrico realizado para cubrir la vía pecuaria; siendo esta técnica la empleada para la generación de la cartografía determinante para el deslinde de la vía pecuaria. Por tanto la técnica del GPS no ha sido empleada para la obtención o replanteo de los puntos que definen la vía pecuaria.

La información que se tiene para la definición del eje de la vía pecuaria se obtiene aplicando la metodología de trabajo que a continuación se describe, apoyados en la cartografía a escala 1/2000 obtenida a partir del vuelo fotogramétrico: En primer lugar, se realiza una investigación de la

documentación cartográfica, histórica y administrativa

existente, al objeto de recabar todos los posibles

antecedentes que puedan facilitar la identificación de las líneas bases que la definen (expediente de clasificación del término municipal, bosquejo planimétrico, planos catastrales - históricos y actuales-, imágenes del vuelo americano del año

56, datos topográficos actuales de la zona objeto de deslinde, así como otros documentos depositados en diferentes archivos y fondos documentales).

Seguidamente, se procede al análisis de la documentación recopilada y superposición de diferentes cartografías e imágenes, obteniéndose las primeras conclusiones del estudio que se plasman en documento planimétrico a escala 1:2000 u otras, según detalle, realizada expresamente para el deslinde. A continuación, y acompañados por los prácticos del lugar (agentes de medio ambiente, etc.) se realiza un minucioso reconocimiento del terreno al objeto de validar o corregir las conclusiones del estudio, pasando a confeccionar seguidamente el plano de deslinde, en el que aparecen perfectamente

definidos los límites de la vía pecuaria (aristas o eje en su caso). Finalmente, se realiza el acto formal de apeo en el que se estaquillan todos y cada uno de los puntos que conforman las líneas bases recogidas en el meritado plano, levantando acta de las actuaciones practicadas así como de las posibles alegaciones al respecto.

Por lo tanto, podemos concluir que el eje de la vía pecuaria no se determina de modo aleatorio y caprichoso.

Por otra parte, respecto a la apreciación que exponen los alegantes, relativa a que "el Plan de Ordenación y

Recuperación de las Vías Pecuarias andaluzas dice claramente que deben incluirse los datos de altitud en la toma de datos", manifestar que dicho Plan no establece ni prescribe las previsiones técnicas que se han de reflejar en los expedientes de clasificación y deslinde de vías pecuarias, sino que únicamente constituye un instrumento de planificación, cuyo objeto es determinar la Red Andaluza de Vías Pecuarias, así como establecer las actuaciones necesarias para su

recuperación y puesta en uso, determinando unos niveles de prioridad.

En otro orden de cosas, los efectos y el alcance del deslinde aparecen determinados en el art. 8 de la Ley de Vías

Pecuarias, a cuyo tenor: "3. El deslinde aprobado declara la posesión y la titularidad demanial a favor de la Comunidad Autónoma, dando lugar al amojonamiento, y sin que las

inscripciones del Registro de la Propiedad puedan prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes deslindados. 4. La Resolución de aprobación del deslinde será título

suficiente para rectificar, en forma y condiciones que se determinen reglamentariamente, las situaciones jurídicas registrales contradictorias con el deslinde. Dicha resolución será título suficiente para que la Comunidad Autónoma proceda a la inmatriculación de los bienes de dominio público cuando lo estime conveniente. En todo caso, quienes se consideren afectados por la resolución aprobatoria del deslinde, podrán ejercitar las acciones que estimen pertinentes en defensa de sus derechos y solicitar la anotación preventiva de la

correspondiente reclamación judicial."

Sostienen, por otra parte, los alegantes, la prescripción posesoria de los terrenos pecuarios, con reclamación del posible amparo legal que pudiera otorgarle la inscripción registral. A este respecto, manifestar:

En cuanto a la adquisición del terreno mediante Escritura Pública, inscrita además en el Registro de la Propiedad, hemos de mantener que la protección del Registro no alcanza a los datos de mero hecho de los bienes de dominio público, y el hecho de señalar que limita con una vía pecuaria ni prejuzga ni condiciona la extensión ni la anchura de ésta.

En este sentido se pronuncia la Jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo y la Dirección General de Registros y del Notariado en cuanto declaran que la fe pública registral no comprende los datos físicos ya que, según la Ley Hipotecaria, los asientos del Registro no garantizan que el inmueble tenga la cabida que consta en las respectivas ins-cripciones.

El Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía completa su argumentación enmarcándola en una consideración genérica sobre la posibilidad abstracta del Registro de incidir en el dominio público.

Parten de la afirmación doctrinal de que el Registro le es indiferente al dominio público, citando concretamente a Beraud y Lezon, en cuanto entienden que los bienes de dominio público carecen de potencialidad jurídica para ser salvaguardados por la inscripción, ya que su adscripción a fines de carácter público los sitúa fuera del comercio de los hombres,

haciéndoles inalienables e imprescriptibles, llevando en su destino la propia garantía de inatacabilidad o inmunidad, de manera que en ellos la inscripción es superflua.

En lo que se refiere a la prescripción adquisitiva, aducida de contrario, por el transcurso de los plazos legales, ha de indicarse que, sin duda, corresponde a un estado de cosas anterior en el tiempo a la promulgación de la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias.

Además, ya la Ley de Vías Pecuarias de 27 de junio de 1974 intentaba conciliar la voluntad de demanializar con el respeto de los derechos adquiridos.

De todo ello se deduce claramente que con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de 1974, ni pueden entenderse iniciables cómputos del plazo de prescripción, ni podrían completarse plazos de prescripción iniciados con anterioridad.

Por otra parte, con referencia a la pretendida nulidad del procedimiento de clasificación, al amparo de lo establecido en el art. 62.1 de la LRJAP y PAC, al considerarse vulnerado el derecho a la defensa establecido en el art. 24 de la

Constitución Española, al no haber sido notificado de forma personal del resultado del expediente de clasificación de las vías pecuarias del término municipal, se ha de manifestar que no es procedente la apertura del procedimiento de revisión de oficio de dicho acto por cuanto que no concurren los

requisitos materiales exigidos.

Concretamente, los procedimientos de referencia no incurren en la causa de nulidad alegada, por cuanto que el Reglamento de Vías Pecuarias aprobado por el Decreto 23 de diciembre de

1944, entonces vigente, no exigía tal notificación,

estableciéndose en su art. 12:

"La Dirección General de Ganadería, previos los oportunos informes sobre las reclamaciones y propuestas presentadas, elevará el expediente a la resolución ministerial.

La Orden Ministerial aprobatoria se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Provincia a la que afecte la clasificación".

Por otra parte, respecto a la alegación articulada relativa a la falta de desarrollo reglamentario del art. 8 de la Ley antes citada, así como a la competencia estatal de dicho desarrollo, sostener que dicho artículo resulta de aplicación directa, al establecer con claridad que las inscripciones del Registro de la Propiedad no pueden prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes deslindados.

Asimismo, tampoco puede prosperar la alegación relativa a la posible inconstitucionalidad de dicho precepto, al no

constituir una norma de carácter expropiatorio, dado que no hay privación de bienes a particulares, sino determinación de deslindar el dominio público.

Respecto a la indefensión alegada, considerando que no han tenido acceso a una serie de documentos que relacionan, informar que se ha consultado numeroso Fondo Documental para la realización de los trabajos técnicos del deslinde y, como interesados en el expediente, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 35 y 37 de la LRJAP y PAC, han tenido

derecho, durante la tramitación del procedimiento, a conocer el estado de tramitación del mismo, y a obtener copia de toda la documentación obrante en el expediente, además del acceso a los registros y a los documentos que forman parte del mismo.

Por otra parte, sostienen los alegantes el perjuicio económico y social que supondría el deslinde para los numerosos

titulares de las explotaciones agrícolas afectadas, así como para los trabajadores de las mismas. A este respecto,

manifestar que el deslinde no es más que la determinación de los límites de la vía pecuaria en beneficio de todos. No obstante, las consecuencias del mismo en cada caso podrían ser susceptibles de estudio en un momento posterior.

En cuanto a la disconformidad con la anchura alegada por don Francisco y don José González Navarro, don Agustín Alcalá López-Barajas y don Paulino Isorna Martínez, mostrando además su desacuerdo con el trazado de la vía pecuaria, considerando además los dos últimos alegantes que la superficie de

intrusión de sus fincas es menor que la que aparece en el expediente, aclarar que el deslinde, como acto definidor de los límites de la vía pecuaria, se ha ajustado a lo

establecido en el acto de clasificación, estando justificado técnicamente en el expediente. Más concretamente, y conforme a la normativa aplicable, en dicho expediente se incluyen: Informe, con determinación de longitud, anchura y superficie deslindadas; superficie intrusada, y número de intrusiones; plano de intrusión de la Cañada, de situación del tramo, Croquis de la Vía Pecuaria, y Plano de Deslinde.

Respecto a la disconformidad con la anchura de la Cañada, aclarar que el artículo 7 de la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias, determina la clasificación como el acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual se determina la existencia, anchura, trazado y demás características físicas generales de cada vía pecuaria. Anchura que, en este caso, responde al acto administrativo de clasificación recogido en las Ordenes Ministeriales ya referidas. Dicho acto

administrativo es un acto firme y consentido, no cuestionable en el presente procedimiento-STSJ de Andalucía, de 24 de mayo de 1999.

En cuanto a la titularidad registral alegada por doña Dolores Guillén Ruíz, nos remitimos a lo ya expuesto.

Por último, en relación con las alegaciones formuladas por el representante de RENFE, se ha de manifestar que el objeto del presente procedimiento de deslinde es la determinación de los límites de la vía pecuaria de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de clasificación; por tanto, será en un momento posterior al deslinde, a la hora de planificar las actuaciones a acometer en dichos terrenos, cuando se ha de tener en cuenta lo dispuesto en la normativa sectorial.

Considerando que el presente deslinde se ha realizado conforme a la clasificación aprobada, que se ha seguido el

procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común, con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, con fecha 27 de marzo de 2003, así como el Informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada "Cañada Real de Morón", tramo segundo, que va por la mojonera de Alcalá de Guadaira y Carmona, desde el mojón trifinio de Mairena del Alcor, Carmona y Alcalá de Guadaira, hasta el Cordel de Utrera a Carmona, en los términos municipales de Alcalá de Guadaira y Carmona, provincia de Sevilla, a tenor de los datos y la descripción que siguen, y en función a las coordenadas que se anexan a la presente Resolución.

- Longitud deslindada: 4.803,72 metros.

- Anchura: 75,22 metros.

- Superficie deslindada: 361.265,15 m2.

Descripción:

"Finca rústica, en los términos municipales de Alcalá de Guadaira y Carmona, provincia de Sevilla, de forma alargada, con una anchura legal de 75,22 m y una longitud deslindada de

4.803,72 m, la superficie deslindada es de 361.265,15 m2, que en adelante se conocerá como "Cañada Real de Morón", tramo II, desde el mojón trifinio de Mairena del Alcor, Carmona y Alcalá de Guadaira, hasta el Cordel de Utrera a Carmona, en los términos municipales de Alcalá de Guadaira y Carmona

(Sevilla), y tiene orientación noroeste:

- Al Noroeste: con el término municipal de Mairena del Alcor y Carmona, con terrenos de don José y doña Rosario Mellado Sánchez, don Domingo Sánchez García, doña Rosario López Guillén, don Agustín Guillén Sánchez, doña Rosario Sánchez Navarro, don Antonio Sánchez Navarro, don Juan y don José Sosa Navarro, don Antonio y don Manuel Atúnez Vela, con un brazo del río Guadaira, don Domingo, don Antonio y doña Manuela García Sosa, otro brazo del Guadaira, don Agustín Jiménez Vallejo, doña Manuela García Sosa, don Agustín Alcalá López Barajas, otro brazo del Guadaira, don Paulino José Isorna Martínez y don Antonio Benítez Moreno.

- Al Sur: con el término municipal de Alcalá de Guadaira, con Agroaceitunera, S.A., con terrenos de don José y don Francisco González Navarro, don Manuel Crespo Alba, don Rafael Ybarra Gamero-Cívico y don José Manuel de la Cámara, S.A.

- Al Este: con el entronque con el cordel de Utrera y más vía pecuaria

- Al Oeste: con más vía pecuaria."

Contra la presente Resolución, que no agota la vía

administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante la Consejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la Ley 4/1999, de Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes desde la notificación de la presente, así como

cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la normativa aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 17 de febrero de 2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

ANEXO A LA RESOLUCION FECHA 17 DE FEBRERO DE 2004, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA "CAÑADA REAL DE MORON", TRAMO 2.º, DESDE EL MOJON TRIFINIO DE MAIRENA DEL ALCOR, CARMONA Y ALCALA DE GUADAIRA, HASTA EL CORDEL DE UTRERA A CARMONA, EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DE ALCALA DE GUADAIRA Y CARMONA, PROVINCIA

DE SEVILLA

RELACION DE COORDENADAS UTM DEL PROYECTO DE DESLINDE DE LA VIA PECUARIA

(Referidas al Huso 30)

CAÑADA REAL DE MORON (Tramo II)

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