Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 115 de 15/06/2005

La Organizaciones Sindicales CSI-CSIF, Comisiones Obreras (CC.OO.), Sindicato Profesional de la Administración de Justicia de la Unión Sindical Obrera (SPJ-USO), la Unión General de Trabajadores (UGT) y STAJ han convocado un paro parcial que afectará a todas las actividades funcionariales desempeñadas por los funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia, y que tendrá lugar desde las 10,00 horas hasta las 13,00 horas de los días 16, 17, 20, 21, 22,

23, 24, 27, 28, 29 y 30 de junio de 2005.

La Constitución en su artículo 28.2 reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, resultando incuestionable que también los funcionarios públicos están legitimados para ejercer aquel derecho fundamental.

Pero el mencionado artículo 28 de la Constitución es muy claro en el sentido de que la Ley ha de establecer las garantías precisas para asegurar en caso de paro, el mantenimiento de los servicios esenciales de la Comunidad, los cuales, como ha señalado el Tribunal Constitucional, son prioritarios respecto del derecho de huelga, hacen referencia y conectan con los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes constitucionalmente protegidos y en su establecimiento debe existir y primar una "razonable proporción" entre los sacrificios que se impongan a los huelguistas y los que padezcan los usuarios de aquellos (TC 43/1190 por todas).

En atención a los criterios anteriores, esta Consejería ha considerado como servicios esenciales a prestar con carácter de mínimos durante los días de paro parcial 16, 17, 20, 21,

22, 23, 24, 27, 28, 29 y 30 de junio de 2005, los servicios mínimos que se mencionan en el Anexo I, por cuanto entendemos que la franja horaria donde se produce el paro de 10 a 13 horas supone el mayor movimiento en las actuaciones judiciales, al ser la jornada rígida para los trabajadores de justicia a partir de las 9,00 horas y hasta las 14,30 horas, produciéndose una pausa de 30 minutos a computar como de trabajo efectivo para el desayuno, y es dentro de esta franja horaria donde son fijadas por los Juzgados y Tribunales todas las comparecencias y vistas; al igual que los servicios de atención al público y a los profesionales en todo tipo de procedimiento judicial, así como las actuaciones que se producen ante los Registros Civiles que en la mayoría de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción coincide el horario de atención con la jornada de paro y en los Registros Civiles de Málaga y Sevilla coincide con tres de las cuatro horas posibles. Esta misma coincidencia se produce en los registros de entrada de documentos.

Con todo ello, el daño que se produce en el funcionamiento de la Administración de Justicia es desproporcionado, al tener que dejar sin efecto todo tipo de comparecencias y actuaciones ante los distintos órdenes jurisdiccionales si no son adoptadas las medidas necesarias en orden al establecimiento de unos servicios mínimos que consideramos deben ser proporcionados al sacrificio que se les va a imponer a los huelguistas y los que padecen los usuarios del servicio público. Con lo anterior, no se alcanza el nivel de rendimiento habitual, ni se asegura el funcionamiento normal o regular del servicio, pero al menos la Administración intenta causar el mínimo sacrificio de los intereses de los destinatarios de los servicios esenciales. El derecho de la Comunidad a estas prestaciones es prioritario respecto del derecho de huelga. (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Málaga, número 542/2003, de 19 de marzo, TC 72/82, de 2 de diciembre, 41/84, de 21 de marzo, ST del TS de 14 de febrero, RJ 1990/1088).

En consecuencia, hay que tener en cuenta que la huelga

convocada se extiende a todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, estando llamada a la misma todo el colectivo de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia de todos los órdenes jurisdiccionales que llevan a cabo la ordenación de los procedimientos judiciales, como la preparación de los actos puramente jurisdiccionales. Estos servicios solamente pueden ser realizados por el personal al servicio de la Administración de Justicia, dado el carácter único y de servicio público de la Administración de Justicia, conforme al artículo 117.3 de la Constitución Española.

Por otra parte, la duración del procedimiento del conflicto en el cual han sido convocados una hora de paro el día 10 de marzo; la huelga del día 16 de marzo; dos días de huelga 26 y

27 de abril; de 3 horas de paro de 10 a 13 horas, en los días

30 y 31 de mayo, 1, 2 y 3 de junio, unido a esta última convocatoria de paro, los días 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27,

28, 29 y 30 de junio; podrían suponer una total paralización del servicio de justicia que afecta al derecho de los

ciudadanos a la presentación de documentos en los órganos judiciales y en el resto de los servicios de la Administración de Justicia, ya que de otro modo se podría infringir un perjuicio irreparable para los derechos e intereses de los ciudadanos, bien por hacer imposible con carácter irreversible su protección jurisdiccional, bien por generar una situación contraria al principio de seguridad jurídica en las

actuaciones de los ciudadanos ante los Tribunales, y además porque en ambos casos se produciría la lesión del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado por el artículo 24 de la Constitución Española.

Dicho servicio se llevará a cabo por el personal funcionario que se establece en el Anexo II a la presente.

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Constitución Española; Real Decreto-Ley

17/1977, de 4 de marzo; Sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de abril de 1981 y de 15 de marzo de 1999, en uso de las facultades que me confiere el artículo 1.b) de la Orden de 17 de septiembre de 2004, por la que se delegan competencias en diversas materias en distintos órganos de la Consejería,

R E S U E L V O

1. Establecer como servicios esenciales para la Comunidad a prestar con carácter de mínimos en la jornada de paro parcial fijada para los días 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 y

30 de junio de 2005, que figuran en el Anexo I de la presente Resolución, y que serán prestados por el personal funcionario que se fija en el Anexo II.

2. La presente Resolución entrará en vigor el mismo día del paro.

Sevilla, 9 de junio de 2005.- El Viceconsejero, Carlos Toscano Sánchez.

ANEXO I

Se consideran servicios esenciales los siguientes:

- Todas las Actuaciones de Registro Civil.

- Registro de documentos.

- Las actuaciones de comparencias y vistas ante Juzgados y Tribunales.

- Todas aquellas actuaciones en las que venza un plazo

preestablecido en la Ley, cuyo incumplimiento puede suponer pérdida o perjuicio de derechos.

- Medidas cautelares o provisionales.

- Servicios de Juzgados de Guardia.

ANEXO II

Dos funcionarios, uno del Cuerpo de Gestión y otro del Cuerpo de Tramitación, para la realización de las funciones de registro de documentos en todos los órdenes jurisdiccionales donde esté previsto este servicio.

En los Registros Civiles de Málaga y Sevilla, tres

funcionarios del Cuerpo de Gestión, tres del Cuerpo de

Tramitación y uno del Cuerpo de Auxilio Judicial. En el resto de los órganos judiciales que tengan asignado el Registro Civil, además de las funciones jurisdiccionales: un

funcionario del Cuerpo de Gestión, dos del Cuerpo de

Tramitación y uno del Cuerpo de Auxilio Judicial.

En los Institutos de Medicina Legal, dos Médicos Forenses en cada localidad y un funcionario.

En todos los órganos judiciales un funcionario del Cuerpo de Gestión, uno de Tramitación y uno de Auxilio Judicial, salvo aquellos que tengan las funciones de Registro Civil.

En los juzgados de Paz, un funcionario.

Por último, un funcionario de cada unos de los Cuerpos para los servicios de guardia que lo estén en las horas del paro.

De los Servicios anteriormente señalados se dará cuenta a los distintos órganos judiciales a fin de que quede garantizado, por un lado, el ejercicio constitucional que tienen los funcionarios públicos de ejercer el derecho de huelga y por otro la obligación que tiene la Administración por el

ordenamiento jurídico a establecer las garantías necesarias que hagan posible el funcionamiento de los servicios

esenciales de la Comunidad.

ANEXO III

Los funcionarios que realizarán los servicios mínimos serán designados por la Delegación Provincial, salvo que en el órgano judicial estuviera atendido el servicio, debiendo cursar dicha variación a la Delegación Provincial.

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