Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 58 de 23/03/2005

Vista la petición formulada por doña María Dolores Alodía Roldán López de Hierro, por la que solicita dejar sin efecto el nombramiento en régimen de acumulación, como Interventora del Ayuntamiento de Huétor Vega (Granada), efectuado mediante Resolución de 10 de enero de 2005, de la Dirección General de la Función Pública, a instancia de la propia interesada, de conformidad con lo establecido en los artículos 31 y 37 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio y en el Decreto

467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el artículo 12.1.e) del Decreto

200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Dejar sin efecto la acumulación de funciones del puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de Huétor Vega (Granada), autorizada mediante Resolución de la Dirección General de la Función Pública de 10 de enero de 2005, a favor de doña María Dolores Alodía Roldán López de Hierro, DNI

44.266.932, Interventora con carácter provisional del Ayuntamiento de Peligros (Granada).

Segundo. Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este órgano en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente recurso contencioso- administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales de este Orden en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 9 de marzo de 2005.- El Director General, José Taboada Castiñeiras.

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