Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más
Vista la Resolución de 15 de abril de 2005, de la Dirección General de Función Pública, por la que se nombra a don José Alberto Alcántara Leonés, funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención, titular de la plaza de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Conquista (Córdoba), Interventor del Ayuntamiento de Montoro (Córdoba), con carácter provisional, vista la Orden del Ministerio de Administraciones Públicas de 31 de enero de 2006 (BOE núm. 41, de 17 de febrero) por la que se nombran funcionarios de Administración Local con hablitación de carácter nacional, subescala Intervención-Tesorería, categoría de entrada y la petición formulada por don José Alberto Alcántara Leonés, con fecha 23 de febrero de 2006, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.4 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el artículo 12.1..e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública, modificado por el Decreto 132/2005, de 24 de mayo.
Esta Dirección General ha resuelto:
Primero. Nombrar a don José Alberto Alcántara Leonés, con DNI 30517639, como Interventor, con carácter provisional, del Ayuntamiento de Montoro (Córdoba).
Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este órgano en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales de este orden en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 24 de febrero de 2006.- El Director General, José Taboada Castiñeiras.
Descargar PDF