Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 202 de 15/10/2007

El Reglamento (CE) núm. 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común, introduce la obligación de los agricultores y ganaderos que reciben pagos directos, de cumplir con los requisitos legales de gestión citados en su Anexo III, y con las buenas condiciones agrarias y medio ambientales enunciadas en su Anexo IV, obligando a los Estados miembros a definir los requisitos mínimos de las buenas condiciones agrarias y medioambientales.

El Reglamento (CE) núm. 796/2004, de 21 abril de la Comisión por el que se establece disposiciones para la aplicación de la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control previstos en Reglamento (CE) núm. 1782/2003, de 29 de septiembre de 2003, que establece disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores, establece que serán los Estados miembros los que deberán establecer los sistemas concretos para controlar su cumplimiento.

El incumplimiento de estas condiciones y requisitos supondrá para el beneficiario de los pagos directos una disminución, e incluso exclusión, de éstos. El sistema de reducciones y exclusiones de las ayudas directas a través de la condicionalidad tiene como objetivo constituir un incentivo para que los agricultores respeten la normativa existente en sus diferentes ámbitos, contribuyendo de este modo a que el sector agrario cumpla con los principios del desarrollo sostenible.

El 23 de diciembre de 2004, se dicta el Real Decreto 2352/2004, que tiene por objeto establecer las buenas condiciones agrarias y medioambientales que deberá cumplir el agricultor con arreglo a la condicionalidad de las ayudas directas de la política agrícola común, de conformidad con el Reglamento (CE) núm. 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común, y, asimismo, establecer un sistema para la aplicación de los controles y las reducciones en los pagos, o su exclusión, de conformidad con el Reglamento (CE) núm. 796/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones para la aplicación de la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control previstos en el Reglamento (CE) núm. 1782/2003 del Consejo, con un mínimo nivel de exigencia para todo el territorio nacional, pero con la suficiente flexibilidad para permitir su adaptación a las condiciones y características de las distintas Comunidades Autónomas, designándose en su artículo 6 al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) como la autoridad nacional encargada del sistema de coordinación de los controles de la condicionalidad, en el sentido del artículo 23.3 del Reglamento (CE) núm. 1782/2003 y a los organismos pagadores de las comunidades autónomas como las autoridades para el cálculo de la ayuda, las reducciones y exclusiones y el pago de las ayudas.

De otro lado el FEGA en su calidad de Organismo de Coordinación de los controles de condicionalidad, establece una serie de criterios para la aplicación de las reducciones y exclusiones previstas en los artículos 66 y 67 del Reglamento (CE) núm. 796/2004, a través de la circular 22/2007, de fecha 24 de julio de 2007.

La Consejería de Agricultura y Pesca, mediante su Orden de 5 de junio de 2007, la cual desarrolla los requisitos de aplicación de la condicionalidad en relación con las ayudas directas en el marco de la Política Agrícola Común, en su artícu-
lo 7 establece que es la Dirección General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, la competente en cuestiones de gestión y aplicación de las sanciones y/o exclusiones por incumplimiento de los requisitos de la condicionalidad en Andalucía.

El Decreto 38/2007, de 13 de febrero, por el que se regula el Organismo Pagador de los fondos europeos agrícolas atribuye a la Dirección General del FAGA, la competencia para el cálculo y pago de las ayudas, así como determinar el nivel de reducción del importe total de gastos en función del informe de control y de acuerdo con los criterios establecidos por el FEGA.

Los informes de control emitidos por el organismo especializado de control que en la Comunidad Autónoma Andaluza es la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera deben evaluar, en su caso, número de incumplimientos y/o alcance, persistencia, repetición y gravedad, así como, si se deben a negligencia o intencionalidad del productor.

El Organismo Pagador de la Junta de Andalucía debe aplicar los porcentajes de reducción en función de la evaluación presentada por el organismo especializado de control competente en el informe de control correspondiente.

Dichos porcentajes serán de aplicación a todos los agricultores que reciban pagos directos en virtud de alguno de los regímenes de ayuda enumerados en el Anexo I del Reglamento (CE) 1782/2003, así como a los beneficiarios que presenten solicitudes de pago en virtud del artículo 36, letra a), incisos i) a v), y letra b), incisos I), IV), y V) del Reglamento (CE) núm. 1698/2005.

Por todo ello resulta procedente establecer criterios objetivos que permitan la fijación de los porcentajes de reducción en función de la evaluación realizada, de manera que permita, en aras de economía procedimental, notificar a los productores conjuntamente al informe de control el porcentaje de reducción que corresponde por los incumplimientos detectados.

En virtud de lo expuesto, y en uso de las atribuciones que confiere la legislación vigente y en particular el Decreto 38/2007, de 13 de febrero, la Disposición Final Primera de la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de 23 de junio de 2003, los artículos 59.6.a) y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás normativa aplicable,

HE RESUELTO

Primero. Aprobar los criterios de aplicación de las reducciones por incumplimientos de los requisitos y normas en materia de condicionalidad en relación con las ayudas directas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía según el cuadro que se adjunta en Anexo 1 de la presente Resolución.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para su general conocimiento.

Sevilla, 7 de septiembre de 2007.- El Director General, Félix Martínez Aljama.

ANEXO I

Evaluación de los incumplimientos

1. Evaluación de los incumplimientos.

1.1. Ámbito de medio ambiente.

Gravedad.

Se valorará la gravedad de los incumplimientos según los siguientes niveles:

GRAVEDAD	VALOR
A: LEVE	10
B: GRAVE	20
C: MUY GRAVE	50

Alcance.

Dependiendo de si las consecuencias del incumplimiento afectan únicamente a la explotación o trascienden fuera de la misma el alcance se evaluará según los siguientes niveles:

ALCANCE	COEFICIENTE
A: Solo explotación	1,0
B: Repercusiones fuera de la explotación	1,5

Persistencia.

Los niveles de persistencia se evaluarán como se expone a continuación:

PERSISTENCIA	COEFICIENTE
A: Si no existen efectos o duran < 1 año	1
B: Si existen efectos subsanables que duran > 1 año	1,2
C: Si no son subsanables (los efectos condicionan el potencial productivo de la zona afectada)	1,5

Cálculo del porcentaje de reducción.

Para cada elemento a controlar incumplido, se obtiene una puntuación multiplicando el valor de la gravedad por los correspondientes coeficientes de alcance y persistencia.

Se obtiene la puntuación de cada acto sumando las puntuaciones de los correspondientes elementos incumplidos. La correspondencia entre las puntuaciones de cada acto y los porcentajes de reducción a aplicar se expone a continuación:

RANGOS DE PUNTUACIONES ACTO	PORCENTAJE DE REDUCCIÓN
≥ 10-50	1%
≥ 50-90	3%
≥ 90	5%

A efectos de fijación de la reducción, si se incumple más de un acto, se considerará como un único incumplimiento, siendo la reducción a aplicar la correspondiente al acto con un mayor porcentaje de reducción.

1.2. Ámbito de salud pública, zoosanidad y fitosanidad.

Gravedad.

Se valorará la gravedad de los incumplimientos según los siguientes niveles:

GRAVEDAD	VALOR
A: LEVE	10
B: GRAVE	20
C: MUY GRAVE	50

Alcance.

Dependiendo de si las consecuencias del incumplimiento afectan únicamente a la explotación o trascienden fuera de la misma, el alcance se evaluará según los siguientes niveles:

ALCANCE	COEFICIENTE
A: Solo explotación	1,0
B: Repercusiones fuera de la explotación	1,5

Para algunos casos (por ejemplo Identificación y Registro) y salvo que la visita se derive de un hecho constatado, la valoración del alcance fuera de la explotación en este ámbito no podrá efectuarse inicialmente en el curso del control ya que es precisa información adicional que requiere datos externos a la propia explotación.

Persistencia.

Los niveles de persistencia se evaluarán como se expone a continuación:

PERSISTENCIA	COEFICIENTE
A: Si no existen efectos o duran < 1 año	1
B: Si existen efectos subsanables que duran > 1 año	1,2
C: Si no son subsanables (los efectos condicionan el potencial productivo de la zona afectada)	1,5

Cálculo del porcentaje de reducción.

Para cada elemento a controlar incumplido se obtiene una puntuación multiplicando el valor de la gravedad por los correspondientes coeficientes de alcance y persistencia.

Se obtiene la puntuación de cada acto sumando las puntuaciones de los correspondientes elementos incumplidos. La correspondencia entre las puntuaciones de cada acto y los porcentajes de reducción a aplicar se expone a continuación:

RANGOS DE PUNTUACIONES ACTO	PORCENTAJE DE REDUCCIÓN
≥ 10-50	1%
≥ 50-90	3%
≥ 90	5%

A efectos de fijación de la reducción, si se incumple más de un acto, se considerará como un único incumplimiento, siendo la reducción a aplicar la correspondiente al acto con un mayor porcentaje de reducción.

1.3. Ámbito de buenas condiciones agrarias y medioambientales.

Gravedad.

Según se muestra en el Anexo 3, para cada uno de los elementos a controlar se puntuará la gravedad según los siguientes niveles:

GRAVEDAD	VALOR
A: LEVE	10
B: GRAVE	20
C: MUY GRAVE	50

Alcance.

Dependiendo de si las consecuencias del incumplimiento afectan únicamente a la explotación o transcienden fuera de la misma, el alcance se evaluará según los siguientes niveles:

ALCANCE	COEFICIENTE
A: Solo explotación	1,0
B: Repercusiones fuera de la explotación	1,5

Persistencia.

Los niveles de persistencia se evaluarán como se expone a continuación:

PERSISTENCIA	COEFICIENTE
A: Si no existen efectos o duran < 1 año	1
B: Si existen efectos subsanables que duran > 1 año	1,2
C: Si no son subsanables (los efectos condicionan el potencial productivo de la zona afectada)	1,5

Cálculo del porcentaje de reducción.

Para cada elemento a controlar incumplido, se obtiene una puntuación multiplicando el valor de la gravedad por los correspondientes coeficientes de alcance y persistencia.

Se obtiene la puntuación de cada acto sumando las puntuaciones de los correspondientes elementos incumplidos. La correspondencia entre las puntuaciones de cada acto y los porcentajes de reducción a aplicar se expone a continuación:

RANGOS DE PUNTUACIONES NORMA	PORCENTAJE DE REDUCCIÓN
≥ 10-50	1%
≥ 50-90	3%
≥ 90	5%

Cuando existan incumplimientos en elementos a controlar de diferentes normas dentro de este ámbito, se considerará, a efectos de fijación de la reducción como un único incumplimiento. En este caso, la reducción a aplicar será la correspondiente a la norma con un mayor porcentaje de reducción.

1.4. Ámbito de bienestar animal.

Gravedad.

Según se muestra en el Anexo 4 se valorará la gravedad de los incumplimientos según los siguientes niveles:

GRAVEDAD	VALOR
A: LEVE	10
B: GRAVE	20
C: MUY GRAVE	50

Alcance.

Dependiendo de si las consecuencias del incumplimiento afectan únicamente a la explotación o trascienden fuera de la misma, el alcance se evaluará según los siguientes niveles:

ALCANCE	COEFICIENTE
A: Solo explotación	1,0
B: Repercusiones fuera de la explotación	1,5

Persistencia.

Los niveles de persistencia se evaluarán como se expone a continuación:

PERSISTENCIA	COEFICIENTE
A: Si no existen efectos o duran < 1 año	1
B: Si existen efectos subsanables que duran > 1 año	1,2
C: Si no son subsanables (los efectos condicionan el potencial productivo de la zona afectada).	1,5

Cálculo del porcentaje de reducción.

Para cada elemento a controlar incumplido se obtiene una puntuación multiplicando el valor de la gravedad por los correspondientes coeficientes de alcance y persistencia.

Se obtiene la puntuación de cada acto sumando las puntuaciones de los correspondientes elementos incumplidos. La correspondencia entre las puntuaciones de cada acto y los porcentajes de reducción a aplicar se expone a continuación:

RANGOS DE PUNTUACIONES CATEGORÍA	PORCENTAJE DE REDUCCIÓN
≥ 10-50	1%
≥ 50-90	3%
≥ 90	5%

A efectos de fijación de la reducción, si se incumple más de un acto se considerará como un único incumplimiento, siendo la reducción a aplicar la correspondiente al acto con un mayor porcentaje de reducción.

2. Aplicación del porcentaje de reducción por condicionalidad.

Conforme a los artículos 66, 67 y 71 del Reglamento (CE) 796/2004, y conforme a los artículos 22 y 23 del Reglamento (CE)1975/2006, en relación con los incumplimientos por parte de beneficiarios de las ayudas previstas en el artículo 36, letra a), incisos i) a v), y letra b), incisos I), IV) y V) del Reglamento (CE)1698/2005, deberá de tenerse en cuenta lo siguiente en relación con la aplicación de reducciones y exclusiones.

2.1. Aplicación del porcentaje de reducción por condicionalidad.

En caso de que el incumplimiento observado se deba a negligencia del productor, se aplicará una reducción del importe global de los pagos directos, definidos en la letra d) del artículo 2 del Reglamento (CE) núm. 1782/2003, y/o de la ayuda, en virtud de la letra a), incisos i) a v), y letra b), incisos I), IV) y V) del artículo 36 del Reglamento (CE)1975/2006, que se vaya a conceder o se haya concedido en el transcurso del año civil en que se haya constatado el incumplimiento.

Los incumplimientos se considerarán determinados si se detectan como resultado de los controles realizados de acuerdo con el Reglamento (CE) núm. 796/2004 y el Reglamento (CE) núm. 1975/2006, o después de haberlos puesto en conocimiento del organismo especializado de control por cualquier otro medio. En este segundo caso estarían incluidos los incumplimientos detectados mediante controles sobre el terreno llevados a cabo en explotaciones no incluidas en la muestra de control de Condicionalidad.

Cuando se hayan producido incumplimientos en más de un ámbito, la reducción a aplicar a los importes del productor será la suma de los porcentajes de reducción de cada ámbito, sin exceder de un máximo del 5%.

El incumplimiento de una norma que constituya un requisito se considerará un incumplimiento. En este caso la reducción a aplicar será la correspondiente al acto o norma con un mayor porcentaje de reducción.

2.2 Repetición.

Cuando se descubran incumplimientos repetidos, el porcentaje en relación con el primer incumplimiento se multiplicará por tres si se trata de una primera repetición. En caso de más repeticiones, el factor de multiplicación de tres se aplicará cada vez al resultado de la reducción fijada en relación con el incumplimiento repetido anterior. Sin embargo, la reducción máxima no excederá del 15% del importe global de los pagos directos.

Una vez alcanzado el porcentaje de reducción máximo del 15% por el beneficiario de la ayuda, si a éste se volviera a descubrir el mismo incumplimiento, se considerará que ha actuado intencionadamente a efecto de la aplicación de reducciones y exclusiones. Si posteriormente se comprobara un nuevo incumplimiento, el porcentaje de reducción aplicable se fijaría multiplicando por tres el resultado de la multiplicación anterior, en su caso, antes de que se haya alcanzado el límite del 15%.

De descubrirse un incumplimiento reiterado junto con otro incumplimiento u otro incumplimiento reiterado, se sumarán los porcentajes de reducción. La reducción máxima no excederá del 15%.

2.3. Intencionalidad.

Cuando el productor haya cometido intencionadamente el incumplimiento observado, la reducción del importe global de los pagos directos será, en principio, del 20%.

Sin embargo, el organismo pagador, basándose en la evaluación presentada por la autoridad de control competente en el informe de control, podrá decidir bien reducir este porcentaje hasta un mínimo del 15% o bien aumentarlo hasta un máximo del 100%.

Para ello se evaluará la intencionalidad de la siguiente forma, se valorará la puntuación del alcance, persistencia y gravedad de igual forma que para incumplimientos no intencionados, una vez obtenida la puntuación de los incumplimientos se valorará de la siguiente forma:

RANGOS DE PUNTUACIONES CATEGORÍA	PORCENTAJE DE REDUCCIÓN
≥ 10-50	15%
≥ 50-90	20%
≥ 90	100%

A efectos de fijación de la reducción, si se incumple más de un acto se considerará como un único incumplimiento, siendo la reducción a aplicar la correspondiente al acto con un mayor porcentaje de reducción.

Cuando se hayan producido incumplimientos en más de un ámbito, la reducción a aplicar a los importes del productor será la suma de los porcentajes de reducción de cada ámbito, sin exceder de un máximo del 100%.

En caso de repetición de incumplimientos intencionados se procederá de la siguiente forma, el porcentaje en relación con el primer incumplimiento se multiplicará por tres si se trata de una primera repetición. En caso de una segunda repetición el factor de reducción será del 100% del importe global de los pagos directos del régimen de ayuda. Si existe una tercera repetición se excluirá al productor del pago del régimen de ayudas para la campaña siguiente.

2.4. Aplicación de reducciones por condicionalidad en caso de irregularidad-incumplimiento.

Si como resultado de los controles de admisibilidad se detecta una irregularidad que constituya asimismo un incumplimiento, y que ha dado lugar a una sanción, se informará de este hecho, aportando copia del acta de control de la inspección de admisibilidad, y haciendo constar los regímenes de ayuda en los que dicho productor ya ha sido penalizado en el ámbito de la admisibilidad, al Organismo Especializado de Control de Condicionalidad para que este elabore un «documento de evaluación» en el que a partir de los datos suministrados se valore la gravedad, alcance y persistencia de/del incumplimiento/s detectado/s, y que posteriormente el/los Organismo/s Pagador/es pueda/n aplicar la reducción o exclusión correspondiente.

La reducción que le corresponde en virtud de la condicionalidad al citado productor (la prevista si se trata de una explotación inspeccionada por condicionalidad, o la que se calcule si se trata de un expediente que no forma parte de la muestra de control de condicionalidad), se deberá aplicar a todos los pagos solicitados, excepto al régimen de ayuda al que ya se le haya aplicado sanción por admisibilidad.

En el caso de que la irregularidad-incumplimiento detectada en los controles de admisibilidad de primas ganaderas afecte únicamente a animales de la explotación por los que no se ha solicitado ayuda (que en caso de irregularidad no se penalizan por admisibilidad), o a animales solicitados pero que no se penalizan a efectos de primas, se trasladarían las actas igualmente al Organismo Especializado de Control de Condicionalidad, para que a partir del «documento de evaluación» elaborado por éste, el/los Organismo/s Pagador/es aplique/n la reducción correspondiente a todos los pagos solicitados por el productor.

En relación con los expedientes en los que se detectaron irregularidades en los controles de admisibilidad, se debe comunicar a los responsables de dichos controles, el número de productores de ganado bovino sancionados en Condicionalidad y la reducción impuesta a los mismos, así como el número de productores de ganado ovino-caprino sancionados por Condicionalidad y su correspondiente sanción.

2.5. Aplicación de reducciones por condicionalidad a beneficiarios de determinadas ayudas al desarrollo rural.

Según establece el artículo 51 del Reglamento (CE) núm. 1698/2005, los beneficiarios que reciben pagos a tenor del artículo 36, letra a), inciso IV), (ayudas agroambientales) deben respetar, además de los requisitos y normas de la Condicionalidad establecidos en los artículos 4 y 5 y en los Anexos III y IV del Reglamento (CE) núm. 1782/2003, los requisitos mínimos para la utilización de abonos y de productos fitosanitarios (artículo 39, apartado 3 del Reglamento (CE) núm. 1698/2005), para no ver reducidas o anuladas los importes de las ayudas solicitadas.

Para que el Organismo Pagador pueda aplicar, en su caso, dicha reducción o anulación de las ayudas, se valorarán (tomando como referencia la valoración establecida para los elementos correspondientes a la Directiva 91/676/CEE y a 1 Directiva 91/414/CEE) las irregularidades detectadas en los controles realizados por las autoridades competentes en desarrollo rural a los citados beneficiarios en relación con los requisitos mínimos establecidos por las Comunidades Autónomas en sus Programas de Desarrollo Rural.

Si se comprobara incumplimiento en alguna de las normas para las cuales se establece un período de gracia (para que los agricultores se ajusten a las normas comunitarias existentes, y también para que los agricultores cumplan nuevas normas comunitarias, desde que éstas son obligatorias para la explotación), en el caso de beneficiarios de las ayudas previstas en los incisos i) a v) de la letra a), y en los incisos I), IV) y V) de la letra b) del artículo 36 del Reglamento (CE) núm. 1698/2005, que a su vez sean beneficiarios de la ayuda a la instalación de jóvenes agricultores o de la ayuda a la modernización de las explotaciones, el porcentaje de reducción o la anulación del importe total de las ayudas que correspondan, no se aplicará para dicha norma durante dicho período de gracia. Tampoco será de aplicación la reducción o anulación en el caso de las ayudas que se concedan a la conservación de recursos genéticos en la agricultura para operaciones no incluidas en las disposiciones de los apartados 1 a 4 del artícu-
lo 39 del Reglamento (CE) núm. 1698/2005.

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