Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 144 de 24/07/2012

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, dispone en su artículo 79.3.b) que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia exclusiva en materia de Colegios Profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución Española.

La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, dictada en virtud de la competencia citada, establece en sus artículos 22 y 23 que aprobados los estatutos por el colegio profesional y previo informe del consejo andaluz de colegios de la profesión respectiva, si estuviere creado, se remitirán a la Consejería con competencia en materia de régimen jurídico de colegios profesionales, para su aprobación definitiva mediante Orden de su titular, previa calificación de legalidad.

El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Cádiz ha presentado sus Estatutos aprobados por la Junta General extraordinaria celebrada el 14 de mayo de 2012, e informados favorablemente por el Consejo Andaluz de Colegios de la profesión.

En virtud de lo anterior, vista la propuesta de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y el artículo 18 del Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía, aprobado por Decreto 216/2006, de 12 de diciembre, así como con las atribuciones conferidas por el Decreto 148/2012, de 5 de junio, por el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Justicia e Interior,

DISPONGO

Primero. Se aprueba la modificación de los Estatutos del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Cádiz, sancionados por la Junta General extraordinaria celebrada el 14 de mayo de 2012, que se insertan como Anexo, y se ordena su inscripción en la Sección Primera del Registro de Colegios Profesionales de Andalucía.

Segundo. La presente Orden se notificará a la Corporación profesional interesada y será publicada, junto al texto estatutario que se aprueba, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante este Órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, o interponer, directamente, el recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes Órganos de este Orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 11 de julio de 2012

	Emilio de Llera Suárez-Bárcena
	Consejero de Justicia e Interior

ANEXO

ESTATUTOS DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE CÁDIZ

TÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Naturaleza jurídica.

El Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Cádiz es una Corporación de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar en el lícito cumplimiento de sus fines, amparada por la Ley y reconocida por el Estado y la Comunidad Autónoma Andaluza.

Artículo 2. Titulaciones.

1. El Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Cádiz es el órgano rector de las actividades y profesiones vinculadas a las titulaciones académicas que abarca dentro de su ámbito territorial, que comprende dicha provincia.

2. Los presentes Estatutos aplican y despliegan los principios jurídicos enunciados por la Constitución, por el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y por el Decreto 216/2006, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía, leyes que garantizan la personalidad jurídica del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Cádiz, y su capacidad plena para la realización de los fines profesionales derivados de los títulos universitarios oficiales otorgados tanto por la Facultades Universitarias desglosadas de las tradicionalmente denominadas Facultades de Filosofía y Letras o de Ciencias, en aquellas especialidades que no posean colegio profesional propio, así como aquellas titulaciones homologadas a las anteriores por la Administración Educativa

Artículo 3. De la colegiación.

1. Se exigirá la colegiación para el ejercicio de las profesiones derivadas de las titulaciones recogidas en el presente Estatuto Particular del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Cádiz, siempre y cuando así lo disponga la ley estatal.

2. De Conformidad con el artículo 4 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, la obligación de colegiación no será exigible para el personal funcionario, estatutario o laboral, al servicio de las Administraciones Públicas, para el ejercicio de sus funciones para la realización de actividades propias de su profesión por cuentas de aquellas.

3. El acceso y ejercicio de la profesión se rige por el principio de igualdad de trato y no discriminación, en particular por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.

Artículo 4. Autonomía, Delegaciones, Secciones y Comisiones.

1. El Colegio es autónomo en su ámbito de actuación, integrándose en el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias y en el Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, según sus respectivas normas reguladoras.

2. En el ámbito de su autonomía, para el cumplimiento de sus fines podrá enajenar, vender, gravar, poseer y reivindicar toda clase de bienes y derechos, contraer obligaciones y ejercer cuantas acciones procedan en su defensa, a través de sus órganos de gobierno, cuyas estructuras representativas están constituidas democráticamente.

3. Para el mejor cumplimiento de sus fines y una mayor eficacia de sus funciones, el Colegio podrá crear, en la provincia de Cádiz, Delegaciones o Demarcaciones colegiales en aquellas localidades que, dentro de su ámbito territorial, así lo requieran los intereses generales.

- Creación. A la Junta General corresponde la competencia de crear Delegaciones por iniciativa propia o a petición de, al menos, un tercio del total de colegiados pertenecientes al ámbito territorial de la Delegación que se pretende constituir, según datos del censo colegial existente a fecha treinta y uno de diciembre del año anterior al de la presentación de la solicitud de creación de la referida Delegación, efectuándose la constitución de cada Delegación en virtud de acuerdo adoptado por la Junta General, reunida en sesión extraordinaria convocada al efecto, con el voto favorable de dos tercios de los colegiados presentes o legalmente representados.

En el caso de que soliciten la creación de una Delegación el número mínimo de colegiados señalado en el párrafo anterior, lo cual se hará mediante escrito dirigido a la Junta de Gobierno del Colegio, esta deberá, en el plazo máximo de quince días hábiles, convocar una sesión extraordinaria de Junta General en la que se decidirá si se constituye o no la Delegación.

En el supuesto de que la Junta General acuerde la constitución de una Delegación, se comunicará inmediatamente esta decisión a todos los colegiados, siendo además publicado el acuerdo en la sede del Colegio y en su página «web».

- Sede y funcionamiento. La Delegación ostentará la representación de la Junta de Gobierno dentro del ámbito de su demarcación y tendrá como misión colaborar con ésta, bajo cuyas directrices actuará.

Las Delegaciones son órganos descentralizados de gestión territorial del Colegio que atenderán a idénticos fines que el Colegio, quedando sujetas al régimen del mismo y en ningún caso poseerán capacidad autonormativa.

Estarán gestionadas por una Comisión, integrada por un Delegado-Presidente y un Administrador.

Los Delegados-Presidentes de las Delegaciones son responsables ante la Junta de Gobierno del Colegio de cuantas anomalías se observen en las Delegaciones a su cargo.

- Disolución. A la Junta General corresponde la competencia de disolver las Delegaciones por iniciativa propia o a petición de, al menos, un tercio del total de colegiados pertenecientes al ámbito territorial de la Delegación que se pretende constituir, según datos del censo colegial existente a fecha treinta y uno de diciembre del año anterior al de la presentación de la solicitud de disolución de la referida Delegación, efectuándose la disolución de cada Delegación en virtud de acuerdo adoptado por la Junta General, reunida en sesión extraordinaria convocada al efecto, por la misma mayoría de votos que para su creación.

En el caso de que soliciten la disolución de una Delegación el número mínimo de colegiados señalado en el párrafo anterior, lo cual se hará mediante escrito dirigido a la Junta de Gobierno del Colegio, ésta deberá, en el plazo máximo de quince días hábiles, convocar una sesión extraordinaria de Junta General en la que se decidirá si se disuelve o no la Delegación.

En el supuesto de que la Junta General acordara la disolución de una Delegación, se comunicará inmediatamente esta decisión a todos los colegiados, siendo además publicado el acuerdo en la sede del Colegio y en su página «web».

El acuerdo de disolución entrará en vigor a partir del día hábil siguiente al de la adopción del referido acuerdo.

4. Igualmente podrá el Colegio, dentro de su propio ámbito, crear y disolver Secciones representativas de intereses colegiales, correspondiendo esta función a la Junta de Gobierno del Colegio.

Cada Sección, que se constituirá por iniciativa de la Junta de Gobierno o a instancia de, al menos, diez colegiados, será dirigida por la persona que designen los colegiados integrantes de la misma, que deberá rendir cuentas de su gestión a la Junta de Gobierno, a la que informará de todas las iniciativas y actividades de la Sección, debiendo encargarse también de desarrollar las tareas específicas que le haya asignado la Junta de Gobierno.

La composición, organización y funcionamiento interno de la Sección vendrá establecido en un reglamento interno, que deberá ser aprobado en todo caso por la Junta de Gobierno del Colegio.

5. Asimismo podrá el Colegio, dentro de su propio ámbito, crear y disolver Comisiones, correspondiendo esta función a la Junta de Gobierno del Colegio.

Cada Comisión, que se constituirá por iniciativa de la Junta de Gobierno o a instancia de, al menos, diez colegiados, será dirigida por la persona que designe la Junta de Gobierno, a la que rendirá cuentas de su gestión, se encargará de desarrollar los trabajos específicos que le haya asignado la Junta de Gobierno, que también establecerá sus normas de funcionamiento.

Artículo 5. Régimen jurídico.

El Colegio se regirá, en el marco de la legislación básica del Estado, por lo dispuesto en la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía y sus normas de desarrollo, por su Ley de creación, por el presente Estatuto Particular y los reglamentos de régimen interior que lo desarrollen, así como por los acuerdos de sus órganos de gobierno y por los adoptados por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias y por el Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, de acuerdo con las respectivas competencias atribuidas por las normas autonómicas y estatales.

Artículo 6. Domicilio.

La sede social del Colegio radicará en Cádiz, C/ Sacramento 16, 2.º Izqda., C.P. 11001, pudiendo designarse otra sede por acuerdo de la Junta de Gobierno del Colegio sin necesidad de modificar este Estatuto Particular.

Artículo 7. Relaciones con las Administraciones Públicas.

El Colegio se relacionará con las Administraciones Públicas, a través del Consejo General y del Consejo Andaluz en sus respectivos ámbitos territoriales y directamente con las que tengan competencias en Cádiz y provincia, en cualquier nivel funcional.

TÍTULO II

De los fines y funciones del Colegio

Artículo 8. Fines.

Son fines esenciales del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Cádiz la ordenación del ejercicio de la profesión, la representación institucional exclusiva de la misma cuando esté sujeta a colegiación obligatoria, la defensa de la profesión y de los intereses profesionales de los colegiados, la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados, la formación permanente de los colegiados y la vigilancia del sometimiento de los colegiados a los principios jurídicos, éticos y deontológicos en su actuación profesional.

Artículo 9. Funciones.

En su ámbito de actuación, corresponde al Colegio el ejercicio de las siguientes funciones:

1. El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Cádiz tendrá las funciones que le atribuya la legislación ordinaria y aquellas que conforme a derecho establezcan sus estatutos particulares.

2. El Colegio realizará cuantas funciones redunden en beneficio de la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados.

3. El Colegio atenderá las solicitudes de información sobre sus colegiados y sobre las sanciones firmes a ellos impuestas, así como las peticiones de inspección o investigación que le formule cualquier autoridad competente de un Estado miembro de la Unión Europea, en los términos previstos en la legislación ordinaria sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en particular en lo que se refiere a que las solicitudes de información y de realización de controles, inspecciones e investigaciones estén debidamente motivadas y que la información obtenida se emplee únicamente para la finalidad que se solicitó.

4. El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Cádiz dispondrá de una página web para que, a través de la ventanilla única prevista en la legislación ordinaria, de libre acceso a las actividades de servicio, los profesionales puedan realizar todos los trámites necesarios para su colegiación, su alta y su baja en el Colegio, a través de un único punto, por vía electrónica y a distancia. El Colegio hará lo necesario para que, a través de la ventanilla única los profesionales puedan de forma gratuita:

a) Obtener toda la información y formularios necesarios para el acceso a la actividad profesional y su ejercicio.

b) Presentar toda la documentación y solicitudes necesarias incluyendo la de colegiación.

c) Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que tenga consideración el interesado y recibir la correspondiente notificación de los actos y trámites preceptivos y la resolución de los mismos por el Colegio, incluida la notificación de los expedientes disciplinarios cuando no fuere posible otros medios, a salvo siempre del respeto por lo legislado en materia de protección de datos.

d) Convocar a los colegiados a las Juntas Ordinarias y Extraordinarias y cualquiera otra convocatoria de órganos de gobierno y/o de gestión de Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Cádiz, y poner en su conocimiento la actividad pública y privada del Colegio.

e) El Colegio ofrecerá la correspondiente información clara, inequívoca y gratuita, al menos sobre:

I. El acceso al registro de colegiados, que deberá estar permanentemente actualizado y en el que constará, al menos, el nombre y apellidos de los profesionales colegiados, los títulos oficiales de los que estén en posesión, el domicilio profesional y su situación de habilitación profesional.

II. Las vías de reclamación y los recursos que puedan interponerse en caso de conflicto entre el consumidor o usuario y un colegiado o el Colegio Profesional.

III. Los datos de las asociaciones u organizaciones de consumidores y usuarios a los que los destinatarios de los servicios profesionales puedan dirigirse para obtener asistencia.

IV. El contenido del código deontológico del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Cádiz.

Código que podrá contemplar previsiones expresas dirigidas a exigir a los profesionales colegiados que su conducta en material de comunicaciones comerciales sea ajustada en lo dispuesto en la Ley, con la finalidad de salvaguardar la independencia e integridad de la profesión, así como, en su caso, el secreto profesional.

5. El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Cádiz deberá adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo previsto en materia de ventanilla única e incorporar para ello las tecnologías precisas y crear y mantener las plataformas tecnológicas que garanticen la interoperabilidad entre los distintos sistemas y la accesibilidad de las personas con discapacidad. El Colegio pondrá en marcha los mecanismos necesarios para la coordinación con los otros Colegios de Doctores y Licenciados, con el Consejo General y Autonómico de Colegio de Filosofía y Letras, inclusive con las corporaciones de otras profesiones.

6. El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Cádiz está sujeto al principio de transparencia en su gestión y deberá elaborar una memoria anual que contenga, al menos la información siguiente:

a) Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de personal suficientemente desglosados y especificando las retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno en razón de su cargo.

b) Importe de las cuotas desglosadas por concepto y tipo de servicios prestados, así como las normas para su cálculo y aplicación.

c) Información agregada y estadística relativa a los procedimientos sancionadores incluidos, con indicación de la infracción a la que se refiere, de su tramitación y de la sanción impuesta en su caso, salvando siempre la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.

d) Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas por los consumidores o usuarios, a su tramitación y, en su caso, a los motivos de estimación o desestimación de la queja o reclamación, en todo caso, salvando siempre la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.

e) Los cambios en el contenido del código deontológico.

f) Las normas sobres incompatibilidades y las situaciones de conflicto de los intereses en que se encuentren los miembros de la Junta de Gobierno.

g) Información estadística sobre la actividad del visado. El visado se expedirá indistintamente a favor del profesional o, en su caso, de la sociedad profesional. Los precios del visado deberán publicarse en la página web del Colegio.

7. La memoria anual deberá hacerla pública el Colegio a través de la página web en el primer semestre de cada año. Así mismo el Colegio facilitará al Consejo Autonómico y al Consejo General la información necesaria para elaborar la memoria anual.

8. El Colegio deberá atender las quejas y reclamaciones presentadas por los consumidores o usuarios o por los colegiados. Para ello:

a) Dispondrá de un servicio de atención a los consumidores o usuarios que necesariamente tramitará y resolverá quejas y reclamaciones referidas a la actividad colegial o profesional de los colegiados, se presenten por cualquier consumidor o usuario que contraten los servicios profesionales, así como por asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios en su representación o defensa de sus intereses.

b) El Colegio a través de este servicio de atención a los consumidores o usuarios, resolverá sobre la queja o reclamación según proceda: bien informando sobre el sistema extrajudicial de resolución de conflictos, bien remitiendo el expediente a los órganos judiciales competentes para instruir los oportunos expedientes informativos o disciplinarios, bien archivando o bien adoptando cualquier otra decisión conforme a derecho.

c) La regulación del servicio de atención a los consumidores o usuarios y a los colegiados deberá prever la presentación de quejas y reclamaciones por vía electrónica y a distancia.

9. El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Cádiz podrá establecer con las administraciones públicas los convenios pertinentes o contratar los servicios de comprobación documental, técnica o sobre el cumplimiento de la normativa aplicable que considere necesarios con relación de los trabajos profesionales de los colegiados.

10. El Colegio no podrá establecer baremos orientativos ni cualquier otra orientación, recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales.

11. Los acuerdos, decisiones y recomendaciones de carácter económico del Colegio necesitarán de la previa autorización singular prevista en el ordenamiento legal.

12. El código deontológico del Colegio podrá regular las comunicaciones comerciales de sus colegiados sólo a los efectos de salvaguardar su independencia e integridad, y también el secreto profesional.

13. El Colegio no podrá restringir el ejercicio profesional en forma societaria siempre que la sociedad cumpliere los requisitos del ordenamiento legal sobre sociedades profesionales.

14. Disponer de su propia página web y ventanilla única a los efectos de publicitar cuando menos lo siguiente: información general sobre la profesión docente y particular sobre las actividades profesionales de los colegiados en virtud de su título académico, formularios de trámite, requisitos de tramitación de documentación, convocatoria de juntas, divulgación de actividades públicas y privadas. También deberá informar a través de su propia página Web sobre el registro general de los colegiados y sociedades profesionales, trámite para ejercer el derecho de queja y reclamación, recursos que caben contra los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno, código deontológico general de la profesión y los datos necesarios para que los colegiados y/o los ciudadanos puedan dirigirse a las organizaciones de consumidores y usuarios en reclamación.

También deberá figurar en la página web la memoria anual, que sintetizará la actividad corporativa, económica y social del Colegio.

Toda esta información en la página web deberá observar la legislación correspondiente a la protección de datos de carácter personal.

15. El Colegio deberá elaborar su memoria anual de conformidad con los puntos que preceden y remitirla al Consejo General de Colegios de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias y al Consejo Autonómico antes del 30 de abril de cada año, y ello sin perjuicio de darle la publicidad que corresponda en la página Web.

16. El Colegio deberá tener al día el registro de colegiados y el registro de Sociedades Profesionales, debiendo pasar la pertinente información, modificaciones e incidencias al registro general del Consejo General de los Colegios de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias.

17. El Colegio creará necesariamente los servicios de atención a los consumidores, usuarios y a los colegiados.

18. El Colegio deberá observar en todas sus actuaciones los derechos de igualdad y no de discriminación.

19. Disponer de un servicio de atención a los consumidores y usuarios y a los colegiados. Sin perjuicio de dicho servicio el Colegio está obligado a resolver conforme a derecho las quejas y reclamaciones que puedan presentarle los ciudadanos, organizaciones de consumidores y usuarios y colegiados.

20. El Colegio velará porque en el ejercicio de su actividad se respeten los derechos de igualdad y no de discriminación.

21. Ostentar, en su ámbito, la representación y defensa de la profesión y de sus miembros en los términos que establezcan las leyes para el cumplimiento de sus fines, ante las Administraciones, Instituciones, Tribunales, Entidades y particulares, incluyendo la legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten a los intereses profesionales, pudiendo ejercitar las acciones legales que resulten procedentes, con la posibilidad de ejercer el derecho de petición, de conformidad con la Ley, así como impulsar todas las reformas legislativas que considere convenientes en defensa de la profesión y de los colegiados.

22. Desarrollar aquellas que le encomienden las Administraciones Públicas, colaborando con ellas en la forma más amplia posible, así como informar sobre proyectos normativos que se refieran a las condiciones de acceso y ejercicio de la profesión que sean de aplicación en su ámbito territorial.

23. Participar en los Consejos y Organismos consultivos de las Administraciones Públicas de su correspondiente ámbito territorial, en materias de competencia de la profesión, cuando esta participación sea preceptiva o lo requiera la Administración Pública correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.2.r) de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, de Colegios Profesionales de Andalucía.

24. Ser consultado y participar en la elaboración de los Planes de Estudios de los Centros Universitarios y Docentes de Cádiz, correspondientes a la profesión, incluso informando sobre su organización académica, todo ello sin menoscabo del principio de autonomía universitaria; así como preparar la información necesaria para facilitar el acceso a la vida profesional de los nuevos profesionales en especial colaboración con las Universidad de Cádiz.

25. Promover la dignificación social y económica de lo colegiados, procurando su formación permanente y perfeccionamiento profesional a través de cursos y de otras actividades formativas.

26. Facilitar a los Tribunales con jurisdicción en esta provincia, conforme a las leyes, la relación de colegiados que pudieran ser requeridos para intervenir como peritos en asuntos judiciales o designarlos por sí mismo, según proceda.

27. Regular y ordenar la actividad profesional de los colegiados en el ámbito de sus competencias, velando por la ética y dignidad profesional y por el debido respeto a los derechos de los particulares, así como ejercer la facultad disciplinaria en el orden colegial y profesional.

28. Tomar las medidas necesarias para evitar y perseguir el intrusismo profesional y la ilegalidad en el ejercicio de la profesión en la forma más amplia que permita el Ordenamiento Jurídico, ejercitando al respecto las acciones legales pertinentes

29. Organizar actividades y servicios comunes de carácter cultural, profesional, formativo, asistencial y de previsión o análogos, de interés para los colegiados, ya sea directamente, ya sea por medio de acuerdos o convenios con otros colegios profesionales, entidades e instituciones, contribuyendo a su sostenimiento económico mediante los recursos necesarios.

30. Defender a los colegiados en el ejercicio de los derechos que legalmente les correspondan para el desarrollo de sus actividades profesionales o con ocasión de las mismas, así como procurar la armonía y colaboración entre los colegiados de Cádiz y de otras corporaciones, adoptando las medidas necesarias para impedir la competencia desleal en los términos establecidos en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal entre ellos, pudiendo ejercitar las acciones legales que procedan.

Este estatuto se somete a los límites de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.4 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero.

31. Intervenir mediante conciliación o arbitraje en los asuntos que se susciten entre sus miembros colegiados por motivos profesionales a petición de los mismos.

32. Informar en procedimientos judiciales o administrativos que versen sobre honorarios profesionales, siempre que el Colegio sea requerido para ello o cuando se prevea su intervención con arreglo a la legislación vigente.

33. Administrar la economía colegial, repartiendo equitativamente las cargas mediante la fijación de las cuotas y aportaciones económicas a satisfacer por los colegiados que resulten necesarias, así como recaudarlas, custodiarlas y distribuirlas según el presupuesto y las necesidades del Colegio.

34. Garantizar una organización colegial eficaz y democrática, designando a los miembros de sus órganos de gobierno mediante el proceso electoral regulado en este Estatuto Particular, así como constituyendo secciones, delegaciones, comisiones y grupos de trabajo que, dentro del ámbito que les sea confiado, colaboren con la Junta de Gobierno del Colegio como organismos asesores, actuando en todo momento subordinados a la decisión definitiva que en cada caso adopte la Junta de Gobierno.

35. Designar a sus representantes en los órganos corporativos estatales y andaluces en la forma prevista en sus respectivos Estatutos.

36. Colaborar con el Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias y con el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias en el cumplimiento de sus fines, impulsando su actuación desde Cádiz, así como la promoción de los profesionales andaluces.

37. Elaborar y aprobar su Estatuto Particular, así como las modificaciones del mismo; redactar y aprobar sus reglamentos de régimen interior y adoptar acuerdos para el desarrollo de sus competencias.

38. Llevar un registro de todos los colegiados, en el que conste, al menos, testimonio del título académico oficial, la fecha de alta en el Colegio, el domicilio profesional, la firma actualizada y cuantas circunstancias afecten a su habilitación para el ejercicio profesional.

39. Elaborar y aprobar por el órgano colegial y por el procedimiento establecido en este Estatuto Particular la carta de servicios a la ciudadanía, que permanecerá en la sede del Colegio para su consulta, y que figurará además publicada en la página Web del Colegio.

40. Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las Leyes, el Estatuto Particular del Colegio y los reglamentos de régimen interior, así como los acuerdos adoptados por los órganos colegiales en las materias de su competencia.

41. Adoptar las medidas necesarias para garantizar que los miembros cumplan con la obligación que tienen de suscribir un seguro que cubra los riesgos por responsabilidad civil en que pudieran incurrir como consecuencia del ejercicio de la profesión.

42. Ejercer cuantas funciones puedan redundar en beneficio de sus miembros y de la profesión en general y cualesquiera que le encomienden las disposiciones legales.

43. Establecer un Registro de Sociedades Profesionales, en virtud de lo dispuesto en la Ley 2/2007, de 15 de marzo.

TÍTULO III

DE LOS COLEGIADOS

CAPÍTULO I

De la colegiación

Artículo 10. Requisitos de colegiación.

La incorporación al Colegio exigirá los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de edad.

b) Poseer alguna de las titulaciones académicas que estén relacionadas con las profesiones vinculadas al Colegio, o bien los títulos extranjeros que, conforme a las normas vigentes, sean homologados a las referidas titulaciones.

c) No padecer impedimentos físicos o mentales que por su naturaleza o intensidad imposibiliten el cumplimiento de las funciones propias de la profesión. Dicho impedimento deberá ser declarado mediante resolución judicial firme de incapacidad.

d) No hallarse inhabilitado ni suspendido para el ejercicio profesional en virtud de Sentencia firme, ni hallarse bajo sanción disciplinaria de suspensión del ejercicio profesional o de expulsión del correspondiente Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias.

e) En el supuesto de que se solicite la incorporación al Colegio por primera vez deberá presentarse el título académico correspondiente o bien la certificación de haber abonado los derechos de expedición del mismo, con la obligación de presentarlo en el plazo de dos años, a fin de registrarlo en el Colegio.

f) Para quien ya se encuentre incorporado a otro Colegio, el requisito anterior será sustituido por la certificación acreditativa de su condición colegial, junto con la solicitud de traslado, cuyos trámites realizará el Colegio de procedencia, utilizándose los oportunos mecanismos de comunicación y los sistemas de cooperación administrativa entre autoridades competentes tal y como establece el artículo 3.3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales.

g) Satisfacer la cuota de incorporación o de traslado que establezca el Colegio.

h) Deberá el interesado incorporarse al Colegio de Cádiz si su domicilio profesional único o principal radica en la provincia de Cádiz, siendo este requisito suficiente para que el profesional pueda ejercer su actividad en todo el territorio nacional.

i) La cuota de inscripción no podrá superar en ningún caso los costes asociados a la tramitación de la inscripción de conformidad con el párrafo segundo del apartado segundo del artículo 3 bis de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, en su nueva redacción por la Ley 10/2011, de 5 de diciembre.

Artículo 11. Incorporación al Colegio.

1. Las solicitudes de incorporación se realizarán directamente en el Colegio y serán aprobadas, suspendidas o denegadas por la Junta de Gobierno una vez se efectúen las comprobaciones pertinentes.

2. La adquisición de la condición de colegiado se hará efectiva mediante resolución expresa del Colegio, previa la constatación del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo anterior.

3. El expediente de alta será suspendido entre tanto el solicitante no aporte toda la documentación necesaria o existan dudas razonables sobre su autenticidad y suficiencia, así como en el caso de que el solicitante no haya satisfecho en otros Colegios Oficiales las cuotas establecidas.

4. No podrá ser suspendida la adopción del acuerdo si el solicitante se encuentra sujeto a expediente disciplinario, ya que en este supuesto deberá mantenerse obligatoriamente al solicitante en situación de alta en el Colegio que instruye el expediente hasta la resolución del mismo.

5. El acuerdo denegatorio o el provisional de suspensión debidamente motivado será comunicado al solicitante en el plazo máximo de un mes, siendo la resolución denegatoria susceptible de recurso de alzada ante el Consejo Andaluz de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, en la forma y plazos establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el supuesto de no dictarse resolución expresa con respecto a la solicitud de colegiación dentro del plazo de un mes, ésta se entenderá estimada.

6. El colegio dispondrá de los medios necesarios para que las personas solicitantes puedan tramitar su colegiación por vía telemática, según lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 10 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero.

Artículo 12. Causas de denegación de la incorporación al Colegio.

La colegiación sólo se podrá denegar:

a) Por haber sido dictada sentencia firme sin posterior rehabilitación, que condene al solicitante de incorporación al Colegio a la pena de inhabilitación para el ejercicio profesional.

b) Como consecuencia de sanción disciplinaria colegial, según lo previsto en este Estatuto y por el tiempo que dure la sanción.

Artículo 13. Traslado y antigüedad.

1. El traslado del colegiado a otro Colegio del Estado se efectuará según los términos establecidos en el artículo 10 f de este Estatuto. Se emitirá certificación sobre si el colegiado que demanda el traslado ha cumplido sus deberes y la remitirá, junto con la documentación necesaria, al Colegio de destino.

2. En cuanto a los derechos inherentes a la antigüedad como colegiado, esta se computará sumando todos los periodos no simultáneos de esta situación de alta en cualquiera de los Colegios del Estado a la antigüedad en el Colegio de Cádiz.

Artículo 14. Pérdida de la condición de colegiado.

1. La condición de colegiado se perderá en los siguientes supuestos:

a) Por fallecimiento del colegiado.

b) A petición propia del colegiado.

c) Por no satisfacer durante un periodo de doce meses consecutivos o distribuidos en un periodo de dieciocho meses, el pago de las cuotas colegiales, previo requerimiento expreso de su abono.

d) Por no haberse presentado y abonado la cuota de incorporación o traslado, antes del plazo de tres meses contados desde la recepción de la documentación mencionada en el artículo 11.

e) Por ser condenado mediante sentencia firme que conlleve como pena principal o accesoria la inhabilitación para el ejercicio profesional, mientras no quede extinguida la responsabilidad.

f) Por ser sujeto de sanción disciplinaria firme de expulsión del Colegio.

2. La pérdida de la condición de colegiado será acordada por la Junta de Gobierno del Colegio en resolución motivada y, una vez firme, será comunicada al Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias y al Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias.

3. El Doctor o Licenciado que habiendo causado baja en el Colegio quiera volver a integrarse en el mismo deberá atenerse a lo previsto en el artículo 10 de este Estatuto.

El solicitante deberá abonar, si procede, el importe de las mensualidades impagadas hasta un máximo de seis. Para conservar el anterior número de colegiado deberá abonar todas las cuotas mensuales entre la fecha de baja y la de recepción.

4. En el caso del párrafo c) del apartado 1 anterior, el colegiado podrá recuperar sus derechos pagando lo adeudado y sus intereses al tipo legal, así como la cantidad que corresponda como nueva incorporación al Colegio.

CAPÍTULO II

De las condiciones del cobro de honorarios, para el caso de que el colegiado lo solicite, así como los servicios colegiales para su gestión

Articulo 15. Condiciones para el cobro de honorarios.

1. El Colegio carece de servicios propios para la gestión del cobro de honorarios de sus colegiados.

2. De acuerdo con las disposiciones vigentes ni el Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias ni el Colegio de Cádiz podrán establecer honorarios profesionales, pero si podrán asesorar sobre los mismos a los colegiados, a cualquier ciudadano, Institución, Administración Pública o entidad que lo solicite.

3. El Colegio facilitará toda clase de información y asesoramiento sobre cuestiones colegiales y profesionales a los colegiados y a cualquier ciudadano, Institución, Administración Pública o Entidad que lo solicite.

CAPÍTULO III

De los derechos y deberes de los colegiados

Artículo 16. Derechos de los colegiados.

Los colegiados gozan de los siguientes derechos:

a) Desarrollar sus actividades profesionales con plena libertad dentro del vigente marco jurídico, deontológico y estatutario.

b) Conservar su condición de colegiado, exceptuando los casos a los que se refiere el artículo 14 de este Estatuto Particular.

c) Participar en la gestión corporativa y, por tanto, ejercer el derecho de petición, el de voto y el de acceso a los puestos y cargos directivos, a través del procedimiento electoral establecido en este Estatuto.

d) Recabar y obtener del Colegio la asistencia, la protección y la defensa jurídica que pueda necesitar en el ejercicio de su profesión ante las administraciones públicas y ante autoridades, organismos, entidades públicas y privadas y particulares, así como cuando considere vulnerados sus derechos profesionales o colegiales.

e) Utilizar el local del Colegio para reuniones y actos de carácter profesional o colegial, siempre que se cuente con el conocimiento y autorización de la Junta de Gobierno, así como hacer uso de los demás bienes del Colegio.

f) Beneficiarse de las actividades y servicios comunes de interés para los colegiados de carácter profesional, formativo, cultural, asistencial y de prevención.

g) Utilizar el carné profesional.

h) Aspirar a las ayudas, premios y honores previstos en este Estatuto.

i) Presentar por escrito a la Junta de Gobierno sugerencias, quejas y peticiones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de este Estatuto, pudiendo interponer recursos contra actos y resoluciones del Colegio con los requisitos y plazos establecidos en este Estatuto.

j) Recibir del Colegio formación y actualización profesional.

k) Conocer los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno del Colegio, así como ser informado sobre el funcionamiento y la actuación del Colegio tanto a través de los medios publicitarios como por medio de solicitud formulada por escrito o personalmente.

l) Promover actuaciones de los órganos de gobierno del Colegio por medio de iniciativas.

m) Promover la remoción de los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio mediante la moción de censura.

n) Guardar el secreto profesional y ser amparado en su defensa, sin perjuicio de las comunicaciones con otros/as profesionales sobre el tratamiento de cada caso o intervención.

ñ) Crear y formar parte de Secciones representativas de sus intereses en el seno del Colegio, así como constituir y formar parte de las Comisiones que constituya la Junta de Gobierno.

o) Cualesquiera otros derechos que le vengan reconocidos en este Estatuto Particular y en las disposiciones legales que se encuentren vigentes en cada momento.

Artículo 17. Deberes de los colegiados.

Los colegiados asumen los siguientes deberes:

a) Ejercer sus actividades profesionales de acuerdo con la ética profesional y con las normas deontológicas vigentes, debiendo actuar lealmente con los demás colegiados y con los órganos y empleados del Colegio, así como con las administraciones públicas y las autoridades, particulares y entidades públicas y privadas con las que se relacionen con motivo de su ejercicio profesional.

b) Ajustar su actuación a las exigencias legales y estatutarias, debiendo someterse a lo dispuesto por las normas de funcionamiento y régimen interior del Colegio y a los acuerdos y resoluciones de los órganos del Colegio, sin perjuicio de los recursos que puedan interponer los colegiados contra esos actos y acuerdos.

c) Adecuar su actuación profesional a las normas fiscales, jurídicas o económicas vigentes en cada momento.

d) Comparecer ante las Comisiones del Colegio, Junta de Gobierno o Junta General cuando así sea requerido.

e) Cooperar con los órganos del Colegio, debiendo facilitar la información que se les solicite en asuntos de interés profesional y presentar las correspondientes declaraciones profesionales y el resto de documentos que les sean requeridos, así como interesarse por las actividades y los problemas colegiales.

f) Participar en las reuniones de la Junta General y en los procesos electorales que convoque el Colegio.

g) Satisfacer las cuotas y demás cargas corporativas, ordinarias y extraordinarias que en cada momento fije el Colegio.

h) Desempeñar fielmente los cargos para los que hayan sido elegidos y desarrollar las tareas específicas que les haya confiado y hayan aceptado en calidad de miembros de Comisiones del Colegio.

i) Informar al Colegio sobre cualquier acto de intrusismo y de ejercicio ilegal de los que tenga conocimiento.

j) Guardar el secreto profesional.

l) Tener cubierto mediante un seguro los riesgos por responsabilidad civil en que pudieran incurrir como consecuencia del ejercicio de la profesión.

m) Cualesquiera otros deberes que deriven de este Estatuto Particular, de las disposiciones legales y de las normas éticas o deontológicas vigentes en cada momento.

Artículo 18. Sugerencias, petición y queja.

1. Los colegiados podrán formular sugerencias a la Junta de Gobierno sobre actividades del Colegio.

2. Podrán presentar también peticiones de mejoras profesionales de carácter general.

3. Igualmente podrán presentar quejas:

a) Por los defectos de tramitación y, en general, los que supongan la paralización de los plazos señalados preceptivamente o la omisión de tramitación, que puedan ser corregidos antes de la resolución definitiva del asunto.

b) Contra las medidas de todo tipo que consideren perjudiciales para la profesión, o lesivas para sus intereses particulares. La resolución adoptada, que no será susceptible de recurso, será notificada al interesado en el plazo de un mes, que contará a partir de la fecha de presentación de la queja.

4. Las peticiones serán resueltas por la Junta de Gobierno con un informe en el plazo de quince días hábiles si son urgentes, o bien en el plazo de treinta días hábiles, si no lo son.

CAPÍTULO IV

De los mecanismos de participación de los colegiados en la Organización y en el funcionamiento del Colegio

Artículo 19. Mecanismos de participación.

Los colegiados podrán participar en la organización y en el funcionamiento del Colegio por medio de los siguientes mecanismos:

a) Tomando parte con sufragio activo y pasivo en todas las elecciones que convoque el Colegio, en especial en la elección de los miembros de la Junta de Gobierno, de acuerdo con lo dispuesto en este Estatuto.

b) Utilizando el local del Colegio para reuniones y actos de carácter colegial, siempre que lo autorice la Junta de Gobierno.

c) Formando parte de las Comisiones y Secciones del Colegio.

d) Utilizando todos los servicios y actividades que organice el Colegio.

e) Integrándose en las actividades y los servicios comunes de interés colegial que se puedan crear.

f) Presentando por escrito en el Colegio sugerencias, quejas y peticiones, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de este Estatuto Particular.

g) Promoviendo actuaciones de la Junta de Gobierno por medio de iniciativas.

h) Promoviendo la remoción de los miembros de la Junta de Gobierno mediante la moción de censura.

i) Proponiendo a la Junta de Gobierno la creación de Comisiones y Secciones representativas de sus intereses en el seno del Colegio.

CAPÍTULO V

De las distinciones y premios

Artículo 20. Distinciones y premios.

1. Los colegiados podrán ser distinguidos y premiados por acuerdo de la Junta General, adoptado por mayoría de dos tercios de los colegiados presentes o legalmente representados.

2. Los premios y distinciones se concederán a los colegiados merecedores de los mismos por su labor al servicio de la cultura, la educación, la investigación científica, la divulgación y la creación literaria y artística, exceptuando los miembros de la Junta de Gobierno, que no podrán, durante su mandato, presentarse ni ser propuestos para ningún premio u honor organizado por el Colegio.

3. La concesión del premio o de la distinción se llevará a cabo a propuesta de la Junta de Gobierno o de colegiados que representen, al menos, el cinco por ciento del censo colegial que exista tres meses antes de la fecha de la presentación de la propuesta de concesión del premio o distinción, que se otorgará en atención a los méritos profesionales, colaboración con el Colegio y tiempo de dedicación.

TÍTULO IV

DE LA CARTA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

Artículo 21. Concepto.

La carta de servicios a la ciudadanía es el documento por el cual el Colegio informa a los ciudadanos sobre los servicios que presta, así como los derechos de éstos en relación con esos servicios.

Artículo 22. Elaboración y aprobación.

1. La elaboración de la carta de servicios a la ciudadanía corresponderá a una Comisión compuesta por el Decano y el Secretario, que redactará una propuesta de carta de servicios para su posterior aprobación.

2. La aprobación de la propuesta de carta de servicios corresponderá a la Junta de Gobierno del Colegio, reunida en sesión ordinaria, mediante el voto favorable de la mitad más uno de sus miembros presentes o legalmente representados, previo informe favorable del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias.

3. Una vez aprobada la carta de servicios, el texto de la misma permanecerá en todo momento en la sede del Colegio a disposición de los ciudadanos para su consulta, permaneciendo también publicada en la página «web» del Colegio.

Artículo 23. Contenido.

La carta de servicios a la ciudadanía tendrá el siguiente contenido:

a) Los servicios que presta el Colegio.

b) Indicación del órgano del Colegio que presta cada servicio.

c) La lista actualizada de las normas que regulan los servicios que presta el Colegio.

d) Los derechos de los ciudadanos en relación con los servicios prestados.

e) El procedimiento y los requisitos necesarios para que los ciudadanos puedan presentar quejas y sugerencias al Colegio, los plazos de contestación a aquéllas y sus efectos.

f) La indicación del domicilio de la sede del Colegio, su número de teléfono y de fax, así como su dirección de correo electrónico y página «web».

g) El horario de atención al público de la oficina del Colegio.

h) Cualquier otro dato de interés sobre los servicios que presta el Colegio.

Artículo 24. Presentación de sugerencias y quejas por los ciudadanos.

1. Los ciudadanos podrán presentar, individual o colectivamente, en el Colegio en cualquier momento, sugerencias sobre actividades y materias que sean competencia del Colegio, que serán en todo caso estudiadas por la Junta de Gobierno.

2. Igualmente podrán presentar quejas relativas a cuestiones de interés general o también sobre asuntos que les afecten a título individual, debiendo ser tramitadas y contestadas a través del procedimiento y con los efectos regulados en los siguientes apartados.

3. Una vez presentada la queja, ésta se elevará a la Junta de Gobierno dentro del plazo de cinco días hábiles, contados desde el día siguiente al de su presentación, debiendo ser contestada expresamente por la Junta de Gobierno dentro del plazo de quince días hábiles contados desde el día siguiente al de la presentación de la queja.

La resolución adoptada, que no será susceptible de recurso, deberá ser notificada al interesado en el plazo de siete días hábiles desde que la misma se dictara.

4. En el supuesto de que la resolución de la queja resultase favorable para el ciudadano, la Junta de Gobierno deberá adoptar las medidas necesarias a fin de impedir que, en lo sucesivo, se cause o se vuelva a causar desde el Colegio perjuicio alguno o bien al ciudadano que formuló su queja particular o bien a la ciudadanía, en el caso de que la queja se refiriera a alguna cuestión de interés general.

TÍTULO V

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL COLEGIO

CAPÍTULO PRELIMINAR

Artículo 25. Órganos del Colegio.

Son órganos de gobierno del Colegio: el Decano, la Junta General, como órgano máximo de decisión, y la Junta de Gobierno, como órgano representativo y de gestión.

CAPÍTULO I

De la Junta General

Artículo 26. Junta General.

1. Es el órgano supremo del Colegio, por lo que sus acuerdos, válidamente adoptados, obligan a todos los colegiados, incluidos los colegiados que voten en contra de los mismos, se abstengan o se hallen ausentes.

2. Pueden participar en ella con voz y voto todos los colegiados que estén en pleno ejercicio de sus derechos colegiales.

3. Está compuesta en cada sesión por el Decano del Colegio, los miembros de La Junta de Gobierno y todos los colegiados presentes o legalmente representados.

Artículo 27. Tipos de sesiones y convocatoria.

1. Las sesiones de la Junta General, que podrán ser ordinarias o extraordinarias, serán convocadas por el Decano, previa citación personal por escrito a cada colegiado, adjuntando el correspondiente orden del día, que deberá cursarse, al menos, con una semana de antelación, no pudiendo adoptarse acuerdo alguno sobre asuntos no incluidos en el orden del día fijado para cada sesión.

2. Se celebrarán, al menos, dos sesiones ordinarias al año, una dentro del primer trimestre natural para la aprobación de las cuentas anuales y memoria de gestión; y otra dentro del último trimestre, para aprobar el presupuesto del siguiente ejercicio.

3. Las sesiones extraordinarias se convocarán cuando lo acuerde la Junta de Gobierno o cuando así lo solicite al menos el diez por ciento del total de los colegiados según el censo oficial, debiendo formular para ello un escrito motivado y firmado en el que consten los asuntos a tratar, debiendo convocar el Decano de inmediato la Junta General solicitada por los colegiados.

4. Todos los colegiados tienen el derecho a asistir con voz y voto a las sesiones de la Junta General que se celebren, admitiéndose la asistencia y voto por delegación o representación, que recaerá siempre en otro colegiado, mediante autorización escrita y para cada sesión, por lo que solo serán válidas las autorizaciones entregadas al Secretario antes de dar comienzo la sesión de la Junta General.

Artículo 28. Sesiones y acuerdos.

1. La Junta General quedará válidamente constituida en primera convocatoria con la asistencia de la mitad más uno de los miembros que la integran, presentes o legalmente representados; y media hora más tarde, en segunda convocatoria, con cuantos colegiados estén presentes o legalmente representados, según el censo colegial que exista en la fecha de convocatoria de la sesión de la Junta General.

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los colegiados presentes o legalmente representados, decidiendo siempre en caso de empate el voto de calidad del Decano, salvo en los casos de moción de censura, modificación de este Estatuto Particular, disolución, segregación y fusión del Colegio, creación y disolución de Delegaciones, así como para la concesión de premios y distinciones, supuestos en los que se exigirá para la adopción de los acuerdos las mayorías cualificadas establecidas para cada uno de estos supuestos en este Estatuto.

3. El voto será secreto si así lo solicita algún asistente y es aprobado por mayoría de los presentes en previa votación a mano alzada.

Artículo 29. Actas.

1. El Secretario levantará Acta de cada sesión de la Junta General, ya sea ésta ordinaria como extraordinaria, dando fe de su contenido con el visto bueno del Decano, en la que se expresarán, además de las circunstancias de convocatoria y válida constitución, el orden del día, un extracto de los debates y deliberaciones, el resultado de las votaciones, el contenido de los acuerdos adoptados y las observaciones manifestadas en el turno de «ruegos y preguntas».

2. Salvo lo dispuesto en materia disciplinaria, las resoluciones de la Junta General, los actos y los acuerdos adoptados se considerarán ejecutivos desde el momento de su adopción, resultando de obligado cumplimiento para los colegiados, sin más requisitos que su notificación y publicación en forma cuando proceda, y salvo que por sus propios términos se encuentren sometidos a plazo determinado o condición expresa para su eficacia o entrada en vigor.

Artículo 30. Competencias.

Corresponde a la Junta General el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Aprobar el Estatuto Particular del Colegio, así como sus respectivas modificaciones.

b) Aprobar los presupuestos para el siguiente ejercicio y la cuenta de ingresos y gastos del ejercicio anterior, debiendo haber sido previamente presentados y aprobados en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno mediante el voto favorable de la mitad más uno de los miembros presentes o legalmente representados, decidiendo siempre el voto de calidad del Decano en caso de empate.

c) Decidir sobre las propuestas de inversión de bienes colegiales.

d) Determinar las cuotas, cargas y aportaciones económicas que deba satisfacer cada colegiado.

e) Adoptar acuerdos sobre las gestiones de la Junta de Gobierno, así como decidir sobre todas aquellas cuestiones que, por iniciativa de la Junta de Gobierno, figuren en el orden del día de las sesiones de la Junta General y sobre cualquier asunto que afecte a la vida colegial.

f) Considerar los informes de las Secciones, Comisiones y equipos de trabajo cuando así lo acuerde la Junta de Gobierno o lo soliciten, al menos, quince colegiados.

g) Establecer las líneas generales de actuación del Colegio con el Consejo Andaluz, con el Consejo General y con las Administraciones Públicas en el ámbito de la provincia de Cádiz.

h) La elección del Decano y del resto de los miembros que integran la Junta de Gobierno.

i) Exigir responsabilidad al Decano y al resto de los miembros de la Junta de Gobierno, promoviendo, en su caso, la moción de censura contra los mismos, a través del procedimiento regulado en este Estatuto Particular.

j) Acordar la fusión, segregación, disolución y liquidación del Colegio, así como la creación y disolución de Delegaciones, todo ello a través de los procedimientos establecidos en este Estatuto.

CAPÍTULO II

De la Junta de Gobierno

Sección I. De su composición, funcionamiento y competencias

Artículo 31. Composición.

1. La Junta de Gobierno es el órgano de representación y gestión del Colegio, al que corresponde su gobierno y administración, con sujeción al Ordenamiento Jurídico y a este Estatuto.

2. La Junta de Gobierno estará integrada, al menos, por el Decano, un Vicedecano, un Secretario, un Tesorero y dos Vocales.

3. Los miembros de la Junta de Gobierno deben tener residencia legal en la provincia de Cádiz.

4. No podrán formar parte de la Junta de Gobierno los colegiados que se hallen condenados por sentencia firme que lleve aparejada la pena de inhabilitación o suspensión para ejercer cargos públicos y los que hayan sido objeto de sanción disciplinaria grave o muy grave en cualquier Colegio, en tanto no quede extinguida la correspondiente responsabilidad.

5. Los miembros de la Junta de Gobierno deberán encontrarse en el ejercicio de la profesión.

Artículo 32. Cese y sustituciones.

1. Serán causa de cese en la Junta de Gobierno:

a) Terminación del mandato.

b) Fallecimiento.

c) Enfermedad que incapacite para el ejercicio del cargo.

d) Renuncia por causa de fuerza mayor, siempre que se justifique suficientemente la concurrencia de esa causa.

e) Traslado de residencia fuera del ámbito territorial de la Provincia de Cádiz.

f) Sanción disciplinaria firme por infracción grave o muy grave.

g) Condena por sentencia firme que lleve aparejada inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.

h) Baja como colegiado.

i) Tres faltas de asistencia consecutivas no justificadas y seis discontinuas, igualmente no justificadas, a las reuniones de la Junta de Gobierno.

j) Moción de censura.

2. Si por cualquier causa, cesaran en su cargo la mitad más uno de los miembros de la Junta de Gobierno, se convocarán elecciones de forma inmediata para cubrir las vacantes existentes, agotando su mandato legal el resto de los miembros, quienes seguirán actuando como Junta de Gobierno en el proceso electoral.

Artículo 33. Sesiones.

1. La Junta de Gobierno deberá reunirse en sesión ordinaria, al menos, una vez al mes, salvo en agosto, y en sesión extraordinaria cuando la convoque el Decano por propia iniciativa o a petición del veinte por ciento de los miembros de la Junta de Gobierno.

2. La asistencia a las sesiones es obligatoria, salvo justificada causa de fuerza mayor, siendo sancionadas las faltas de asistencia a las reuniones de la Junta de Gobierno según lo dispuesto por el artículo 32 de este Estatuto.

3. Potestativamente la Junta de Gobierno podrá invitar a sus sesiones, en calidad de asesores sin voto, a las personas cuya asistencia considere conveniente.

4. La adopción válida de acuerdos exigirá que el número de asistentes a la reunión sea superior a la mitad más uno de los miembros integrantes de la Junta de Gobierno.

5. Deberá convocarse la sesión por el Decano, con el oportuno orden del día, con al menos una semana de antelación. No obstante, el cumplimiento de dicho plazo no será preceptivo cuando se trate de sesiones extraordinarias, pudiendo adoptarse acuerdos válidos únicamente sobre las cuestiones que figuren en el orden del día.

6. Para la aprobación de acuerdos, será necesario que voten favorablemente la mitad más uno de sus miembros presentes o legalmente representados, sin tenerse en cuenta para el cómputo las vacantes existentes, decidiendo siempre el voto de calidad del Decano en caso de empate.

7. Los acuerdos serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de la aprobación del Acta en la siguiente reunión.

Artículo 34. Actas.

1. El Secretario levantará el Acta de cada sesión de la Junta de Gobierno, ya sea ésta ordinaria como extraordinaria, dando fe de su contenido con el visto bueno del Decano, en la que se expresarán, además de las circunstancias de convocatoria y válida constitución, los asistentes a la misma, el orden del día, un extracto de los debates y deliberaciones, el resultado de las votaciones, el contenido de los acuerdos adoptados y las observaciones manifestadas en el turno de «ruegos y preguntas».

2. Al comienzo de cada sesión de la Junta de Gobierno, ya sea ordinaria como extraordinaria, el Secretario procederá a la lectura del Acta de la sesión anterior, sometiendo la misma a votación, junto con las enmiendas y «addendas» que se hayan incluido en ese momento, debiendo ser firmada por todos los miembros de la Junta de Gobierno que asistieron a la sesión.

3. El Acta, junto con las enmiendas y «addendas», será aprobada en la misma sesión por la mitad más uno de los miembros presentes o legalmente representados, debiendo quedar reflejada la aprobación del Acta en el orden del día de la convocatoria.

4. Salvo lo dispuesto en materia disciplinaria, las resoluciones de la Junta de Gobierno, los actos y los acuerdos adoptados se considerarán ejecutivos desde el momento de su adopción, resultando de obligado cumplimiento para los colegiados, sin más requisitos que su notificación y publicación en forma cuando proceda, y salvo que por sus propios términos se encuentren sometidos a plazo determinado o condición expresa para su eficacia o entrada en vigor.

Artículo 35. Competencias.

1. La Junta de Gobierno tiene competencia para todas aquellas materias que no hayan sido atribuidas expresamente a la Junta General.

2. De modo especial corresponde a la Junta de Gobierno las siguientes competencias:

a) Velar por el cumplimiento de los fines del Colegio y por la correcta ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General, promoviendo las iniciativas que esta le encomiende.

b) Resolver las peticiones de incorporación al Colegio y las bajas de sus colegiados de acuerdo con los requisitos y las causas enumeradas en este Estatuto.

c) Recaudar, custodiar y administrar los bienes y los fondos del Colegio, disponiendo de los recursos e inversiones, así como proponer a la Junta General la adquisición, enajenación o gravamen de los bienes que integren el patrimonio colegial.

d) Confeccionar, para su remisión a la Junta General: la memoria anual de actividades, la memoria económica y los presupuestos del Colegio, así como el Proyecto de Reforma del Estatuto Particular del Colegio, debiendo rendir anualmente cuentas de los ingresos y gastos del Colegio.

e) Ejercer la potestad disciplinaria sobre los colegiados de conformidad con lo dispuesto en este Estatuto.

f) Dirimir en vía de conciliación o arbitraje los conflictos que surjan entre los colegiados en el ejercicio de la profesión.

g) Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno y de la Junta General, fijando el orden del día, en la forma indicada en el presente Estatuto.

h) Informar a los colegiados sobre cualquier cuestión que pueda afectarles, de índole colegial, profesional, cultural o de otras materias, de las que la Junta de Gobierno tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones, así como resolver sus consultas, quejas y peticiones.

i) Convocar las elecciones para designar los cargos de la Junta de Gobierno.

j) Crear y disolver, por iniciativa propia o a petición de un mínimo de diez colegiados, las Secciones y Comisiones de colegiados que resulten representativas de los intereses de éstos en el seno del Colegio, así como aprobar sus reglamentos de organización y funcionamiento internos y demás normas de régimen interior y sus modificaciones.

k) Las de coordinación con los Consejos Andaluz y General, ejecutando los acuerdos correspondientes.

Artículo 36. El Decano.

Corresponden al cargo de Decano, las siguientes atribuciones:

a) Representar al Colegio y a la Junta de Gobierno ante las administraciones públicas, autoridades, entidades, corporaciones, instituciones, personas físicas y jurídicas.

b) Asistir como representante del Colegio a las sesiones del Consejo General y a las del Consejo Andaluz.

c) Autorizar los informes y solicitudes oficiales del Colegio que se dirijan a autoridades y corporaciones.

d) Firmar toda clase de contratos y convenios con entidades públicas y privadas.

e) Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno y de la Junta General, fijando el orden del día de todas ellas y dirimiendo con su voto de calidad los empates que se produzcan en las votaciones.

f) Autorizar con su firma la ejecución y el cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno y por la Junta General.

g) Otorgar Poderes.

h) Autorizar la apertura de cuentas corrientes bancarias, movimientos de fondos y constitución, modificación y cancelación de garantías, avales, depósitos e hipotecas.

i) Velar por la correcta conducta profesional de los colegiados y por el decoro del Colegio.

j) Ejercer cuantas demás funciones le atribuya este Estatuto y demás normativa que se encuentre vigente en cada momento.

Artículo 37. El Vicedecano.

1. Desempeñará todas aquellas funciones que le confiera la Junta de Gobierno o el Decano, sustituyendo a éste en los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad o imposibilidad.

2. Si quedaran vacantes los puestos de Decano y de Vicedecano ejercerá las funciones de aquél el miembro de la Junta de Gobierno que sea designado por los demás componentes de la misma.

Artículo 38. El Secretario.

Corresponden al Secretario, las siguientes atribuciones:

a) Llevar y custodiar los libros, documentos, registro y sello del Colegio.

b) Dar fe de los acuerdos, certificaciones y actos del Colegio.

c) Recibir y tramitar las solicitudes, comunicaciones y escritos que se reciban, dando cuenta al Decano o a la Junta de Gobierno, según proceda.

d) Redactar las Actas de las sesiones de la Junta General y de la Junta de Gobierno.

e) Realizar informes y escritos a petición de la Junta de Gobierno.

Artículo 39. El Tesorero.

Corresponden al Tesorero las siguientes funciones:

a) Recaudar y custodiar los fondos y recursos del Colegio.

b) Llevar el inventario de los bienes del Colegio.

c) Efectuar todo tipo de pagos con la autorización del Decano.

d) Ingresar y retirar fondos de las cuentas corrientes conjuntamente con el Decano.

e) Redactar los presupuestos anuales que la Junta de Gobierno deba presentar a la aprobación de la Junta General.

f) Formular trimestral y anualmente la cuenta de ingresos y gastos.

Artículo 40. Los Vocales.

1. Serán vocales aquellos colegiados que quieran pertenecer a la Junta de Gobierno y resulten elegidos tras el correspondiente proceso electoral.

2. Les corresponde desempeñar las siguientes funciones:

a) Colaborar en las funciones de la Junta de Gobierno de forma general y en las áreas específicas que se les asignen, asistiendo a sus reuniones y deliberaciones.

b) Sustituir al Vicedecano, al Secretario y al Tesorero en casos de ausencia, enfermedad, imposibilidad o vacante, según indique en cada momento la Junta de Gobierno.

c) El ejercicio de cuantas funciones les delegue expresamente la Junta de Gobierno.

CAPÍTULO III

De la elección de la Junta de Gobierno

Artículo 41. Convocatoria.

1. Los miembros de la Junta de Gobierno son elegidos mediante votación por los colegiados, dentro de un proceso electoral que debe desarrollarse con los requisitos, garantías y plazos establecidos en este Estatuto Particular, renovándose la Junta de Gobierno cada cuatro años, pudiendo ser reelegidos sus miembros.

2. La convocatoria de elecciones, ordinarias o extraordinarias, se hará, al menos, con dos meses de antelación a la fecha de su celebración y será comunicada a todos los colegiados y difundirse en la forma más amplia posible, debiendo especificarse en la convocatoria la duración de los mandatos, junto con un detallado calendario de todo el proceso electoral.

Artículo 42. Electores y elegibles.

1. Será elector el colegiado que tenga derecho a voto, pudiendo ejercer este derecho los colegiados que no se hallen incursos en prohibición o incapacidad legal o estatutaria.

2. Durante los treinta días hábiles anteriores a la fecha electoral, el Colegio expondrá en el tablón de anuncios la lista de sus colegiados con derecho a voto, que deberá quedar expuesta en el tablón de anuncios hasta la finalización del proceso electoral.

3. Durante los primeros siete días hábiles de exposición de las listas, los colegiados podrán formular reclamaciones, mediante escrito dirigido a la Junta de Gobierno, quien deberá resolverlas expresamente en el plazo de siete días hábiles contados desde el día siguiente al de finalización del plazo de reclamación.

4. Será elegible el colegiado que tenga derecho a presentarse como candidato a las elecciones que se convoquen en el seno del Colegio, pudiendo ejercer este derecho los colegiados que reúnan los requisitos establecidos en el apartado siguiente.

5. Podrán ser candidatos para cubrir los cargos de la Junta de Gobierno aquellos colegiados que, ostentando la condición de electores, no estén incursos en prohibición o incapacidad legal o estatutaria y hayan cumplido como mínimo dos años de colegiación en la fecha de la convocatoria electoral.

6. En ningún caso podrá una misma persona presentarse para dos cargos de la Junta de Gobierno.

Artículo 43. Presentación y proclamación de candidaturas.

1. Dentro de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de la convocatoria electoral se podrán presentar en el Colegio las candidaturas a los cargos que se pretenden cubrir.

Las candidaturas siempre serán colectivas, entendiéndose cada candidatura como un grupo de colegiados que conforman una misma lista y que, por tanto se presentan a todos y a cada uno de los cargos que constituirán la Junta de Gobierno que resulte elegida.

2. Durante los posteriores tres días hábiles deberá el Colegio exponer públicamente la relación de candidatos propuestos, a fin de que en los cinco días hábiles siguientes puedan ser objeto de impugnación por el elector o electores que lo estimen procedente, pudiendo presentar su renuncia en ese mismo plazo los candidatos que lo deseen.

3. La Junta de Gobierno resolverá expresamente las impugnaciones formuladas dentro del plazo de tres días hábiles contados desde el día siguiente al de finalización del plazo de reclamación.

En el supuesto de que se presenten como candidatos miembros de la Junta de Gobierno, éstos no podrán intervenir en la resolución de las reclamaciones ni en ningún otro momento del proceso electoral. Si el Secretario se presentase a la reelección, el Tesorero asumirá sus funciones en el proceso electoral, de modo que si éste último también se presentase a la reelección lo hará un vocal de la Junta de Gobierno por designación de la misma.

4. Contra la resolución adoptada por la Junta de Gobierno se podrá recurrir ante el Consejo Andaluz dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que se dictó la referida resolución, debiendo resolver el Consejo Andaluz en el plazo de tres día hábiles contados desde el día siguiente a aquél en que reciba el recurso dirigido contra la resolución adoptada por la Junta de Gobierno.

5. En la fecha ya anunciada por la convocatoria oficial de las elecciones, la Junta de Gobierno publicará en el tablón de anuncios del Colegio las listas oficiales de candidatos, debiendo además ser enviado el contenido de estas listas a todos los colegiados.

También deberá el Colegio comunicar al Consejo Andaluz y al Consejo General de modo fehaciente la proclamación definitiva de candidatos con una antelación mínima de cinco días hábiles a la celebración de las elecciones.

6. En el caso de no presentarse ninguna candidatura, tanto el Decano como los demás miembros de la Junta de Gobierno se mantendrán en sus cargos hasta la próxima convocatoria de elecciones.

Artículo 44. Vacantes en la Junta de Gobierno.

1. Cuando, por cualquier causa, la totalidad de los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio queden vacantes, el Consejo Andaluz designará una Junta Provisional que convocará, en el plazo de treinta días, elecciones para la provisión de los cargos vacantes.

Estas elecciones deberán celebrarse dentro de los dos meses siguientes contados desde la fecha de la convocatoria.

2. Si quedasen vacantes más de la mitad de miembros de la Junta de Gobierno, el Consejo Andaluz los completará de forma también provisional, actuándose para su provisión definitiva en la misma forma indicada en el apartado anterior. En este supuesto, los elegidos desempeñarán su cargo por el tiempo que medie hasta la época de su renovación, según el turno establecido.

3. Si fuera de los supuestos anteriores, se produjera alguna vacante en la Junta de Gobierno, esta se proveerá por designación del Decano en la siguiente reunión ordinaria de la Junta de Gobierno, hasta que sea cubierta por elección en la próxima convocatoria de elecciones. En este caso, el elegido desempeñará su cargo por el tiempo que medie hasta su renovación, según el turno establecido.

4. Cuando se produzcan vacantes en la Junta de Gobierno, antes de celebrarse elecciones, y sean cubiertas esas vacantes por designación, deberá informarse sobre esta circunstancia al Consejo Andaluz y al órgano competente de la Junta de Andalucía.

Artículo 45. Procedimiento electoral.

1. En el lugar y día prefijado para la elección y una hora antes de empezar ésta, se constituirá la mesa electoral.

2. La mesa electoral estará integrada por un Presidente, un Vocal y un Secretario, nombrados por la Junta de Gobierno entre colegiados que no se presenten como candidatos a la elección, y que tendrán designados sus respectivos suplentes, debiendo el Presidente ostentar la condición de miembro de la Junta de Gobierno.

También podrán formar parte de la mesa electoral los interventores designados por los candidatos, que tendrán voz pero no tendrán voto, a los efectos de controlar el proceso de elección.

3. Cada candidato tendrá derecho a nombrar a dos interventores, que deberán ser electores, debiendo ser comunicada a la Junta de Gobierno la designación de interventores con, al menos, veinticuatro horas de antelación a la constitución de la mesa electoral.

4. El voto será secreto y directo, pudiendo ser emitido o bien personalmente el día de la elección, o bien por correo, con las garantías y requisitos que se establecen en los apartados siguientes.

Se emitirá el voto personalmente tras la comprobación documental de la identidad del votante y de su condición de elector, lo cual se llevará a cabo verificando que figura en las listas de electores.

El voto personal se emitirá cumpliendo las siguientes normas:

a) El elector deberá entregar al Presidente de la mesa, previa identificación a través de su carné de colegiado, Documento Nacional de Identidad, permiso de conducir o pasaporte, un sobre normalizado facilitado por el Colegio para las elecciones, en el cual habrá introducido previamente una papeleta oficial, en la que deberá figurar alguna de las candidaturas a los distintos cargos de la Junta de Gobierno del Colegio.

b) El Secretario de la mesa deberá consignar en la lista de colegiados electores aquellos que vayan depositando su voto.

c) En la comunicación oficial de la convocatoria electoral se especificarán las características de las papeletas y de los sobres, debiendo el Colegio facilitar en esa notificación a todos los colegiados los sobres normalizados y las papeletas oficiales en las que figuren las distintas candidaturas individuales que se presentan para cubrir los cargos de la Junta de Gobierno del Colegio.

5. Voto por correo. El voto podrá efectuarse también por correo certificado individual, de tal forma que sólo se contabilizarán los votos que hayan sido enviados al Colegio con una antelación mínima de tres días a la fecha de la votación.

La papeleta de votación, en la que no constará ni la identidad ni la firma del votante, irá en un sobre cerrado y éste a su vez en otro sobre cerrado en el que conste el nombre, dirección profesional y número de colegiado del votante, debiéndose adjuntar en el mismo sobre una fotocopia del Documento Nacional de Identidad del votante, siendo todo ello enviado por correo certificado dirigido al Colegio.

La custodia de los votos por correo corresponde al Secretario de la Junta de Gobierno, que hará entrega de los mismos a la mesa electoral en el momento de iniciarse la votación.

Una vez finalizada la emisión personal de votos, se abrirán los sobres recibidos por correo y se introducirán en la urna los sobres que contenían, después de haberse comprobado la identidad del elector, de tal modo que si el elector ya hubiese votado personalmente se inutilizará su voto por correo.

En la convocatoria electoral se especificarán todas las instrucciones que deben seguir los electores para emitir válidamente su voto por correo.

6. Terminada la votación en el horario que se fije en la convocatoria, se procederá al escrutinio, que será público, procediéndose por el Presidente de la Mesa electoral a la apertura de la urna y al escrutinio de los votos. Los votos que hayan llegado por correo se computarán y se asignarán a cada colegiado que los haya emitido y se introducirán en la urna para su cómputo. Un mismo colegiado solo podrá emitir un voto.

Resultarán nulos los votos colectivos, aunque el sobre lo remita una sola persona, de modo que cada sobre deberá contener para su validez un solo voto.

Será considerado voto nulo el sobre que contenga varias papeletas, modificaciones, tachaduras, frases o expresiones distintas del nombre y cargo del candidato, o los que recaigan sobre personas que no se hayan presentado a la elección.

Será considerados votos en blanco los que sean sobres vacíos o contengan papeles en blanco.

7. La candidatura que obtenga mayor número de votos será elegida para los respectivos cargos del Colegio. En el caso de que se produzca un empate a votos entre las candidaturas más votadas, se procederá a una segunda votación, que deberá celebrarse en el plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al de la primera votación.

8. A continuación se levantará Acta por cuadriplicado en la cual quedará constancia del escrutinio y del resultado de las elecciones, y que será firmada por los componentes de la mesa electoral y por los interventores, debiendo permanecer una copia expuesta en el lugar de la votación, de otra se hará cargo el Secretario del Colegio, una tercera se enviará urgentemente al Consejo General y la cuarta al Consejo Andaluz.

9. Tras el escrutinio, podrán formularse reclamaciones relativas a la celebración de las elecciones.

Estas reclamaciones se presentarán en la sede del Colegio dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la celebración de las elecciones, debiendo la Junta de Gobierno dar traslado inmediato de las mismas al Consejo Andaluz, que las resolverá en un plazo no superior a treinta días hábiles.

10. Si el Consejo Andaluz resolviera que deben anularse las elecciones lo comunicará al Colegio y al Consejo General, debiendo convocarse nuevas elecciones en el plazo máximo de un mes. La Junta de Gobierno continuará en funciones hasta que sean proclamados los cargos de la nueva Junta de Gobierno elegida.

Si no hubiera reclamaciones se procederá con carácter inmediato a la proclamación de los candidatos electos.

En el caso de que una vez resueltas las reclamaciones presentadas, el Consejo Andaluz considerara celebradas legítimamente las elecciones, así lo declarará, debiendo comunicarlo expresamente al Colegio y al Consejo General.

11. En el supuesto de que no se hubiesen formulado reclamaciones, los candidatos elegidos deberán tomar posesión de sus cargos en un plazo máximo de quince días desde el día de su proclamación, debiendo contarse este plazo, en el caso de haberse presentado reclamaciones, desde la fecha en que se reciba en el Colegio la comunicación de aprobación de las elecciones por el Consejo Andaluz declarando haber sido celebradas legítimamente.

Si la toma de posesión no fuese posible en el plazo indicado por causa justificada, se establecerá una fecha límite después de haber consultado con los candidatos elegidos.

Si algún miembro de la Junta de Gobierno electa no pudiera tomar posesión el mismo día que lo hicieran los demás miembros de la misma, se le concederá un plazo lo más breve posible para que efectúe la toma de posesión de su cargo.

El Colegio deberá comunicar al Consejo General, al Consejo Andaluz y al órgano competente de la Junta de Andalucía la constitución y composición de la mesa electoral, así como el resultado de la elección en el plazo de cinco días hábiles siguientes al día en que ésta tuviera lugar, debiendo indicarse también en esta notificación el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos.

Igualmente se deberá comunicar al Consejo General, al Consejo Andaluz y al órgano competente de la Junta de Andalucía la toma de posesión de los cargos electos dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la fecha en que ésta se llevara a cabo.

CAPÍTULO IV

De la moción de censura

Artículo 46. Moción de censura.

1. La Junta General podrá exigir responsabilidad al Decano y a cualquier miembro de la Junta de Gobierno mediante la adopción de un voto de censura por mayoría absoluta de los colegiados presentes o legalmente representados en sesión extraordinaria de la Junta General convocada al efecto.

2. La moción deberá ser propuesta por escrito razonado con la firma de, al menos, el veinticinco por ciento del censo colegial que exista tres meses antes de la fecha de la presentación de la propuesta de moción.

3. Si la moción de censura resultase aprobada por la Junta General, ésta designará nuevos miembros de la Junta de Gobierno en sustitución de los que hubieren sido objeto de moción de censura, debiéndose convocar elecciones en el plazo de un mes para la cobertura de los cargos cesados. Si la moción de censura no fuese aprobada, sus signatarios no podrán presentar otra hasta transcurridos seis meses desde la misma.

TÍTULO VI

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO

Artículo 47. Autonomía y autogestión económica.

1. El Colegio tiene plena capacidad patrimonial para el debido cumplimiento de sus fines y total autonomía para administrar y gestionar sus bienes, sin perjuicio de su necesaria contribución al sostenimiento del Consejo Andaluz y del Consejo General.

2. Los fondos del Colegio están constituidos por recursos ordinarios y extraordinarios.

Artículo 48. Recursos económicos ordinarios.

Son recursos ordinarios del Colegio:

a) Las cuotas de incorporación al Colegio.

b) Las cuotas ordinarias y extraordinarias y demás cargas colegiales que fije la Junta General a propuesta de la Junta de Gobierno.

c) El porcentaje que se fije reglamentariamente sobre los honorarios de los profesionales que sometan sus trabajos a supervisión o visado por el Colegio.

d) Los ingresos por venta de publicaciones, ingresos, suscripciones, expedición de certificaciones, realización de dictámenes, asesoramientos y similares.

e) Los rendimientos de cualquier naturaleza que produzcan los bienes y derechos que integran su patrimonio, así como los que produzcan sus actividades y servicios.

f) Cualquier otro ingreso que procediera legalmente.

Artículo 49. Recursos económicos extraordinarios.

Son recursos extraordinarios:

a) Las subvenciones, donativos o ayudas de cualquier tipo que le sean concedidas por las Administraciones Públicas, entidades públicas o privadas y por particulares.

b) Bienes y derechos que pasen a formar parte de su patrimonio por herencia, legado, cesión, donación o cualquier otro título.

c) Los generados por rentas, dividendos, intereses y similares procedentes de la gestión de sus recursos.

d) Los remanentes de ejercicios económicos anteriores.

e) Cantidades y derechos que por cualquier concepto lícito le corresponda recibir.

Artículo 50. Aplicación de los recursos económicos.

La totalidad de los recursos ordinarios y extraordinarios del Colegio deberán destinarse exclusivamente al cumplimiento de las obligaciones atribuidas por la Ley de Consejos Andaluces de Colegios, por la Ley de Colegios Profesionales de Andalucía y por las normas estatutarias y reglamentarias.

Artículo 51. Rendición de cuentas.

Las cuentas del Colegio podrán ser examinadas por los colegiados en el periodo que medie entre la convocatoria y cuarenta y ocho horas antes de la señalada para la celebración de la sesión ordinaria de la Junta General en la que se presenten, pudiendo también los colegiados formular alegaciones, sugerencias y peticiones sobre cualquier dato relativo al ejercicio económico.

TÍTULO VII

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 52. Responsabilidad disciplinaria.

Con independencia de la responsabilidad civil o penal en que puedan incurrir, los colegiados están sujetos a responsabilidad disciplinaria por infracción de los deberes y de las normas éticas profesionales, de conformidad con lo dispuesto en este Estatuto y demás disposiciones aplicables.

Artículo 53. Potestad disciplinaria.

1. Corresponde a la Junta de Gobierno el ejercicio de la potestad disciplinaria sobre los colegiados pertenecientes al Colegio de Cádiz.

2. Los miembros de la Junta de Gobierno están sujetos a la potestad disciplinaria del Consejo Andaluz conforme a lo previsto en sus Estatutos, sin menoscabo de la potestad del Consejo General para sancionar las infracciones cometidas por aquéllos en relación con sus funciones de participación o representación en el Consejo General.

Artículo 54. Normativa aplicable.

1. No podrá imponerse sanción alguna sin la previa instrucción y resolución del correspondiente expediente disciplinario, que se tramitará según lo dispuesto en este Estatuto.

2. En todo lo no previsto en el presente Estatuto tendrán carácter supletorio la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

CAPÍTULO II

De las infracciones y sanciones

Artículo 55. Infracciones.

1. Serán sancionables todas las acciones y omisiones en que incurran los colegiados en el orden profesional y colegial y que se hallen tipificadas como infracciones en este Estatuto.

2. Las infracciones disciplinarias se clasifican en leves, graves y muy graves:

A. Son infracciones leves:

a) La negligencia en el cumplimiento de los deberes profesionales y de las obligaciones colegiales.

b) La falta de respeto hacia otros colegiados en el ejercicio de la actividad profesional, así como en el desempeño de sus funciones en el caso de que el colegiado perjudicado sea miembro de la Junta de Gobierno del Colegio.

B. Son infracciones graves:

a) Atentar gravemente contra la dignidad o el honor de otros colegiados, de los miembros de los órganos de gobierno del Colegio cuando actúen en el ejercicio de sus funciones, así como de otros profesionales y de las personas e instituciones con quienes se relacione el colegiado con ocasión de su ejercicio profesional.

b) El incumplimiento reiterado de la obligación de pago de las cuotas colegiales, siempre que sea requerido para ello. A tal efecto se considerará incumplimiento reiterado el no abonar las cuotas colegiales durante un periodo de seis meses consecutivos o distribuidos en un periodo de doce meses.

c) El incumplimiento de las obligaciones que, respecto al Colegio y a los colegiados, se establecen en la legislación vigente, en este Estatuto Particular y en los reglamentos de régimen interior del Colegio.

d) El incumplimiento de los acuerdos adoptados por los órganos del Colegio, del Consejo Andaluz y del Consejo General.

e) El menosprecio grave, la injuria y las agresiones a otros colegiados.

f) Los actos ilícitos que impidan o alteren el normal funcionamiento del Colegio, del Consejo Andaluz, del Consejo General o de sus órganos.

g) El incumplimiento de los deberes profesionales y de las normas deontológicas cuando causen perjuicio a quienes hayan solicitado o concertado la actuación profesional del colegiado.

h) El encubrimiento de actos de intrusismo profesional o de actuaciones profesionales que vulneren las normas deontológicas de la profesión, que causen perjuicio a las personas que hayan solicitado o concertado la actuación profesional.

i) La reincidencia de infracciones leves. A tal efecto se entenderá por reincidencia la comisión de, al menos, cinco infracciones leves en el plazo de dos años.

C. Son infracciones muy graves:

a) La comisión de delitos dolosos, en cualquier grado de participación, como consecuencia del ejercicio profesional.

b) El incumplimiento de los deberes profesionales y de las normas deontológicas cuando resulte perjuicio grave para las personas que hayan solicitado o concertado la actuación profesional.

c) El ejercicio de las profesiones vinculadas a las titulaciones que abarca el Colegio hallándose en situación de inhabilitación profesional o estando incurso en causa de incapacidad, incompatibilidad o prohibición.

d) La vulneración del secreto profesional.

e) La comisión de, al menos, dos infracciones graves, en el plazo de dos años.

Artículo 56. Sanciones.

1. La comisión de los actos tipificados en el artículo anterior, podrá determinar, la imposición de las siguientes sanciones:

a) Para las infracciones leves:

1. Apercibimiento por escrito.

2. Amonestación privada.

b) Para las graves:

1. Amonestación pública.

2. Suspensión del ejercicio profesional por un período máximo de seis meses.

c) Para las muy graves:

1. Suspensión en el ejercicio de la profesión por un período máximo de un año.

2. Suspensión de la condición de colegiado por un período máximo de dos años.

3. Expulsión del Colegio.

2. La imposición de sanciones graves y muy graves conlleva la inhabilitación para el desempeño de cargos de gobierno del Colegio, durante el periodo de tiempo que dure la sanción.

3. En todo caso, deberá atenderse al principio de proporcionalidad entre la infracción cometida y la sanción a imponer.

Artículo 57. Prescripción.

1. Las infracciones leves prescribirán a los seis meses, las graves a los dos años y las muy graves a los tres años, a contar desde el día en que se hubiera cometido la infracción.

El plazo de prescripción en los casos de infracción continuada o permanente se computará, respectivamente, desde el día en que se produjo la última infracción o desde que cesó la situación ilícita.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento disciplinario, reanudándose el cómputo del plazo de prescripción si el expediente disciplinario estuviera paralizado durante más de seis meses por causa no imputable al presunto responsable.

Cuando del contenido del expediente disciplinario, se advierta el transcurso del plazo de prescripción, ésta se apreciará de oficio y la Junta de Gobierno decretará el archivo del mismo.

2. Las sanciones impuestas por infracciones leves prescribirán al año, las impuestas por infracciones graves a los dos años y las impuestas por infracciones muy graves a los tres años, a contar desde el día siguiente a aquél en que adquiriera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

El plazo de prescripción de la sanción, cuando el sancionado quebrantase su cumplimiento, se computará desde la fecha del quebrantamiento.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.

Artículo 58. Extinción de la responsabilidad disciplinaria.

1. La responsabilidad disciplinaria de los colegiados se extingue por las siguientes causas:

a) Cumplimiento de la sanción.

b) Fallecimiento del colegiado.

c) Prescripción de la infracción.

d) Prescripción de la sanción.

2. La baja en el Colegio no extingue la responsabilidad disciplinaria contraída, concluyéndose la tramitación del expediente disciplinario y quedando en suspenso la ejecución de la sanción para su cumplimiento en caso de reincorporación del sancionado.

Artículo 59. Abstención y recusación.

Las causas de abstención y de recusación son las que vienen enumeradas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 60. Efectos de la sanción sobre las cargas colegiales.

A excepción de los casos en los que la sanción impuesta consista en expulsión, persistirá la obligación del sancionado de atender a las cargas colegiales durante el plazo de su cumplimiento.

Artículo 61. Ejecución y publicidad de las sanciones.

1. Las sanciones se ejecutarán una vez que sean firmes.

2. Las sanciones firmes de expulsión o suspensión serán anotadas en el expediente personal del colegiado sancionado y públicas mediante emisión de testimonio del acuerdo de su adopción al Consejo Andaluz y al Consejo General.

Artículo 62. Cancelación de anotaciones por cumplimiento de la sanción.

1. La anotación de las sanciones en el expediente personal del colegiado sancionado se cancelará, siempre que no se hubiera incurrido en nueva responsabilidad disciplinaria, por el transcurso de los siguientes plazos:

a) Seis meses para las sanciones por infracciones leves.

b) Dos años para las sanciones por infracciones graves.

c) Tres años cuando se trate de sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por un período máximo de un año, así como en el caso de sanción de suspensión de la condición de colegiado por un período máximo de dos años.

d) Cinco años en el supuesto de sanción de expulsión.

2. El plazo de caducidad se contará desde el día siguiente a aquél en que hubiese quedado cumplida la sanción.

3. La cancelación de la anotación, una vez cumplidos dichos plazos, podrá hacerse de oficio o a petición de los interesados.

Artículo 63. La rehabilitación y su comunicación.

1. Los colegiados que hayan sido sancionados podrán solicitar a la Junta de Gobierno, mediante escrito debidamente fundamentado, su rehabilitación, resolviendo esta petición la Junta de Gobierno del Colegio, debiendo efectuarse esta solicitud en los siguientes plazos, que comenzarán a contar a partir del día siguiente al del cumplimiento de la sanción:

a) Seis meses para las infracciones leves.

b) Dos años para las infracciones graves.

c) Tres años para las infracciones muy graves.

d) Cinco años en el caso de expulsión del colegiado, debiendo en este supuesto el sancionado acreditar además la rectificación de la conducta que dio lugar a la imposición de la sanción, lo cual será valorado por la Junta de Gobierno.

2. Concedida la rehabilitación al colegiado sancionado, éste podrá solicitar su reincorporación al Colegio abonando previamente las cuotas y demás cargas colegiales correspondientes al periodo comprendido entre su expulsión y su readmisión, quedando inhabilitado para el desempeño de cualquier cargo colegial y recuperando el pleno ejercicio de los demás derechos y deberes colegiales.

3. La Junta de Gobierno remitirá al Consejo Andaluz y al Consejo General testimonio de las resoluciones de rehabilitación.

CAPÍTULO III

Del procedimiento disciplinario

Sección I. Disposiciones Generales

Artículo 64. Disposiciones generales.

1. La Junta de Gobierno es el órgano competente para la iniciación y resolución de los procedimientos disciplinarios.

2. Existen dos clases de procedimiento disciplinario: el simplificado, que se utiliza para las infracciones leves, y el procedimiento ordinario, que se tramitará para las infracciones graves y muy graves.

3. El procedimiento disciplinario, tanto simplificado como ordinario, se iniciará por acuerdo de la Junta de Gobierno del Colegio, que lo adoptará por iniciativa propia, por petición razonada del Consejo Andaluz de Colegios y por denuncia de un colegiado o de cualquier ciudadano, debiendo expresarse en este último caso las circunstancias personales y firma del denunciante y la relación de los hechos denunciados.

Sección II. Del Procedimiento Simplificado

Artículo 65. Procedimiento simplificado.

1. El procedimiento disciplinario simplificado, que carecerá en todo caso de fase de instrucción, se iniciará mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del Colegio, que se notificará al colegiado inculpado y que tendrá en todo caso el contenido siguiente:

a) Identificación del colegiado o colegiados presuntamente responsables.

b) Los hechos, expuestos de manera sucinta, que motivan la incoación del procedimiento, su calificación y la sanción que pudiera imponerse.

c) La indicación del día y la hora para la celebración del acto de audiencia al colegiado presuntamente responsable.

2. En el acto de audiencia al colegiado presuntamente responsable, que se llevará a cabo ante el Instructor del procedimiento, podrá formular el colegiado inculpado todas las alegaciones que estime oportunas en su defensa, así como proponer y llevar todos los medios de prueba que considere que le puedan favorecer, siendo practicadas en el acto de la audiencia las pruebas que hayan sido previamente admitidas durante la audiencia por el Instructor, dándose por terminado el acto tras la práctica de los medios de prueba admitidos, que podrán consistir en:

a) Documentos públicos o privados.

b) Interrogatorio del colegiado presuntamente responsable.

c) Declaración de testigos y peritos.

3. En caso de inasistencia del colegiado inculpado al acto de la audiencia, se dará por intentado el acto y seguirá su curso el procedimiento, quedando únicamente pendiente para su finalización el dictado de la correspondiente resolución.

4. En el plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que se celebrara o intentara el acto de audiencia al colegiado presuntamente responsable, la Junta de Gobierno del Colegio dictará resolución, que deberá ser motivada y que pondrá fin al procedimiento, debiendo necesariamente contener:

a) Los antecedentes de hecho.

b) Los hechos que se consideren probados.

c) La valoración de las pruebas, en su caso, practicadas.

d) La determinación de la persona responsable.

e) La infracción cometida.

f) La sanción que se impone.

g) Los recursos que proceden contra esta resolución, órgano ante el que han de presentarse y plazo para interponerlos, todo ello de conformidad con lo previsto en este Estatuto. La interposición del recurso contra la resolución dictada suspenderá la ejecución de ésta mientras se resuelva el recurso.

4. La resolución adoptada en el procedimiento se notificará personalmente al colegiado en su domicilio particular o profesional, por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, de tal modo que si la notificación personal no pudiera practicarse, podrá llevarse a cabo en cualquiera de las formas previstas en la legislación vigente, o, de no ser ello posible, mediante publicación de la resolución en el tablón de anuncios del Colegio, surtiendo la notificación todos sus efectos transcurridos quince días desde la fecha de su publicación.

Sección III. Del Procedimiento Ordinario

Artículo 66. Actuaciones Previas.

1. Con anterioridad al inicio del procedimiento ordinario y con objeto de determinar si concurren las circunstancias que justifiquen su iniciación, la Junta de Gobierno del Colegio podrá acordar la realización de Actuaciones Previas, que tendrán el carácter de reservadas, y que podrán ser efectuadas durante un periodo máximo de veinte días contados desde el día siguiente a aquél en el que la Junta de Gobierno acordó efectuar las Actuaciones Previas.

2. En especial, estas actuaciones se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas responsables y las circunstancias relevantes que concurran en las mismas.

3. La Junta de Gobierno nombrará a la persona encargada de realizar estas Actuaciones Previas, que en ningún caso podrá ser miembro de la Junta de Gobierno del Colegio, debiendo esta persona entregar a la Junta de Gobierno el expediente completo que haya elaborado tras la realización de las Actuaciones Previas.

4. Una vez finalizadas y entregadas las Actuaciones Previas a la Junta de Gobierno, ésta decidirá en el plazo máximo de diez días hábiles si adopta o no el acuerdo por el que se iniciaría el procedimiento, comenzando a contar este plazo desde el día siguiente a aquel en que las Actuaciones Previas fueron puestas a disposición de la Junta de Gobierno del Colegio.

Artículo 67. Iniciación.

El acuerdo de iniciación del procedimiento disciplinario ordinario adoptado por la Junta de Gobierno del Colegio ordenando la apertura del procedimiento tendrá, en todo caso, el contenido siguiente:

a) Identificación del colegiado o colegiados presuntamente responsables.

b) Los hechos, expuestos de manera sucinta, que motivan la incoación del procedimiento, la infracción en que haya podido incurrirse y la sanción que pudiera imponerse, sin menoscabo de lo que resulte de la instrucción del procedimiento.

c) La designación del Instructor del procedimiento, que se someterá a las normas sobre abstención y recusación contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, notificándose esta designación al interesado. El Instructor no podrá ser miembro de la Junta de Gobierno del Colegio, y será el encargado de tramitar el procedimiento y elaborar la propuesta de resolución.

d) La indicación del plazo de que dispone el colegiado afectado para formular alegaciones.

Artículo 68. Alegaciones.

En el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que el colegiado presuntamente responsable recibió la notificación de la designación del Instructor del procedimiento, podrá efectuar las alegaciones que estime convenientes y aportar los documentos que considere necesarios para su defensa, pudiendo además, en su caso, proponer prueba, de tal forma que la no formulación de alegaciones no impedirá la continuación del procedimiento.

Artículo 69. Prueba.

1. Cuando no se tengan por ciertos los hechos alegados por el colegiado imputado o las circunstancias del caso así lo exijan, el Instructor podrá acordar en el plazo de cinco días hábiles contados desde el día siguiente a aquél en que tenga a su disposición las alegaciones del colegiado imputado, la apertura de un periodo de prueba de un mínimo de diez días hábiles y de un máximo de treinta días hábiles para practicarse las pruebas admitidas por el Instructor, tratándose de pruebas que ha propuesto previamente el colegiado imputado, así como también las que de oficio haya ordenado el Instructor, todo lo cual será notificado al colegiado imputado.

2. El plazo otorgado al colegiado imputado para proponer las pruebas que considere convenientes para su defensa será de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que haya recibido la notificación por la que se le comunica que puede proponer prueba, pudiendo el Instructor rechazar las pruebas que considere improcedentes.

3. Los medios de prueba que puede proponer el colegiado imputado podrán consistir en:

a) Documentos públicos o privados.

b) Declaración de testigos.

c) Dictamen de peritos.

Artículo 70. Propuesta de resolución.

1. En el plazo de diez días hábiles contados desde el día siguiente al de finalización del periodo de alegaciones y, en su caso del de prueba, el Instructor elaborará una propuesta de resolución, que será notificada al colegiado inculpado, a fin de que pueda celebrarse el acto de audiencia al colegiado imputado en el día y hora señalados en la propuesta de resolución.

2. La propuesta de resolución, que será motivada, deberá contener:

a) Los hechos que provocaron la iniciación del procedimiento.

b) Los hechos probados.

c) La calificación jurídica de los hechos.

d) La determinación de la infracción.

e) La persona o personas responsables.

f) La sanción que correspondería imponer.

g) Las medidas provisionales que procedan.

h) La indicación del día y la hora para la celebración del acto de audiencia al colegiado presuntamente responsable.

Artículo 71. Audiencia al colegiado.

1. En el acto de audiencia al colegiado presuntamente responsable, que se llevará a cabo ante el Instructor, podrá formular el colegiado inculpado todas las alegaciones que estime oportunas en su defensa, en base a la propuesta de resolución del procedimiento, contando para ello el colegiado con un plazo de quince días hábiles, dejándose constancia de estas alegaciones en el expediente del procedimiento.

2. En el supuesto de inasistencia del colegiado imputado al acto de la audiencia, se dará por intentado el acto y seguirá su curso el procedimiento.

3. En el plazo de cinco días hábiles contados desde el siguiente a aquél en que se celebrara el acto de audiencia al colegiado presuntamente responsable, contándose este plazo en el supuesto de que no se hubiese celebrado el acto por inasistencia del colegiado desde el día siguiente a aquél en que haya finalizado el plazo de quince días hábiles de que dispone el colegiado imputado para efectuar alegaciones y aportar documentos en su defensa, el Instructor trasladará el expediente del procedimiento disciplinario a la Junta de Gobierno del Colegio, a fin de que dicte la resolución que proceda en el plazo de veinte días hábiles contados desde el siguiente a aquél en el que recibiera el expediente.

Artículo 72. Resolución.

1. La resolución, que pondrá fin al procedimiento, se adoptará por la Junta de Gobierno del Colegio en el plazo máximo de seis meses contados desde la fecha del acuerdo de iniciación del procedimiento, tanto si éste se hubiese iniciado de oficio, como si se hubiese iniciado con motivo de la presentación de una denuncia por persona interesada. Estos plazos se contarán sin perjuicio de las posibles interrupciones de su cómputo por suspensión del procedimiento.

2. La resolución, que siempre será motivada, resolverá todas las cuestiones planteadas, dilucidando las cuestiones esenciales alegadas o resultantes del procedimiento, debiendo tener el siguiente contenido:

a) Los antecedentes de hecho.

b) La relación de los hechos probados.

c) La valoración de las pruebas practicadas.

d) La determinación de la persona responsable.

e) La infracción cometida y su fundamentación, con calificación de su gravedad.

f) La sanción que se impone.

g) Los recursos que proceden contra la resolución, el órgano ante el que han de formularse y los plazos para interponerlos. La interposición del recurso contra la resolución dictada suspenderá la ejecución de ésta mientras se resuelva el recurso.

3. La resolución se notificará personalmente al colegiado afectado por la misma en su domicilio particular o profesional, por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción.

4. Si la notificación personal no pudiera practicarse, podrá llevarse a cabo en cualquiera de las formas previstas en la legislación vigente, o, de no ser ello posible, mediante publicación de la resolución en el tablón de anuncios del Colegio, surtiendo la notificación todos sus efectos transcurridos quince días desde la fecha de publicación.

Artículo 73. Suspensión del procedimiento.

El transcurso del plazo máximo para resolver el procedimiento disciplinario y notificar la resolución del mismo podrá suspenderse en los siguientes casos:

a) Cuando deba requerirse al interesado para la subsanación de deficiencias y para la aportación de documentos.

b) Cuando deban solicitarse informes que sean preceptivos y determinantes del contenido de la resolución a algún órgano del Colegio, a otro Colegio o a cualquier organismo.

c) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por el interesado.

Artículo 74. Archivo de las Actuaciones Previas al procedimiento.

En los casos en los que por la Junta de Gobierno, tras la presentación de denuncia, se hubiese acordado la apertura de Actuaciones Previas, si se produjese la inactividad del denunciante en el curso de tales actuaciones y, dentro del plazo correspondiente de veinte días hábiles, se podrá proceder al archivo de las referidas Actuaciones Previas que en virtud de lo dispuesto en el artículo 66 del presente Estatuto pudieran haberse iniciado, notificándose el archivo a la persona interesada.

TÍTULO VIII

DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACTOS COLEGIALES

Artículo 75. Eficacia de los actos y acuerdos.

1. Los actos y acuerdos de la Junta General y de la Junta de Gobierno son inmediatamente ejecutivos, salvo que en los mismos y de forma expresa se establezca lo contrario.

2. No obstante, su eficacia quedará demorada cuando así lo exija su contenido o se halle supeditada a su notificación.

Artículo 76. Libro de Actas.

El Colegio deberá llevar, como mínimo, dos libros de Actas, autorizados por las firmas del Decano y del Secretario, en los que constarán los actos y acuerdos de la Junta General y de la Junta de Gobierno.

Artículo 77. Nulidad de pleno derecho.

Los actos del Colegio serán nulos de pleno derecho en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Los que lesionen el contenido esencial de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente.

c) Los que tengan un contenido imposible.

d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta.

e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados de la Corporación.

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al Ordenamiento Jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.

Artículo 78. Anulabilidad.

1. Serán anulables aquellos actos colegiales que incurran en cualquier infracción del Ordenamiento Jurídico aplicable, incluso la desviación de poder.

2. No obstante, el defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a indefensión de los interesados.

3. La realización de actos fuera del tiempo establecido para ellos, sólo implicará su anulabilidad cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

Artículo 79. Recursos administrativos y jurisdiccionales.

1. Contra los actos y acuerdos de los órganos de gobierno del Colegio, así como contra los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, en la forma y plazos regulados por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. El recurso será formulado ante la Junta de Gobierno del Colegio, que lo elevará, junto con los antecedentes e informes que procedan, al Consejo Andaluz, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha de su presentación.

3. El Consejo Andaluz será el competente para resolver el recurso, previos los informes que estime pertinentes.

4. Las resoluciones del Consejo Andaluz que resuelvan los recursos de alzada agotan la vía administrativa, pudiendo ser impugnadas ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Artículo 80. Legitimación.

Están legitimados para recurrir los actos colegiales:

a) Cuando se trate de actos o acuerdos con efectos jurídicos individualizados estarán legitimados los titulares de un derecho subjetivo o un interés legítimo.

b) Cuando se trate de actos o acuerdos que afecten a una pluralidad de colegiados o al Colegio en sí mismo estará legitimado cualquier colegiado.

TÍTULO IX

DE LA DISOLUCIÓN DEL COLEGIO

Artículo 81. Disolución y régimen de liquidación.

1. El acuerdo de disolución del Colegio deberá tomarse en Junta General Extraordinaria con presencia o representación de la mayoría cualificada de dos tercios de la Junta General, exigiéndose para su adopción el voto favorable de la mayoría de dos tercios de los colegiados presentes o legalmente representados, siendo comunicada dicha decisión al Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, así como al Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, siendo necesario que ambos Consejos emitan informe favorable.

2. El acuerdo de disolución junto con los informes elaborados por el Consejo General y por el Consejo Andaluz y demás documentos exigidos por la normativa vigente deberán ser elevados a la Consejería de la Junta de Andalucía que resulte competente en materia de régimen jurídico de los colegios profesionales, para su posterior aprobación y publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

3. Una vez adoptado el acuerdo de disolución, la Junta General del Colegio, reunida en sesión extraordinaria convocada al efecto, procederá al nombramiento de los liquidadores, con indicación de número y facultades, a fin de proceder al cumplimiento de las obligaciones pendientes.

4. El patrimonio social, previo nombramiento de liquidadores, se destinará en primer lugar a cubrir el pasivo. El activo resultante se repartirá a partes iguales entre los colegiados que permanezcan de alta en el momento de la disolución. Se exceptúa la disolución por integración en otro colegio, en cuyo caso el patrimonio del colegio disuelto pasará al colegio que lo absorba.

TÍTULO X

DE LA SEGREGACIÓN Y FUSIÓN

Artículo 82. Segregación.

1. La segregación del Colegio con objeto de constituir otro colegio profesional para cuyo ingreso se exija titulación diferente a la requerida por el Colegio se aprobará por Ley del Parlamento de Andalucía, exigiéndose los mismos requisitos legales y reglamentarios que para su creación.

2. La segregación del Colegio para constituir otro colegio profesional de ámbito territorial inferior será aprobada por Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, tras la preceptiva comprobación de que se reúnen todos los requisitos materiales y formales exigidos por la normativa vigente y previo informe del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, cuando así se haya acordado en votación por mayoría de dos tercios de los colegiados presentes o legalmente representados en sesión extraordinaria de la Junta General convocada al efecto.

Artículo 83. Fusión.

1. La fusión del Colegio con dos o más Colegios será acordada por mayoría de dos tercios de los colegiados presentes o legalmente representados en sesión extraordinaria de la Junta General del Colegio convocada al efecto, debiendo ser también acordada por los demás Colegios afectados según lo previsto por sus respectivos Estatutos, aprobándose definitivamente la fusión por Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, tras la preceptiva comprobación de que se cumplen todos los requisitos materiales y formales exigidos por la normativa vigente y previo informe del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias.

2. La fusión del Colegio con dos o más colegios de distinta profesión se aprobará por ley del Parlamento de Andalucía, tras haber sido propuesta por los colegios afectados según lo previsto por sus respectivos Estatutos, y previo informe de sus respectivos consejos andaluces de colegios, que deberán promover, asimismo, su propia fusión, siendo adoptado el acuerdo de fusión por el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Cádiz por mayoría de dos tercios de los colegiados presentes o legalmente representados en sesión extraordinaria de la Junta General del Colegio convocada al efecto.

TÍTULO XI

DE LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO PARTICULAR DEL COLEGIO.

Artículo 84. Procedimiento de modificación del Estatuto Particular.

1. Para la modificación del Estatuto Particular del Colegio, que podrá ser total o parcial, se constituirá una Comisión de Redacción, compuesta por el Decano y dos vocales de la Junta de Gobierno. La modificación se efectuará a propuesta de, al menos, un tercio del total de colegiados según datos del censo colegial existente a fecha treinta y uno de diciembre del año anterior al de la presentación de la solicitud de modificación.

2. Elaborado el texto de la modificación, se le dará la suficiente difusión, mediante su publicación en el tablón de anuncios del Colegio y se insertará en la página web del Colegio para el conocimiento de todos los colegiados, al objeto de que los mismos puedan efectuar alegaciones y proponer las enmiendas que estimen oportunas durante un plazo de veinte días hábiles. El texto permanecerá en la sede del Colegio a disposición de cualquier colegiado para su consulta.

3. Finalizado el plazo a que se refiere el apartado anterior, la modificación deberá aprobarse por la Junta General del Colegio por mayoría de dos tercios de los colegiados presentes o legalmente representados, en la sesión extraordinaria convocada el efecto.

4. Aprobada la modificación estatutaria, y previo informe del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, se someterá a la calificación de legalidad, aprobación definitiva y posterior inscripción en el Registro de Colegios Profesionales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, de Colegios Profesionales de Andalucía.

TÍTULO XII

DE LAS SECCIONES DEL COLEGIO.

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 85. Concepto.

1. La Junta de Gobierno puede en cualquier momento constituir y disolver Secciones en el seno del Colegio, en virtud de acuerdo adoptado tanto para constituir como para disolver con el voto favorable de la mitad más uno de sus miembros en sesión extraordinaria convocada al efecto.

2. Una Sección es un grupo de colegiados que ejercen la misma profesión, que será en todo caso alguna de las vinculadas a las titulaciones que abarca el Colegio, y que representa y defiende los intereses de los colegiados que pertenecen a la Sección.

Artículo 86. Autonomía y capacidad.

1. La Sección goza de autonomía y capacidad en todo lo que se refiere a su organización y funcionamiento interno, pudiendo en este ámbito tomar decisiones y emprender iniciativas, necesitando sin embargo el conocimiento o autorización de la Junta de Gobierno del Colegio, según el caso, en todos aquellos asuntos que afecten al Colegio como Corporación.

2. En lo que respecta a las reuniones y asambleas de la Sección, ésta deberá comunicar a la Junta de Gobierno del Colegio la convocatoria de las mismas con, al menos, quince días de antelación a su celebración, a fin de que puedan tener a su disposición el local del Colegio.

Artículo 87. Régimen Jurídico.

Cada Sección se constituirá por tiempo indefinido, y se regirá su organización y funcionamiento por lo establecido en su Reglamento regulador y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Estatuto Particular del Colegio.

Artículo 88. Fines.

Los fines de cada Sección vendrán especificados en su Reglamento regulador, siendo principalmente la defensa y promoción de la profesión a la que representa, así como la defensa de los intereses profesionales de los colegiados que pertenecen a la misma.

Artículo 89. Funciones.

Dentro de su ámbito de actuación podrá desarrollar las funciones que vengan establecidas en su Reglamento regulador, debiendo figurar obligatoriamente en el mismo la de informar periódicamente a la Junta de Gobierno de sus actos, iniciativas y líneas de actuación, necesitando su posterior aprobación por la Junta de Gobierno del Colegio cuando afecten al Colegio como Corporación o a sus colegiados, de tal modo que en cualquier escrito que proceda de la Sección deberá figurar el membrete del Colegio, el cual no podrá ser modificado en ningún caso.

CAPÍTULO II

Creación y disolución de Secciones

Artículo 90. Procedimiento de creación.

1. A la Junta de Gobierno le corresponde la competencia de crear, por iniciativa propia o a petición de un mínimo de diez colegiados, las Secciones de colegiados que resulten representativas de los intereses de éstos en el seno del Colegio, efectuándose la constitución de cada Sección en virtud de acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno con el voto favorable de la mitad más uno de sus miembros presentes o legalmente representados en sesión extraordinaria convocada al efecto.

2. En caso de que soliciten la creación de una Sección un mínimo de diez colegiados mediante escrito dirigido a la Junta de Gobierno del Colegio, ésta deberá, en el plazo máximo de quince días hábiles convocar una sesión extraordinaria en la que decidirá si constituye o no la Sección.

3. En el supuesto de que la Junta de Gobierno acuerde la creación de la Sección, se constituirá una Comisión de Redacción, que elaborará el texto del Reglamento que regulará la organización y funcionamiento de la Sección, que deberá ser aprobado por la Junta de Gobierno del Colegio por la mitad más uno de sus miembros presentes o legalmente representados en sesión extraordinaria convocada al efecto.

4. El Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su aprobación, debiendo ser inmediatamente publicado en la sede del Colegio y en su página «web».

5. La Sección podrá comenzar sus actividades a partir del día siguiente al de la aprobación de su Reglamento.

Artículo 91. Procedimiento de disolución.

1. A la Junta de Gobierno le corresponde la competencia de disolver, por iniciativa propia o a petición de un mínimo de diez colegiados, las Secciones de colegiados que resulten representativas de los intereses de éstos en el seno del Colegio, efectuándose la disolución de cada Sección en virtud de acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno con el voto favorable de la mitad más uno de sus miembros presentes o legalmente representados en sesión extraordinaria convocada al efecto.

2. En caso de que soliciten la disolución de una Sección un mínimo de diez colegiados mediante escrito dirigido a la Junta de Gobierno del Colegio, esta deberá, en el plazo máximo de quince días hábiles convocar una sesión extraordinaria en la que decidirá si disuelve o no la Sección.

3. En el supuesto de que la Junta de Gobierno acordara la disolución de la Sección, esta decisión se deberá comunicar inmediatamente a todos los colegiados, siendo además publicado el acuerdo en la sede del Colegio y en su página «web».

4. El acuerdo de disolución entrará en vigor a partir del día hábil siguiente al de la adopción del referido acuerdo.

Disposición adicional. Sociedades Profesionales.

1. De acuerdo con las disposiciones vigentes se podrán crear sociedades profesionales en el Colegio de Cádiz Las sociedades podrán ejercer varias actividades profesionales siempre que su desempeño no se haya declarado incompatible por norma de rango legal.

2. Composición.

1) Son socios profesionales:

a) Las personas físicas que reúnan los requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad profesional que constituye el objeto social y que la ejerzan en el seno de la misma.

b) Las sociedades profesionales debidamente inscritas en los respectivos Colegios Profesionales que, constituidas con arreglo en lo expuesto en la Ley de Sociedades Profesionales, participen en otra sociedad profesional.

2) Como mínimo, la mayoría del capital y de los derechos de voto, o la mayoría del patrimonio social y del número de socios en las sociedades capitalistas, habrán de pertenecer a socios profesionales.

3) Igualmente habrán de ser socios profesionales como mínimo la mitad más uno de los miembros de los órganos de administración, en su caso, de las sociedades profesionales. Si el órgano de administración fuere unipersonal, o si existieran consejeros delegados, dichas funciones deberán de ser desempeñadas por un socio profesional. En todo caso, las decisiones de los órganos de administración colegiados requerirán el voto favorable de la mayoría de socios profesionales, con independencia del número de miembros concurrentes.

4) No podrán ser socios profesionales las personas en las que concurran causa de incompatibilidad para el ejercicio de la profesión o profesiones que constituya el objeto social, ni aquellas que se encuentren inhabilitadas para dicho ejercicio en virtud de solución judicial o corporativa.

5) Estos requisitos deberán cumplirse a lo largo de toda la vida de la sociedad profesional, constituyendo causa de disolución obligatoria su incumplimiento sobrevenido, a no ser que la situación se regularice en le plazo máximo de seis meses contados desde el momento que se produjo el incumplimiento.

6) Los socios profesionales únicamente podrán otorgar su representación a otros socios profesionales para actuar en el seno de los órganos sociales.

3. Del visado.

En los trabajos profesionales que se sometan a visado, este se expedirá a favor de la sociedad profesional o del profesional o profesionales colegiados que se responsabilicen del trabajo.

4. Registro de Sociedades Profesionales.

1. Se crea en el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Cádiz, en virtud del mandato de la Disposición Transitoria segunda de Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales, y con la aprobación de la Junta de Gobierno y Junta General Extraordinaria de dicho Colegio, celebradas el 22 de octubre de 2008, el Registro de Sociedades Profesionales, con la finalidad de incorporar al mismo aquellas Sociedades Profesionales que, en los términos de la legislación vigente sobre la materia y en el presente Estatuto, se constituyan para el ejercicio común de la actividad profesional. La inscripción en el Registro de Sociedades del Colegio será obligatoria para todas las sociedades profesionales domiciliadas en el ámbito territorial del Colegio y requiere la previa inscripción en el Registro Mercantil.

2. Los colegiados o colegiadas que realicen en común el ejercicio de una actividad profesional para la que se encuentren facultados en virtud de su titulación, en los términos previstos por la legislación vigente y los presentes Estatutos, podrán constituir, para el desarrollo de la actividad, una Sociedad Profesional que, si tiene su domicilio en el ámbito territorial del Colegio Oficial Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Cádiz, en todo caso, encontrarse debidamente formalizada en escritura pública e inscrita en el Registro Mercantil y en el Registro de Sociedades Profesionales de este Colegio.

3. Para inscribirse en el Registro de Sociedades del Colegio será necesario aportar una copia autorizada de la escritura pública constitutiva debidamente inscrita en el Registro Mercantil, con identificación de los socios profesionales e identificación de los socios no profesionales en su caso. Asimismo será necesario acreditar la contratación de un seguro que cubra la responsabilidad de la sociedad profesional en el ejercicio de la actividad o actividades que contribuyan a su objeto social.

4. También deben ser inscritos en el Registro de Sociedades Profesionales del Colegio los cambios de socios, administradores o cualquier modificación del contrato social de la sociedad profesional inscrita, previa modificación de la escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil correspondiente. Igualmente será inscrita cualquier transmisión de la propiedad, de las acciones, participaciones sociales, cuotas o cualquier constitución modificación o extinción de derechos reales o personales y profesionales de las partes de la operación de que se trate.

5. El Colegio remitirá anualmente al Ministerio de Justicia, y al Consejo Autonómico de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias, la información correspondiente a las inscripciones practicadas durante ese periodo de tiempo en el Registro de Sociedades Profesionales del Colegio.

6. Desde el momento de la inscripción en dicho Registro, el ejercicio de las actividades profesionales a través de sociedades profesionales dará lugar a los siguientes derechos y deberes:

- Ejercer la actividad profesional que constituya su objeto social en los términos legales y estatutariamente establecidos, así como obtener certificaciones acreditativas de los hechos y circunstancias de los actos propios de la actividad profesional desarrollados por las sociedades profesionales.

- Cumplir estrictamente en el ejercicio de la actividad que constituye su objeto social con lo dispuesto en la normativa de aplicación, así como en la Ley de Sociedades Profesionales, Ley de Colegios Profesionales y los presentes Estatutos.

- Ejercer la actividad profesional de que se trate con la máxima eficacia en las tareas que le sean propias, de acuerdo con los criterios profesionales establecidos para ello.

- La sociedad y sus socios profesionales tienen el deber conjunto de comunicar al Registro de Sociedades Profesionales del Colegio cualquier transmisión de la propiedad de las acciones, participaciones, cuotas o cualquier constitución, modificación o extinción de derechos reales o personales y profesionales de las partes de la operación de que se trate, sin perjuicio, en su caso, de la remisión al Registro Mercantil, Igualmente se dará traslado al Registro de Sociedades Profesionales del Colegio de cualquier modificación de administradores o del contrato social.

- La sociedad profesional debe tener cubierta, mediante un seguro, la responsabilidad civil en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan su objeto social.

5. Responsabilidad disciplinaria de las sociedades profesionales.

1. Las Sociedades profesionales domiciliadas en el ámbito territorial del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Cádiz incurrirán en responsabilidad disciplinaria en los supuestos y circunstancias establecidas en los presentes Estatutos, quedando, por tanto, sometidas a la ordenación, control deontológico y potestad disciplinaria del Colegio en todas aquellas actividades profesionales que realicen.

2. Las infracciones que se produzcan en las actuaciones de las actividades que de acuerdo con su objeto social sean desempeñadas por una sociedad profesional, serán sancionadas de acuerdo con el procedimiento y con la tipificación de las infracciones y sanciones previstas en el Capitulo II del Título VII del presente Estatuto, a las que se añaden como infracciones graves:

a) No tener contratado por parte de la Sociedad Profesional el seguro de responsabilidad civil en los supuestos legalmente establecidos.

b) Incumplir el deber de comunicación al registro de Sociedades del Colegio de cualquier transmisión de las acciones, participaciones sociales, cuotas, o de cualquier constitución, modificación o extinción de derechos reales o personales sobre las mismas, con indicación del nombre y circunstancias personales y profesionales de la operación de que se trate, así como la no comunicación de cualquier modificación del administrador del contrato social.

3. La responsabilidad disciplinaria a que se refiere el presente apartado se entiende sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier orden en que los colegiados o colegiadas, socios profesionales o no profesionales de una sociedad, hubieran podido incurrir.

En los supuestos en que dos o más colegiados desarrollen de forma colectiva una actividad profesional sin constituirse en sociedad profesional, se les aplicará de forma solidaria el régimen de responsabilidad disciplinaria previsto en el presente Estatuto por las infracciones que tengan su origen en el ejercicio de la actividad profesional, sin perjuicio de la responsabilidad personal que corresponda a cada uno de los profesionales colegiados por las infracciones cometidas en el ejercicio de la actividad.

4. Cuando se inicie un expediente disciplinario a un colegiado o colegiada miembro de una sociedad profesional, la comunicación se hará tanto al colegiado o colegiada afectada como a los demás miembros de la sociedad profesional

Disposición transitoria. Procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este Estatuto.

Los procedimientos iniciados en el Colegio con anterioridad a la entrada en vigor de este Estatuto Particular seguirán su curso hasta su resolución, conforme a la normativa anterior.

Disposición derogatoria. Derogación de normas.

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en este Estatuto.

Disposición final. Entrada en vigor.

Una vez aprobado definitivamente, este Estatuto Particular entrará en vigor con su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, debiendo inscribirse en el Registro de Colegios Profesionales, además de remitirse el presente texto estatutario al Consejo Andaluz y al Consejo General.

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