Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 235 de 03/12/2024

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El 19 de octubre de 2018 se publica en el BOJA núm. 203, la Orden de 17 de octubre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Segundo. El 31 de octubre de 2018 se publica en el BOJA núm. 211, la Orden de 30 de octubre de 2018, por la que se convocan, para el ejercicio 2018, ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la que se concedía el plazo de un mes para la presentación de solicitudes: Del 10 de diciembre de 2018 al 9 de enero de 2019.

Tercero. Las subvenciones concedidas mediante la Orden de 30 de octubre de 2018 tendrían una cuantía máxima total de 57.143.793,00 euros, correspondiendo a la Delegación Territorial de Málaga las siguientes cuantías:

Partida presupuestaria	Cuantía (euros)
1700187252 G/43A/48300/29 S0096	10.287.187,01 €
1700037252 G/43A/48304/29 01	935.164,19 €
TOTAL	11.222.351,20 €

Cuarto. La base reguladora decimocuarta establece que las Delegaciones Territoriales procederán a la tramitación de las solicitudes presentadas en cada uno de los días del plazo de presentación, diferenciando en cuanto a su presupuesto y procedimiento, los programas general y joven definidos en la base reguladora primera; y priorizando según su inclusión en los grupos 1, 2 y 3 de conformidad con los apartados tercero y cuarto de la base reguladora decimoprimera.

Quinto. De conformidad con lo previsto en la base decimosegunda de las bases reguladoras, tuvieron entrada en esta Delegación Territorial las solicitudes que se relacionan en el anexo adjunto, habiéndose resuelto favorablemente, advirtiéndose, tanto en la base decimosexta apartado 3 como en las respectivas resoluciones de concesión, que «La resolución se emite condicionada a la vigencia del contrato y para las mensualidades y, en su caso, anualidades que correspondan, así como al resto de obligaciones señaladas en la base decimonovena. Si el contrato de arrendamiento de la vivienda dejara de estar vigente sin que exista una sucesión de contrato consecutivo, o se produjera cualquier otra modificación que supusiera la pérdida sobrevenida del derecho a la ayuda, tal pérdida tendrá efectos desde la fecha en que se produzca ese hecho».

Sexto. Asimismo, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, establece en su disposición adicional quinta, sobre la comprobación de requisitos para la concesión de ayudas al alquiler del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021:

«1. Los requisitos que han de cumplir los beneficiarios de cualquier ayuda al alquiler financiada con cargo al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, incluidos los del programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, podrán ser verificados por las Comunidades Autónomas y por las Ciudades de Ceuta y de Melilla con posterioridad a la resolución de concesión de la ayuda, quedando esta condicionada al cumplimiento de los mismos.

2. Las Comunidades Autónomas o las Ciudades de Ceuta y Melilla que como consecuencia de la comprobación de los requisitos con posterioridad a la resolución de concesión de la ayuda y, en su caso, al pago total o parcial de la misma detecten su incumplimiento, habrán de resolver la anulación o suspensión de la concesión de la ayuda desde la fecha en la que se hubiere producido el incumplimiento y solicitar, en su caso, el reintegro o devolución que procediere conforme a la normativa de aplicación.»

Séptimo. A las personas beneficiarias relacionadas en el anexo adjunto se les reconoció inicialmente el derecho a percibir la subvención, sin que haya sido posible tramitar el pago de la totalidad de la ayuda concedida, habiendo transcurrido más de cuatro años desde la fecha de notificación del reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación, en este caso, la resolución de concesión, o bien desde la última acción de la Administración, realizada con conocimiento formal de la persona beneficiaria, y/o desde la última actuación fehaciente de la persona beneficiaria en el curso de dicho procedimiento.

Octavo. En este sentido, con fecha 8 de octubre de 2024 se emite, por esta Delegación Territorial, acuerdo por el que se inicia expediente de prescripción del derecho a exigir el pago de las ayudas relacionadas en el anexo adjunto, habiéndose publicado el mismo en BOJA núm. 201, de 15 de octubre de 2024, concediéndose a las personas interesadas un plazo de 15 días hábiles para alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimasen pertinentes.

Noveno. Habiendo finalizado el plazo concedido, indicado en el expositivo anterior, se constata que no se han recibido alegaciones ni documentos relativos a los expedientes relacionados en el anexo de esta resolución, salvo en el caso de uno de ellos, concretamente el 29-AI-PAIJ-16295/18.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia para emitir la presente resolución corresponde a esta Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, como órgano concedente, de acuerdo con las bases decimoprimera y decimosexta de las bases reguladoras, y en relación con el Decreto 160/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, modificado por el Decreto 167/2024, de 26 de agosto; así como el Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía modificado por el Decreto 300/2022, de 30 de agosto, y el artículo 127.1 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

Asimismo, la competencia corresponde igualmente a esta Delegación Territorial, como órgano concedente, en virtud de lo indicado en el artículo 41 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Segundo. El Decreto-ley 6/2020, de 30 de marzo, por el que se establecen medidas administrativas extraordinarias y urgentes en el ámbito social y económico como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), en su disposición final tercera modifica la citada Orden de 17 de octubre de 2018, en el apartado 1 de la base reguladora decimoséptima, que queda redactado como sigue:

«1. Las notificaciones se cursarán mediante publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en la página web de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, surtiendo los mismos efectos que la notificación individual. De dicha publicación se dará aviso a las personas interesadas mediante llamada telefónica o sms, o mediante escrito dirigido a la cuenta de correo electrónico consignada en las solicitudes presentadas.»

Tercero. La Orden de 30 de octubre de 2018 (BOJA núm. 211, de 31 de octubre), por la que se convocan, para el ejercicio 2018, ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece en su dispositivo segundo que «La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de ayudas para facilitar el pago del alquiler de su vivienda habitual y permanente a personas inquilinas, de conformidad con lo establecido tanto en el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, regulado por Decreto 141/2016, de 2 de agosto, como en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Viviendas 2018-2021; diferenciándose dos programas, en cuanto a su procedimiento y financiación, por tratarse de distintos programas estatales:

a) ayuda general a personas con ingresos limitados y a mayores de 65 años, que podrá complementarse cuando se trate de personas en situación de especial vulnerabilidad, de conformidad con lo establecido en el apartado 1 de la base séptima.

b) ayuda a jóvenes, menores de 35 años».

Cuarto. La base reguladora quinta determina los requisitos a cumplir por las personas beneficiarias y que deberán mantenerse durante el período por el que se conceda la ayuda que, en base a la base séptima podrá alcanzar hasta 36 mensualidades, en función del mantenimiento del cumplimiento de requisitos y del crédito presupuestario disponible de la convocatoria.

Quinto. En cuanto a las obligaciones de las de las personas beneficiarias, además de las establecidas, con carácter general, en el artículo 18 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, y en el artículo 4.3 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, están previstas en la base decimonovena y son las siguientes:

«a) Comunicar cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda al órgano competente para la resolución de la ayuda, en el plazo de diez días desde que esta haya tenido lugar.

b) Destinar la vivienda cuya renta de alquiler es objeto de la ayuda, a residencia habitual y permanente y ocuparla efectivamente durante el periodo subvencionado.

c) Acreditar el mantenimiento de las condiciones y requisitos que dieron lugar a la concesión de la subvención.

d) Justificar el pago de la renta de alquiler de las mensualidades subvencionadas en el plazo que establece la base vigésima, salvo que se trate de pagos a través de entidad colaboradora.»

Sexto. Resulta de aplicación lo establecido en el Decreto 141/2016, de 2 de agosto, por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, sin que puedan excederse de las limitaciones establecidas en la orden de bases reguladoras; y el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma de Andalucía, suscrito con fecha 31 de julio de 2018 para la ejecución de dicho Plan.

Séptimo. El artículo 30 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, determina lo siguiente:

«1. Salvo lo establecido por las leyes especiales, prescribirán a los cuatro años:

a) El derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda de la Junta de Andalucía de toda obligación que no se hubiere solicitado con la presentación de los documentos justificativos. El plazo se contará desde la fecha en que se concluyó el servicio o la prestación determinante de la obligación.

b) El derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas, si no fuese reclamado por los acreedores legítimos o sus derechohabientes. El plazo se contará desde la fecha de notificación del reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación.

2. La prescripción se interrumpirá según lo dispuesto en el Código Civil, salvo lo establecido en leyes especiales.

3. Las obligaciones a cargo de la Hacienda de la Junta de Andalucía que hayan prescrito serán baja en las respectivas cuentas, previa tramitación del oportuno expediente en el que se dará trámite de audiencia a los acreedores o acreedoras afectados o a sus derechohabientes.»

Así pues, tal y como ya se ha expuesto en el antecedente de hecho séptimo, habiendo transcurrido más de cuatro años desde la fecha de notificación del reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación, en este caso, la resolución de concesión, o bien, desde la última acción de la Administración, realizada con conocimiento formal de la persona beneficiaria, y/o desde la última actuación fehaciente de la persona beneficiaria en el curso de dicho procedimiento de concesión, procede, por tanto, declarar la prescripción extintiva del derecho a exigir el pago total o parcial de las ayudas concedidas a las personas beneficiarias relacionadas en el anexo adjunto, una vez tramitado el oportuno expediente y habiendo dado trámite de audiencia a las personas interesadas para que pudiesen aportar las alegaciones que estimasen pertinentes.

Asimismo, se incluye en dicho anexo, el motivo de las alegaciones presentadas respecto al expediente 29-AI-PAIJ-16295/18 así como el sentido de su resolución.

Además, resultan igualmente aplicables las siguientes normas:

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las demás normas básicas que desarrollen la Ley.

- Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

- Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de concesión de la Administración de la Junta de Andalucía.

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

- Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

- Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, modificada por la Ley 9/2018, de 8 de octubre.

- Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía.

- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, de acuerdo con lo establecido en su disposición final octava.

- Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

- Orden de 6 de abril de 2018, por la que se regula el procedimiento de gestión presupuestaria del gasto público derivado de las subvenciones otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas y de régimen especial.

- Ley 6/2019, de 19 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020.

- Ley 3/2020, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021.

- Decreto 286/2021, de 28 de diciembre, por el que se establecen las condiciones específicas a las que debe ajustarse la prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2022.

- Ley 1/2022, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2023.

- Ley 12/2023, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2024.

Por lo expuesto, vistos los antecedentes de hechos y fundamentos de derechos relacionados, esta Delegación Territorial

RESUELVE

Primero. Declarar la prescripción extintiva del derecho a exigir el pago total o parcial de las ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, convocadas para el ejercicio 2018, a las personas relacionadas en el anexo adjunto, por los importes que se relacionan en el mismo, desestimando las alegaciones presentadas relativas al expediente 29-AI-PAIJ-16295/18 y, como consecuencia, proponer la baja en la contabilidad de la Junta de Andalucía de sus respectivos documentos contables.

Segundo. Ordenar la publicación de esta resolución y su anexo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y en la página web de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, accediendo al siguiente enlace:

https://juntadeandalucia.es/organismos/fomentoarticulaciondelterritorioyvivienda/areas/vivienda-rehabilitacion/fomento-alquiler/paginas/aviso-alquila2018-notificacion.html

Esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá sus mismos efectos.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la persona titular de esta Delegación Territorial en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado o la Sala de lo Contencioso-Administrativo que corresponda, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Málaga, 22 de noviembre de 2024.- La Consejera, P.D. (Orden de 17.10.2018, BOJA núm. 203, de 19.10.2018), la Delegada, María Rosa Morales Serrano.

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