Orden de 10 de noviembre de 2026, por la que se aprueba el Plan de Inspección de Vivienda Protegida 2026-2028.
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I. En el año 2012 el centro directivo con competencias en materia de inspección, la Dirección General de Vivienda –actualmente la Secretaría General de Vivienda–, con el objetivo de atender las funciones en dicha materia según las competencias atribuidas, se dotó del personal específico para su desempeño incorporando en su relación de puestos de trabajo varios perfiles del Cuerpo Superior de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, así como otros puestos de asesoría técnica de inspección.
Posteriormente, mediante la Orden de 10 de mayo de 2013, se aprueba el primer plan de inspección en materia de vivienda exclusivamente, denominado «Plan Extraordinario de Inspección de Viviendas 2013-2014», cuyo propósito era acometer de forma prioritaria aquellas «actuaciones más urgentes destinadas a dar cumplimiento a la función social de la vivienda mediante las labores inspectoras en el ámbito del fenómeno de la desocupación de viviendas así como aquellas otras relativas a la inspección del depósito de fianzas».
Sin embargo, el escaso recorrido en la aplicación de la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda debido al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central, determinó que los casos previstos inicialmente en dicho plan quedaran reducidos a la inexistencia.
El 7 de enero de 2022, se publicó en BOJA la Orden de 29 de diciembre de 2021, por la que se aprobaba el segundo plan de inspección en materia de vivienda, primero en materia de vivienda protegida exclusivamente, denominado «Plan de Inspección de Vivienda Protegida 2022-2023». Dicho plan se constituyó como el instrumento fundamental desde el que se dota de una mayor eficacia y organización a las labores inspectoras en el ámbito de la vivienda protegida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.1 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía.
El 17 de enero de 2024 fue publicada en BOJA la Orden de 11 de enero de 2024, por la que se aprueba el Plan de Inspección de Vivienda Protegida 2024, tercer plan de inspección en materia de vivienda y segundo plan en materia de vivienda protegida en exclusiva. Dicho plan, al igual que el ya referido Plan de Inspección de Vivienda Protegida 2022-2023, se constituye como el instrumento fundamental desde el que se dota de una mayor eficacia y organización a las labores inspectoras en el ámbito de la vivienda protegida.
El contenido de los planes anteriores se basaba en lo dispuesto en el título VII de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía. Y en su desarrollo y ejecución, se ha tenido en consideración la relación de infracciones y sanciones prevista en el capítulo III del título I de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y el suelo.
Estas dos leyes han quedado derogadas de forma expresa según se establece en la nueva Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía, que ha pasado a constituir el marco normativo vigente actualmente en materia de vivienda en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El Plan de Inspección de Vivienda Protegida 2026-2028 contempla aquellas actuaciones inspectoras necesarias relacionadas con el desarrollo de la planificación contenida en los distintos programas incluidos en el Plan Vive en Andalucía, entre otras las dirigidas a evitar la desocupación de las viviendas protegidas y garantizar el acceso al alquiler de las mismas por personas que cumplan los requisitos legales para ello, así como su explotación como viviendas turísticas, o la averiguación de posibles situaciones en las que el precio de transmisión o arrendamiento de la vivienda protegida es superior al máximo permitido. Todo ello, garantizando los principios generales de prevención y la creación de conciencia y solidaridad ciudadana sobre una materia tan sensible para la ciudadanía como es el acceso a la vivienda.
II. El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 2/2007, 19 de marzo, atribuye a la Comunidad Autónoma de Andalucía en su artículo 56 la competencia en materia de vivienda que incluye, en todo caso, la regulación administrativa del comercio referido a viviendas y el establecimiento de medidas de protección y disciplinarias en este ámbito. Dicha competencia se concreta en el bloque de legalidad que regula las distintas potestades y funciones públicas que corresponden a la Junta de Andalucía en aquellas materias, esto es, en la mencionada Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía.
Además, el artículo 6 del Decreto 197/2026, de 30 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, indica que la Secretaría General de Vivienda es el órgano de planificación, dirección, coordinación, control, análisis, inspección y seguimiento de las políticas de vivienda, rehabilitación y arquitectura en el marco prioritario de la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía. En materia de inspección, en virtud de su art. 6.3.a) ejerce, entre otras, la función de la elaboración de propuestas para el desarrollo reglamentario de la citada ley en aspectos relativos a la inspección y a la potestad sancionadora.
III. La Comunidad Autónoma de Andalucía destaca no solo por su identidad histórica y cultural, sino también por la extensión de su territorio y la magnitud de su parque residencial. Con una superficie que la convierte en la Comunidad Autónoma más extensa de España, Andalucía integra una realidad territorial compleja, diversa y dispersa. La existencia además de un parque tan voluminoso de vivienda protegida implica una importante responsabilidad administrativa, tanto en lo relativo al control del cumplimiento de la normativa, como en el seguimiento de las condiciones de uso y transmisión de estos inmuebles.
La complejidad técnica y la notable dispersión geográfica del parque de viviendas protegidas exigen una optimización estratégica de la labor inspectora. Para garantizar la eficacia administrativa y la cobertura integral de las diversas situaciones jurídicas, es imprescindible implementar criterios de planificación mediante la priorización de actuaciones que permitan adecuar los objetivos propuestos con las capacidades y recursos disponibles, lo que además de suponer una herramienta de gestión, asegura un control efectivo del parque y la función social de la vivienda protegida en Andalucía.
IV. Se considera vivienda protegida conforme al artículo 4.b) de la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía, aquella cuyo régimen está constituido por el conjunto de limitaciones y requisitos que han de cumplirse mientras persista su protección, y así se califiquen por el ayuntamiento de conformidad con lo establecido en dicha ley.
Las viviendas protegidas están sujetas a una serie de obligaciones según se establece en la normativa vigente al respecto, debiendo cumplir ante todo la función social para la que en su momento fueron construidas.
En este sentido, dichas viviendas habrán de ser destinadas a domicilio habitual y permanente de la persona titular adjudicataria, arrendataria o cesionaria autorizada, sin que bajo ningún concepto puedan destinarse a segunda residencia o a cualquier otro uso no autorizado.
La selección y adjudicación de las personas titulares de viviendas protegidas responde a un proceso que, con carácter general, se rige por los principios de igualdad, publicidad y concurrencia, tanto en compraventa como en arrendamiento.
Mediante la ejecución del presente Plan se tratará de mitigar el incumplimiento de los requisitos que obligan a las personas promotoras y destinatarias de las viviendas protegidas, sujetas al régimen legal durante el periodo de protección establecido en el correspondiente plan de vivienda según la calificación obtenida.
V. La función inspectora de la administración sobre vivienda se regula en el título VII de la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía. En el mismo se establece que el desempeño de las funciones inspectoras para comprobar el cumplimiento de la ley, cuando sean competencia de la Junta de Andalucía, corresponde al personal funcionario del Cuerpo Superior de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, y del Cuerpo de Subinspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda. Así mismo, las funciones de apoyo al personal inspector serán desarrolladas por los puestos de asistencia técnica o personal funcionario asignado al efecto.
Esta labor inspectora, en virtud del artículo 101 del mismo texto legal, deberá ser una actividad planificada y programada de acuerdo con los objetivos generales o particulares en atención a su ámbito competencial material y territorial. Y por ello, conforme al artículo 103 de la Ley ya mencionada, las actuaciones inspectoras se adecuarán al plan de inspección, el cual constituye la herramienta fundamental que permite dotar de una mayor eficacia y organización a las labores inspectoras en el ámbito de la vivienda protegida. Este plan, será aprobado mediante Orden de la persona titular de la Consejería con competencias en materia de vivienda.
VI. En base a todo ello se elabora este nuevo Plan de Inspección de Vivienda Protegida 2026-2028, en el que se reformulan las líneas prioritarias de intervención del plan anterior como consecuencia, tanto de las modificaciones legales sobrevenidas tras su aprobación, como del diagnóstico realizado por esta Administración Autonómica en cuanto a las nuevas vías de detección de posibles infracciones, favoreciendo así una mayor eficacia de la labor inspectora en garantía del interés público en materia de vivienda protegida.
Se aplican así de manera efectiva los principios de buen gobierno y no discriminación que deben regir la actuación administrativa, de manera que no haya duda de que las órdenes de servicio que se dicten a su amparo tengan una justificación objetiva, razonable y proporcionada.
De conformidad con los artículos 17, 26 y 28 del Reglamento de Organización y Funciones de la Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 225/2006, de 26 de diciembre, la ejecución y desarrollo de la planificación general se materializará en el señalamiento de actuaciones concretas al personal inspector mediante órdenes de servicio, que no serán objeto de publicación. Las órdenes de servicio se dictarán por la persona titular del centro directivo competente en materia de inspección.
La elaboración de este Plan de Inspección respeta los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esto es, principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
VII. El presente Plan de Inspección de Vivienda Protegida tiene como objeto desarrollar y articular la planificación del control de la legalidad en materia de vivienda protegida. A través de este Plan se organizan y priorizan las labores inspectoras, con el fin de asegurar tanto el destino previsto para la vivienda protegida como que promotores y adjudicatarios cumplan las condiciones y requisitos establecidos en la ley.
En virtud del artículo 102 de la Ley 5/2025 de 16 de diciembre de Vivienda de Andalucía, son criterios generales para la elaboración, ejecución y desarrollo del plan, sin constituir prelación y sin tener carácter limitativo los siguientes:
a) La repercusión de las infracciones en la demanda habitacional.
b) La potencial incidencia de las prácticas o mecanismos inmobiliarios en el acceso a la vivienda por suponer restricción en las existencias de viviendas.
c) La trascendencia o repercusión jurídica, social y económica de los asuntos objeto de la actuación.
d) El efecto de prevención general y especial que se pretenda obtener con la actuación inspectora.
e) La consideración territorial de las actuaciones a desarrollar en atención al déficit y demanda habitacional.
f) El beneficio económico obtenido o perseguido por las infracciones en materia de vivienda.
g) Los criterios de índole temporal que prioricen la actuación en el tiempo en evitación de la prescripción de infracciones o caducidad de procedimientos.
h) Factores locativos que aconsejen la actuación de la Administración con objeto de atender a las necesidades de acceso a la vivienda en consideración con las previsiones existentes en materia de vivienda protegida.
VIII. El seguimiento y la evaluación del presente Plan se realizará anualmente mediante la emisión de un informe que permitirá conocer si se ha logrado cumplir con los objetivos, y detectar los problemas que se hayan presentado durante su desarrollo, con el único objetivo de mejorar la actuación inspectora en el futuro. Corresponde a la Inspección de Vivienda emitir el informe de evaluación final.
Una vez finalizado el plazo de vigencia del mismo, se emitirá un informe general, que será el principal medio para evaluar el grado de validez de los objetivos específicos.
Además, se instrumentarán controles periódicos de la actividad planificada con el fin de valorar su grado de cumplimiento, pudiendo puntualmente en caso de ser necesario articular las medidas oportunas para corregir desviaciones conforme a lo programado en aras de alcanzar la mejor consecución de los objetivos planteados.
En virtud de lo expuesto, a propuesta de la Secretaría General de Vivienda y en aplicación de los artículos 15 y 16 del Reglamento de Organización y Funciones de la Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 225/2006, de 26 de diciembre, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en ejercicio de las competencias conferidas a esta Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, en virtud del Decreto del Presidente 9/2026, de 9 de julio, por el que se crean las Vicepresidencias y se reestructuran las Consejerías que conforman la Administración de la Junta de Andalucía, y el Decreto 197/2026, de 30 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio.
DISPONGO
Primero. Objeto y ámbito temporal del Plan de Inspección de Vivienda Protegida 2026-2028.
- El Plan de Inspección de Vivienda Protegida que aprueba la presente orden tiene como objeto establecer los aspectos de Atención Prioritaria y las Líneas de Actuación de la actividad de inspección de vivienda protegida en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- El ámbito temporal del plan aprobado por la presente orden abarcará la actividad de la inspección de vivienda protegida durante el plazo de dos años desde su entrada en vigor.
Segundo. Aspectos de Atención Prioritaria del Plan de Inspección de Vivienda Protegida 2026-2028.
En el desarrollo del presente Plan, los criterios generales para la elaboración, ejecución y desarrollo del mismo indicados en el artículo 102 de la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía, se articulan, sin orden de prelación, mediante los siguientes Aspectos de Atención Prioritaria:
- Mayor repercusión.
Una alta exposición genera una mayor repercusión mediática. No solo concentra un impacto significativo en la opinión pública, sino que también influye de manera directa en la percepción social y la agenda institucional, por lo que requiere un control cuidadoso.
- Precios más elevados.
La propia coyuntura del mercado hace que una fuerte demanda frente a una oferta limitada eleve automáticamente los precios. En estos ámbitos, el alto nivel de precios no solo refleja su atractivo y dinamismo económico, sino también una mayor competencia por el acceso a la vivienda, lo que intensifica la presión alcista y consolida su posición como las áreas más costosas.
- Mayor número de promociones de vivienda protegida.
Una notable cantidad de proyectos residenciales desarrollados, tanto por administraciones públicas como por promotores privados, destinados a facilitar el acceso a la vivienda a personas y familias con recursos limitados.
- Mayor número de viviendas turísticas.
Un alto volumen de unidades residenciales destinadas a uso turístico altera el equilibrio del mercado. En los ámbitos con mayor concentración de viviendas turísticas, la alta demanda de este tipo de uso intensifica la presión sobre el mercado inmobiliario.
- Mayor tamaño de población.
Las aglomeraciones urbanas aglutinan una mayor población residente que agrava la necesidad de vivienda.
Tercero. Líneas de Actuación del Plan de Inspección de Vivienda Protegida 2026-2028.
En ejercicio de la función inspectora en materia de vivienda, la Inspección de Vivienda de la Comunidad Autónoma de Andalucía realizará su actividad conforme a las siguientes Líneas de Actuación:
- Línea 1. Control de las promociones de viviendas protegidas.
Esta línea tiene como objetivo analizar y verificar el cumplimiento normativo en las promociones de viviendas protegidas con independencia de su régimen, tenencia o tipología del promotor.
- Línea 2. Control del efectivo cumplimiento del destino de la vivienda protegida.
Esta línea contempla el control del uso de la vivienda protegida como residencia habitual y permanente, e incluye además la vigilancia del cumplimiento de una correcta publicidad en relación a su puesta en venta o en arrendamiento.
- Línea 3. Seguimiento de procedimientos sancionadores ya resueltos en aras de evitar la posible reincidencia infractora.
Esta línea refuerza el impacto positivo de la labor inspectora sobre aquellos casos con posible reiteración de la comisión de una infracción sancionable.
Las actuaciones programadas dejarán a salvo expresamente la posibilidad de intervención en casos singulares no programados, en los que se actuará por orden de la persona titular de la Secretaría General de Vivienda, previa constatación de la necesidad y relevancia de la actuación, por denuncia, por conocimiento directo de la Delegación Territorial correspondiente, o por moción razonada de la autoridad o funcionario competente que dé cuenta de la existencia de indicios de incumplimiento de la legislación vigente en materia de vivienda protegida.
Cuarto. Evaluación del Plan.
La ejecución del presente Plan será evaluada anualmente con la emisión de un informe. Una vez finalice el periodo de vigencia se llevará a cabo la evaluación final de los resultados mediante un informe general. Además de ello, se instrumentarán controles periódicos de la actividad planificada.
Quinto. Vigencia y prórroga.
La vigencia del Plan de Inspección de Vivienda Protegida 2026-2028 abarcará la actividad de la inspección de vivienda protegida durante el periodo de dos años desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, prorrogable por una anualidad más en virtud del artículo 103.4 de la Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía.
Sevilla, 10 de noviembre de 2026
| ROCÍO DÍAZ JIMÉNEZ | |
| Consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio |
BOJA nº 222 de 17/11/2026