Resolución de 11 de noviembre de 2026, de la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se publica adenda de modificación al convenio específico entre el Instituto Andaluz de Administración Pública y el Defensor del Pueblo Andaluz en materia de formación.
Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00346299.
Con fecha 11 de noviembre de 2026, se ha suscrito adenda de modificación al convenio específico entre el Instituto Andaluz de Administración Pública y el Defensor del Pueblo Andaluz en materia de formación.
Para general conocimiento y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de dicha adenda, como anexo a la presente resolución.
Sevilla, 11 de noviembre de 2026.- El Director, José Loaiza García.
ADENDA DE MODIFICACIÓN AL CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE EL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ EN MATERIA DE FORMACIÓN
En Sevilla, a la fecha de la firma electrónica
REUNIDOS
De una parte, don José Loaiza García, director del Instituto Andaluz de Administración Pública, nombrado por Decreto 299/2022, de 11 de agosto (BOJA núm. 157, de 17 de agosto), en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 12.g) de los Estatutos del Instituto Andaluz de Administración Pública, aprobados por Decreto 277/2009, de 16 de junio.
De otra parte, don Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, Defensor del Pueblo Andaluz en virtud de la Resolución del Parlamento de Andalucía de 11 de septiembre de 2019, por la que se le nombra Defensor del Pueblo Andaluz (BOJA núm. 179, de 17.09.19), cargo para el que fue elegido por el Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada los días 11 y 12 de septiembre de 2019, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz.
Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad para obligarse y suscribir la presente adenda al convenio específico firmado entre ambas entidades el 8 de abril de 2026 y a tal efecto
EXPONEN
Primero. Que el Instituto Andaluz de Administración Pública, de conformidad con el artículo 4.2.m) de sus Estatutos, aprobados por Decreto 277/2009, de 16 de junio, cuenta entre sus funciones específicas con la de «colaborar y cooperar con otros órganos y entidades, públicos y privados con funciones de formación del personal y de estudio, investigación y enseñanza de las disciplinas y técnicas aplicables a las Administraciones y entidades públicas andaluzas y a la Administración de Justicia en Andalucía». Por su parte, el artículo 5.2 de los citados estatutos contempla un variado elenco de actuaciones para la consecución de sus fines en materia de investigación y evaluación: «realizar, con sus propios medios o mediante contratos o convenios, estudios y trabajos sobre el funcionamiento de las organizaciones públicas y, en especial, de la Junta de Andalucía», «promover la investigación en aquellas materias relacionadas con la organización y actividad de las Administraciones y entidades públicas andaluzas», etc. En los mismos términos dispone el apartado 4 del artículo 4 de los estatutos al manifestar que «en el ámbito de sus competencias, el Instituto podrá concertar convenios con instituciones del Estado, de otras Comunidades Autónomas o Entidades Locales, así como con cualquier otra entidad pública o privada».
Segundo. Que el Defensor del Pueblo Andaluz (en adelante, el Defensor) es el comisionado del Parlamento, designado por este para la defensa de los derechos y libertades comprendidos en el título primero de la Constitución. Con tal fin podrá supervisar la actividad de las administraciones públicas de Andalucía y dará cuenta al Parlamento. Además, ejercerá las funciones que le encomiendan el Estatuto de Autonomía y la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora de la institución, y coordinará sus funciones con las del Defensor del Pueblo designado por las Cortes Generales, prestando su cooperación cuando le sea solicitada y recabándola de aquel a los mismos efectos. De acuerdo con su Reglamento de Organización y Funcionamiento, tiene además plena competencia en lo concerniente al gobierno, al régimen interior y al personal a su servicio.
Tercero. Que ambas partes suscriben con fecha de 8 de abril de 2026 un convenio específico que tiene por objeto articular la colaboración entre ambas partes con el fin de posibilitar la planificación, desarrollo y evaluación de la formación del personal del Defensor.
Dicha colaboración comprenderá en todo caso, en los términos previstos en el presente convenio específico y en el convenio marco de colaboración, la puesta a disposición de los contenidos de las siguientes acciones formativas online:
• (PF25PF-FGA24) Introducción al Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en la Ley 39/2015.
• (PF25PF-FGA5) Introducción al Régimen Jurídico del Sector Público en la nueva Ley 40/2015.
• (PF25PF-FGA21) Curso Práctico del Procedimiento Administrativo Común de la Junta de Andalucía.
• (PF25PF-FGA59) Introducción a la Ley de la Función Pública de Andalucía. Régimen de Personal.
• (PF25PF-FGA2) Gestión documental y organización de archivos de oficina.
Cuarto. Que las partes consideran necesario modificar la cláusula de protección de datos para ejecutar el objeto del convenio, por ello, en la sesión de la Comisión de Seguimiento, del convenio marco, del que trae causa este convenio específico, celebrada el 6 de julio de 2026, se acuerda la modificación de este último con objeto de proceder a la ejecución de su objeto actualizando la cláusula de protección de datos.
Quinto. Que el citado convenio específico en su cláusula séptima establece que este tendrá vigencia hasta el 23 de septiembre de 2027. Así mismo, en su cláusula novena permite la modificación del convenio con el acuerdo expreso de los firmantes mediante la suscripción de adenda.
Por todo ello, ambas partes consideran proceder a su modificación y adoptar el siguiente acuerdo, que se desarrolla con arreglo a las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera. En función de la cláusula novena del convenio específico, se procede a modificar su cláusula duodécima que queda redactada como sigue:
Duodécima. Protección de datos y confidencialidad.
1. El régimen de protección de datos personales que las partes deben respetar en las acciones emprendidas en ejecución del presente convenio será el previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD); la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), y demás normativa vigente en materia de protección de datos.
2. Las obligaciones establecidas en materia de protección de datos tendrán la consideración de compromisos esenciales para la correcta ejecución de este convenio. Su incumplimiento podrá dar lugar a su resolución anticipada, conforme al artículo 51.1.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
3. Las partes se obligan a mantener la confidencialidad respecto a los datos de carácter personal, cumpliendo diligentemente el deber de guarda y custodia, comprometiéndose a adoptar las medidas necesarias de índole técnica y organizativa que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal a que se tenga acceso y a evitar su alteración, tratamiento, pérdida y acceso no autorizados.
4. Las partes podrán facilitarse datos de contacto profesional del personal que participe en la ejecución del convenio, sin que ello tenga la condición de encargo de tratamiento de datos personales. Se adjunta como Anexo I, «Declaración de tratamiento limitado (datos de contacto profesional)», en cumplimiento de la Resolución de la Secretaría General para la Administración Pública, de 27 de enero de 2026, por la que se aprueban los anexos correspondientes en materia de protección de datos en el ámbito de aplicación de la Instrucción sobre la tramitación de convenios y otros instrumentos de colaboración en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y consorcios adscritos.
Las partes asumen la posición de responsables independientes de los tratamientos que cada una realice, sin establecer una relación de corresponsabilidad. Para el cumplimiento del objeto del convenio, el Defensor del Pueblo Andaluz comunicará al Instituto Andaluz de Administración Pública los datos personales relativos al profesorado, los tutores y el alumnado. A estos efectos, se adjunta como Anexo II «Comunicación de datos entre Responsables», en cumplimiento, así mismo, de la Resolución de la Secretaría General para la Administración Pública, de 27 de enero de 2026.
Segunda. Se incorporan dos anexos al convenio específico entre el Instituto Andaluz de Administración Pública y el Defensor del Pueblo Andaluz en materia de formación, de 8 de abril de 2026, cuyo contenido se adjunta a la presente adenda como Anexos I y II.
Tercera. Las partes firmantes acuerdan esta modificación por un periodo que comprende el del convenio específico entre el Instituto Andaluz de Administración Pública y el Defensor del Pueblo Andaluz en materia de formación. Por lo tanto, los efectos de la presenta adenda a este convenio se extenderán hasta el 23 de septiembre de 2027.
Cuarta. El convenio específico obligará a las partes por el plazo especificado en el apartado anterior y en los mismos términos establecidos en aquel.
Quinta. De acuerdo con el principio de publicidad establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y dada la transcendencia que el presente Convenio tiene, las partes consideran oportuna su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Asimismo, este convenio se hará público a través del Registro Electrónico de Convenios, en la Sección de Transparencia del Portal de la Junta de Andalucía, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia de Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y 15.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
Y en prueba de conformidad, firman la presente adenda. Por el Instituto Andaluz de Administración Pública, el Director, fdo.: José Loaiza García. Por el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada.
ANEXO I
Declaración de tratamiento limitado (datos de contacto profesional)
1. Identificación de las partes.
Parte A: Instituto Andaluz de Administración Pública.
Parte B: Defensor del Pueblo Andaluz.
2. Objeto del presente anexo.
Este anexo tiene por objeto exclusivo regular el tratamiento de datos personales relativo a los datos de contacto profesional necesarios para la gestión y ejecución del instrumento de colaboración, sin perjuicio de que puedan existir otros tratamientos de datos personales que se formalicen, además, mediante los anexos relativos a encargo de tratamiento de datos personales, acuerdo de corresponsabilidad y comunicación de datos entre responsables, según proceda.
Los datos personales de los firmantes del instrumento de colaboración, de los miembros de la comisión de seguimiento (en su caso) y de otras personas que participen en su gestión y ejecución serán incorporados a las actividades de tratamiento de cada parte. A tal efecto, será necesario aportar los datos identificativos (nombre, apellidos, etc.), datos de contacto (correo electrónico, teléfono, etc.), cargo y firma.
Las partes firmantes del instrumento de colaboración podrán intercambiarse los datos de contacto profesional anteriormente descritos, siempre que fuera necesario para la gestión y ejecución del instrumento de colaboración, sin que ello se considere comunicación de datos ni encargo de tratamiento. Este intercambio de datos tampoco implicará el acceso a otros datos personales distintos a los datos de contacto profesional.
3. Compromisos de las partes.
Las partes se comprometen, en el marco del presente anexo, a:
• Limitar el acceso y tratamiento exclusivamente a los datos de contacto profesional.
Cuando existan, además, otros tratamientos de datos personales, estos se regirán por los anexos relativos a encargo de tratamiento de datos personales, acuerdo de corresponsabilidad y comunicación de datos entre responsables, según proceda.
• Adoptar medidas organizativas para evitar que se incorporen o utilicen datos de contacto profesional ajenos a los estrictamente necesarios.
• Garantizar la confidencialidad de los datos de contacto profesional intercambiados.
En caso de acceso accidental a otros datos personales, distintos de los datos de contacto profesional:
◦ Mantener el deber de secreto.
◦ Abstenerse de utilizarlos para cualquier finalidad no autorizada.
◦ Comunicarlo sin dilación al responsable de dichos datos.
◦ Proceder a su eliminación segura o devolución, según corresponda.
4. Medidas de seguridad aplicables.
Las partes aplicarán medidas de seguridad adecuadas al nivel de riesgo, incluso tratándose únicamente de datos de contacto profesional.
5. Información y derechos.
Cada parte garantizará el cumplimiento del deber de información respecto de su personal cuyos datos de contacto profesional sean objeto de tratamiento. Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento,portabilidad y demás derechos aplicables ante los correspondientes responsables de los tratamientos, a cuyo fin las partes facilitarán canales para el ejercicio de estos derechos.
6. Conservación.
Los datos de contacto profesional se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que fueron recabados y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad, adecuándose el periodo de conservación al plazo de vigencia del instrumento de colaboración y, en su caso, a su posterior liquidación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49.h) y 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En todo caso, será de aplicación la normativa en materia de archivos y documentación.
7. Firmas.
Parte A: Instituto Andaluz de Administración Pública. Fecha: la de la firma electrónica.
Parte B: Defensor del Pueblo Andaluz. Fecha: la de la firma electrónica.
ANEXO II
Comunicación de datos entre responsables
1. Identificación de las partes.
Entidad remitente o cedente de los datos (Responsable): Defensor del Pueblo Andaluz.
Entidad destinataria (Responsable): Instituto Andaluz de Administración Pública.
Ambas partes actúan como responsables independientes del tratamiento, conforme al artículo 4.7 del RGPD.
2. Finalidad y base jurídica.
La comunicación de datos personales por parte del cedente tiene como finalidad exclusiva el desarrollo de las funciones del cesionario relativas a: la ejecución de las acciones formativas objeto del convenio específico.
2.1. Base jurídica (art. 6.1.e RGPD).
La comunicación de datos personales se encuentra legitimada por una o varias de las siguientes bases (marcar lo que proceda):
a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos;
b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales;
c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento;
d) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física;
⊠ e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
2.2. Categorías especiales de datos (art. 9.2 RGPD).
Para el caso de que la comunicación de datos personales suponga el tratamiento de categorías especiales de datos personales, la prohibición de su tratamiento queda levantada por (marcar lo que proceda):
a) El interesado dio su consentimiento explícito para el tratamiento de dichos datos personales con uno o más de los fines especificados, excepto cuando el Derecho de la Unión o de los Estados miembros establezca que la prohibición mencionada no puede ser levantada por el interesado.
b) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social, en la medida en que así lo autorice el Derecho de la Unión de los Estados miembros o un convenio colectivo con arreglo al Derecho de los Estados miembros que establezca garantías adecuadas del respeto de los derechos fundamentales y de los intereses del interesado.
c) El tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física, en el supuesto de que el interesado no esté capacitado, física o jurídicamente, para dar su consentimiento.
d) El tratamiento es efectuado, en el ámbito de sus actividades legítimas y con las debidas garantías, por una fundación, una asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que el tratamiento se refiera exclusi- vamente a los miembros actuales o antiguos de tales organismos o a personas que mantengan contactos regulares con ellos en relación con sus fines y siempre que los datos personales no se comuniquen fuera de ellos sin el consentimiento de los interesados.
e) El tratamiento se refiere a datos personales que el interesado ha hecho manifiestamente públicos.
f) El tratamiento es necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones o cuando los tribunales actúen en ejercicio de su función judicial.
g) El tratamiento es necesario por razones de un interés público esencial, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado;
h) El tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva o laboral, evaluación de la capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, prestación de asistencia o tratamiento de tipo sanitario o social, o gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros o en virtud de un contrato con un profesional sanitario y sin perjuicio de las condiciones y garantías adecuadas.
i) El tratamiento es necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, como la protección frente a amenazas transfronterizas graves para la salud, o para garantizar elevados niveles de calidad y de seguridad de la asistencia sanitaria y de los medicamentos o productos sanitarios, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que establezca medidas adecuadas y específicas para proteger los derechos y libertades del interesado, en particular el secreto profesional.
j) El tratamiento es necesario con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado.
3. Categorías de datos y de interesados.
El tratamiento se limitará a las operaciones necesarias para el cumplimiento del instrumento de colaboración, sin que ninguna de las partes pueda utilizarlos para fines propios distintos de los autorizados.
Las partes completarán la siguiente tabla:
| Tratamiento(s) | Finalidades | Colectivos interesados | Datos personales | Ubicación y control |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de la actividad | Finalidad concreta para la que se van a tratar los datos | Categorías de interesados (por ejemplo personal, ciudadanía, pacientes,...) | Datos tratados (por ejemplo DNI, datos identificativos, domicilio...) | Sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y automatizados y ubicación de los mismos |
| Gestión y ejecución de acciones formativas previstas en el Plan de Formación del Dpa 2025-2026. |
Gestión, control, ejecución y evaluación de acciones formativas cedidas por el IAAP y organizadas por el Defensor del Pueblo Andaluz: inscripciones, control de asistencia, evaluación, expedición de certificados y comunicación con el alumnado. | Personal del dPA inscrito en las acciones formativas objeto del convenio específico celebrado entre el IAAP y Dpa. Tutor/a en caso de ser necesario. Representantes del Dpa e IAAP. | Nombre, apellidos, DNI y correos electrónicos y calificaciones. |
Plataforma formación del IAAP y aplicación de gestión y servidor del dPA. Hojas de cálculo |
Operaciones de tratamiento autorizadas:
⊠ Recogida ⊠ Registro Clasificación Modificación ⊠ Conservación
⊠ Consulta ⊠ Comunicación o cesión de datos Difusión Cotejo
Supresión Copia Otros (especificar): ..............................
4. Medidas técnicas y organizativas.
Cedente y cesionario se comprometen a aplicar medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, conforme al artículo 32 del RGPD y la normativa nacional aplicable.
Cuando el tratamiento se realice mediante sistemas sujetos al Esquema Nacional de Seguridad (ENS), se aplicarán las medidas del Anexo II del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, correspondientes a la categoría aplicable: [ALTA / MEDIA / BÁSICA]
(marcar lo que proceda).
Si no se emplean sistemas sujetos a categorización ENS, se garantizará igualmente un nivel de seguridad adecuado al riesgo.
5. Procedimiento para ejercicio de derechos.
Cada parte atenderá las solicitudes de ejercicio de derechos respecto de los datos tratados bajo su propia responsabilidad.
Cuando la solicitud afecte a datos previamente comunicados entre las partes, la parte receptora informará a la otra sin dilación, a fin de garantizar una respuesta coherente y conforme a la normativa aplicable.
6. Gestión de brechas de seguridad.
Cada parte notificará las violaciones de seguridad que afecten a los datos que trate bajo su responsabilidad a la autoridad de control y, en su caso, a los interesados, conforme a los artículos 33 y 34 del RGPD.
Si la brecha afecta a datos previamente comunicados, la parte afectada lo comunicará a la otra sin dilación indebida, para facilitar una gestión coordinada del incidente.
7. Conservación y supresión.
Los datos comunicados serán conservados únicamente durante los plazos necesarios para el cumplimiento de las finalidades previstas en el instrumento de colaboración, respetando el artículo 5.1.e) del RGPD. Una vez cumplida la finalidad, los datos serán:
▪ Suprimidos, o
▪ conservados bloqueados cuando exista obligación legal.
8. Firmas.
Remitente o cedente: Defensor del Pueblo Andaluz.
Destinatario: Instituto Andaluz de Administración Pública.
Fecha: La de la firma electrónica.
Descargar PDFBOJA nº 223 de 18/11/2026