Información general
- Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
En virtud de las competencias que tiene atribuidas la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, recogidas en sus Estatutos, en el caso de los fondos del Marco de Recuperación y Resiliencia MRR actúa como Entidad Ejecutora Instrumental de la Junta de Andalucía y como Gestor Presupuestario de la misma vinculado al Componente 22 del PRTR, a través de la articulación de los pertinentes instrumentos jurídicos, que se contextualizan en el Subproyecto denominado Junta +Accesible en la que la Entidad Ejecutora es la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.
La adaptación del Plan de Medidas Antifraude de la Junta de Andalucía (PMA) ha sido elaborada por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo tomando como referencia las medidas de prevención, detección, corrección y persecución de la corrupción y el fraude recogidas en el PMA, y es de aplicación a la totalidad del personal que desempeñe sus funciones en la misma, particularmente a las personas adscritas a las áreas administrativas participantes en la gestión y control de los fondos MRR, quienes realizan las tareas de seguimiento, control y pago en el marco del subproyecto y actuación del PRTR ya citadas.
Asimismo, las medidas del Plan serán aplicables, con el grado de obligatoriedad correspondiente, a los contratistas y subcontratistas, y otras personas físicas o jurídicas que resulten ser perceptoras o cuyas actuaciones sean financiadas con fondos públicos provenientes del MRR en el marco de la inversión y componente citados.
Garantizar y declarar que, en el ámbito de actuación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, los Fondos MRR correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción, los conflictos de intereses y la doble financiación.
La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo proclama una política de tolerancia cero con el fraude y la corrupción y se compromete a mantener los estándares más elevados de calidad jurídica, ética y moral, a seguir los principios de integridad, imparcialidad y honestidad, y a desplegar las medidas idóneas contra el fraude y la corrupción. El personal al servicio de la Agencia asume también este compromiso.
Documentos del plan
Evaluación del plan
La Unidad Antifraude de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo conforme a lo previsto en el apartado 9.3 del PMA, ha implementado las siguientes herramientas de evaluación:
• En primer lugar, el Test de Conflicto, prevención del fraude y la corrupción disponible en el Anexo III del PMA, que ha servido como referencia para la incorporación de los diferentes aspectos esenciales de las cuatro áreas del ciclo antifraude que se contemplan en el mismo, y que son la prevención, detección, corrección y persecución. Se adjunta como Anexo a este documento el Test cumplimentado.
• En segundo lugar, se ha utilizado la matriz de riesgos, del Anexo IV del PMA: Mapa de evaluación de Riesgos, como instrumento para la identificación y cobertura del riesgo, en materia de Contratación. Esta matriz contiene los posibles riesgos como escenarios potenciales de fraude, siendo valorados en función de su impacto y probabilidad y categorizándolos en función de su nivel (aceptable /significativo /grave), además de definir las acciones a implementar, respecto a cada uno de los riesgos de fraude identificados.
Para poder adaptar las actuaciones de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo al PMA, y determinar qué medidas antifraude son las más adecuadas, proporcionadas y eficaces, ha sido precisa la evaluación del riesgo de fraude en los procesos clave de la ejecución del PRTR. Esta evaluación se ha realizado siguiendo la metodología y herramientas previstas en el PMA de la Junta de Andalucía. Posteriormente, deberá repetirse al menos de manera anual o siempre que se haya detectado algún caso de fraude o cuando se hayan producido cambios significativos en los protocolos o en el personal.