La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, durante su comparecencia.
La Junta de Andalucía ha comenzado a aplicar la jornada laboral de 35 horas semanales en el sector público desde hoy 16 de enero, tal y como establece el decreto ley aprobado por el Consejo de Gobierno y convalidado por el Parlamento el pasado mes de noviembre. Se restablece así una mejora instaurada en 1999 pero que fue suspendida en 2012 por las normas estatales de estabilidad financiera.
La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha informado al Consejo de Gobierno de las medidas adoptadas para la implantación inmediata de la nueva jornada sin que se vean afectados los servicios públicos ni el nivel de calidad de las prestaciones. La decisión beneficia a más de 260.000 empleados públicos cuya regulación laboral depende de la Junta.
Con carácter general, la medida supondrá trabajar dos horas y media menos a la semana. En el ámbito sanitario se modifican los cómputos anuales de cada turno, de modo que el nocturno pasa a 1.450 horas anuales, el rotatorio a 1.483 y el diurno de 1.645 a 1.540, es decir, 105 horas menos. La nueva jornada también se aplica de manera inmediata en educación, si bien la reducción de horas lectivas no se materializará hasta el comienzo del próximo curso escolar.
En su informe al Consejo, María Jesús Montero ha destacado que la recuperación de las 35 horas es una medida generadora de empleo que conllevará un incremento de los efectivos para mejorar las prestaciones públicas, especialmente en salud y educación. En el primero de estos ámbitos se realizarán las contrataciones necesarias, mientras que en los centros educativos se procederá al nombramiento de personal interino. Tal y como prevé el Presupuesto de la comunidad autónoma para 2017, los nuevos empleados se incorporarán de forma temporal y se avanzará en su estabilidad a través de las correspondientes ofertas de empleo público.
La jornada laboral de 35 horas constituye una de las medidas más reclamadas por los empleados públicos y como tal quedó recogida en el calendario de restitución de derechos que la Junta y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF acordaron el pasado mes de junio, en desarrollo a su vez del Acuerdo para la Defensa y Mejora del Empleo Público suscrito en julio de 2015 con la presidenta de la Junta, Susana Díaz. El compromiso del Gobierno andaluz es recuperar progresivamente todos los derechos suspendidos con motivo de la crisis económica, fijando un horizonte temporal que coincide con la presente legislatura.
Implantada en Andalucía en el año 1999 como una conquista histórica fruto de la negociación sindical para avanzar en la conciliación laboral y familiar de los empleados públicos, la jornada de 35 horas se amplió a 37,5 horas en 2012, con carácter excepcional y temporal, como consecuencia de las normas estatales de sostenibilidad financiera y estabilidad presupuestaria. En este sentido, la consejera ha subrayado que, tanto la por la favorable evolución de la economía como por el cumplimiento de los objetivos de déficit durante estos años, la Junta dispone actualmente de la suficiencia financiera adecuada para hacer frente al restablecimiento de la medida. Asimismo, ha recordado las plenas competencias de la Administración autonómica para regular en materia de jornada laboral de su personal, tal y como establece el propio Estatuto Básico del Empleado Público.
Paga extra
Por otro lado, María Jesús Montero ha informado también de la devolución de un nuevo tramo de la paga extra de 2012 que se hará efectivo en el mes de febrero, tal y como establecía el calendario de restitución de derechos de los empleados públicos. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publica hoy las instrucciones dictadas por su departamento para proceder al abono de los importes equivalentes a otros 46 días que se harán efectivos junto con la nómina del próximo mes. Según recoge el acuerdo con los sindicatos, la cantidad restante, correspondiente al último 25%, se abonará según recoge el acuerdo, en febrero de 2018.
La recuperación de la jornada laboral de 35 horas se enmarca en el proceso de devolución los derechos laborales suspendidos que se viene realizando gradualmente durante los últimos dos años y se completará en esta legislatura. El personal funcionario interino y temporal ya ha recuperado del cien por cien de su jornada y de las retribuciones, que se vieron reducidas en un 25%, frente al modelo de despidos y privatizaciones seguido en otras comunidades. Asimismo, tras años de congelación retributiva, en enero de 2016 ya se aplicó a todos los empleados públicos autonómicos una subida salarial del 1% (máximo permitido por la legislación estatal).
Desde junio de 2015 se han recuperado todas las pagas extraordinarias y también se han realizado este mismo año los dos primeros abonos de la devolución de la extra de 2012, proceso que se completará en febrero de 2017 y de 2018.
De acuerdo con el calendario pactado con los sindicatos, los días adicionales de permiso por asuntos particulares han sido restituidos en las mismas condiciones vigentes en 2012, además de recuperarse los de vacaciones en función de la antigüedad. Igualmente, se ha actualizado el catálogo de enfermedades que son causa del abono del 100% del complemento de incapacidad temporal y de la totalidad de retribuciones correspondientes a los días de ausencia.
El resto de derechos se completará en 2018 y 2019 con la recuperación de la nómina completa, al restituirse el 10% de los conceptos retributivos variables (como los vinculados a productividad o a consecución de objetivos) en dos tramos del 5% cada año. En 2019 se restablecerán también las ayudas de acción social.