Portal de la Junta de Andalucía
Buscador general

p. ej. ofertas de empleo, ayudas, escolarización...

Sesión de 04/07/2017

El objetivo de déficit y el techo de gasto del Gobierno central someten a Andalucía a un doble ajuste y castigan a las familias

La consejera de Hacienda denuncia que la imposición impedirá inversiones estratégicas y no traslada la recuperación económica a la ciudadanía

María Jesús Montero, consejera de Hacienda y Administración Pública

María Jesús Montero, consejera de Hacienda y Administración Pública

El objetivo de déficit y el techo de gasto fijados por el Gobierno central someten a Andalucía a un doble ajuste presupuestario, suponen un durísimo golpe a sus oportunidades de desarrollo y no trasladan la recuperación económica a las familias. Así lo ha valorado la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, que ha presentado al Consejo de Gobierno un informe sobre la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el pasado 29 de junio.

La reducción del objetivo de déficit del 0,6% al 0,3% del Producto Interior Bruto (PIB), impuesto para el año 2018, exigirá un ajuste de 450 millones de euros en el próximo presupuesto de la comunidad autónoma. Asimismo la senda de consolidación aprobada en el CPFF establece para 2019 el equilibrio presupuestario de las comunidades con un déficit del 0%, lo que supondrá para Andalucía un nuevo ajuste de otros 450 millones de euros. Ello suma un total de 900 millones en los dos próximos ejercicios.

Respecto a los efectos para Andalucía del techo de gasto no financiero de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, aprobado ayer lunes por el Gobierno central, Montero ha augurado que de nuevo impedirá inversiones estratégicas para la comunidad, recordando el recorte del 36,6% sufrido en las cuentas de este año. A juicio de la consejera, el incremento del 1,3% es una previsión “raquítica e insuficiente”.

La consejera ha denunciado que en el CPFF, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha establecido unilateralmente los objetivos de déficit para el periodo 2018-2020, pese a el voto en contra de la mayoría de las comunidades autónomas (el sistema de votación otorga a la Administración central la misma representación que al conjunto de las regiones). La Junta reclamaba que en 2018 este límite se mantuviera estable en el 0,6%, de forma similar a como ya ocurrió entre 2015 y 2016, dos años en los que quedó fijado en el 0,7%.

Montero también ha criticado la opacidad del ministro Cristóbal Montoro, que no ha aclarado cuál ha sido la metodología empleada para determinar la distribución del déficit entre administraciones, con un mayor esfuerzo para las autonómicas. En este sentido, ha defendido la aplicación de criterios objetivos que consideren el porcentaje de gasto que representa cada administración, ya que lo importante es definir qué políticas deben preservarse y protegerse, especialmente la sanidad, la educación, la atención a la dependencia y las pensiones, al margen de quién tenga las competencias.

Efectos sobre el PIB regional

La consejera ha recordado que las comunidades autónomas representan el 32% del gasto público y solo tienen el 19% del margen de déficit del conjunto de las administraciones. Si se repartieran los objetivos de déficit en función de la participación en el gasto público, al Estado le correspondería el 0,4% (por debajo del 0,7% asignado), mientras que a las administraciones territoriales les correspondería el 0,6% que reclamaba Andalucía, frente al 0,3% finalmente impuesto. Esta desequilibrada aplicación del déficit provoca que Andalucía deje de disponer de 11.292 millones de euros entre 2012 y 2020, lo que se traduce en una reducción media del PIB regional del 1,8% anual.

No obstante, la consejera ha recordado que la Junta está comprometida con la estabilidad y ha cumplido con el objetivo de déficit en 2016, situándolo en el 0,65% del PIB, por debajo del 0,7% exigido, y ha subrayado que el Estado lo incumple y además se asigna el superávit registrado por los ayuntamientos, a los que no ha permitido destinar estos recursos adicionales a incrementar su gasto. Concretamente, las corporaciones locales alcanzaron en 2016 un superávit del 0,64% (7.083 millones de euros), de modo que el Estado no tendrá que hacer esfuerzo alguno para cumplir el objetivo del 0,7% que se ha marcado para sí mismo en 2018, mientras que a las comunidades le impone un 0,3%. “Cuanto más desequilibrados son los objetivos, más inalcanzables resultan y más difícil es cumplirlos y hacerlos cumplir”, ha subrayado Montero.

La titular de Hacienda también ha aludido a los ingresos que llegan a la comunidad a través del modelo de financiación y que permiten a las comunidades hacer frente a las competencias transferidas desde el Estado. Caducado desde 2013, ha criticado su “nefasta y discrecional” aplicación por parte del Gobierno central, con una merma para Andalucía de 4.672 millones de euros dejados de recibir en los últimos seis años. Ello supone un ajuste anual de 700 millones de euros que se suman a los 450 millones del déficit y que, a juicio de Montero, “constituye un lastre para afrontar el salto de calidad que necesitan los servicios públicos”.

Estas restricciones, que deberán trasladarse a las cuentas andaluzas de los dos próximos ejercicios, se suman al impacto del techo de gasto no financiero aprobado para los PGE de 2018. Montero considera que la subida del 1,3%, con solo 1.497 millones de euros más es raquítica e insuficiente, además de estar desvinculada de las propias previsiones económicas del Gobierno central. Entre 2015 y 2017 se ha rebajado en 14.922 millones de euros a pesar de que la economía se ha recuperado con incrementos superiores al 3% del PIB.

Montero ha indicado que el techo de gasto es ahora 30.000 millones inferior al que había en 2011 (30.222), con una reducción acumulada hasta 2018 superior a los 180.000 millones de euros (182.363). A juicio de la consejera, se trata de una continuación de la estrategia de reducción del peso de gasto público que el Gobierno central ha comprometido con Bruselas y que exige que el gasto en sanidad se reduzca en un 0,5%, en educación baje un 0,34% y en protección social caiga el 1%. Así, si el gasto público sobre el PIB era del 45,8% en 2011 y del 42,4% en 2016, bajará otros tres puntos hasta 2020.

 

 

 
 

Otros documentos

 

Más información