El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha presentado hoy al Consejo de Gobierno un informe en el que se dan por cumplidas las 21 medidas acordadas entre el Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) para los cien primeros días del nuevo Gobierno.
Regeneración democrática
El documento está dividido en cuatro apartados. En el primero, relativo a medidas de urgencia para la regeneración democrática, el nuevo Ejecutivo ha querido plantear desde el inicio de la legislatura un paquete de actuaciones para acabar con la corrupción, uno de los problemas que más ha preocupado en los últimos años a los andaluces.
En este sentido, se han iniciado las actuaciones necesarias para la adopción de medidas para la protección de los denunciantes del fraude y la corrupción, de tal forma que se garantice la tutela de los derechos de todas las personas que denuncien posibles irregularidades desde los servicios de la Administración de la Junta de Andalucía.
También se han dado los primeros pasos para la aprobación de una Ley de creación de la Oficina Contra el Fraude y la Corrupción. A esta oficina se le atribuirán, entre otras funciones, la posibilidad de sancionar a las personas que, siendo altos cargos, incumplan la normativa sobre incompatibilidades, o el control de la legalidad de todas las subvenciones concedidas por la Administración y por las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía.
Igualmente, el Ejecutivo andaluz trabaja ya en un proyecto de ley para despolitizar la Administración, con el objetivo de reforzar la independencia de la Junta de Andalucía. También se solicitó desde el Consejo de Gobierno al Parlamento de Andalucía la creación de una Comisión de Investigación sobre la Fundación Andaluza de Formación y Empleo (FAFFE), cuyos trabajos de dicha comisión ya se han iniciado en la Cámara. El Gobierno se acogió al artículo 52.1 del reglamento del Parlamento, que le permite impulsar una comisión de investigación, lo que nunca antes había sucedido en Andalucía.
Además, el Consejo de Gobierno ha manifestado su criterio favorable a la Proposición de Ley de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía que permitirá eliminar los aforamientos del presidente de la Junta, de los miembros del Consejo de Gobierno y de los diputados del Parlamento. Y también se ha impulsado la limitación de ocho años a los mandatos del presidente de la Junta de Andalucía y sus consejeros.
Del mismo modo, el Consejo de Gobierno aprobó en su primera reunión que la Intervención General de la Junta de Andalucía incluyera en el Plan de Control Financiero de 2019 una auditoría sobre doce agencias públicas empresariales. Además, se ha encargado un informe a la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre la Radio Televisión de Andalucía (RTVA).
Asimismo, se ha abordado la racionalización y ordenación de entidades del sector público, que pasaba por la eliminación de hasta 85 entidades instrumentales que consumían recursos y esfuerzos y que no se dedicaban a las funciones para las que fueron creadas.
Apoyo a los autónomos y dinamización de la economía
El segundo punto del acuerdo de Gobierno es el relativo a medidas de urgencia de apoyo a los autónomos y dinamización de la economía andaluza. El nuevo Gobierno ha aprobado la ampliación a 24 meses de la tarifa plana de 50 euros para los nuevos autónomos y emprendedores en Andalucía; y ha creado una tarifa superreducida de 30 euros para nuevos autónomos menores de 25 años y mujeres en el ámbito rural, que se aplicará durante 24 meses.
También se ha determinado la participación de un grupo de trabajo de expertos para la simplificación normativa y administrativa en la elaboración del Plan para la Mejora de la Regulación Económica de Andalucía (2018-2022).
Se ha continuado con la reforma del Impuesto de Sucesiones y Donaciones hasta la bonificación del 99% de la cuota. Además, el Gobierno ha aprobado un decreto para poner en marcha una próxima bajada de los tipos en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
El nuevo Gobierno también ha tenido en cuenta la importancia del sector primario andaluz y ha impulsado un Plan Estratégico para la mejora de la competitividad del sector agrícola, ganadero, pesquero y agroindustrial y del desarrollo rural de Andalucía 2019-2022.
Asimismo, se ha solicitado una reunión con el presidente del Gobierno para abordar la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, así como la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Impulso de la formación y el capital humano
El punto tres del pacto se refiere a las medidas de urgencia para el impulso de la formación y el capital humano. El Consejo de Gobierno aprobó un Plan Andaluz de Refuerzo Educativo con el objetivo de combatir desde la raíz el abandono escolar temprano en Andalucía, que se sitúa en el 21,9%, buscando que los alumnos mejoren en competencias fundamentales, tales como matemáticas, lectura e inglés, junto a actividades deportivas y de hábitos saludables. Beneficiará a más de 100.000 alumnos y cuenta con un presupuesto de 12 millones de euros.
Se ha publicado también el trámite de consulta pública previa a la elaboración del Anteproyecto de Ley del reconocimiento de la autoridad del docente, que pretende recuperar el respeto para maestros y profesores, figuras centrales del progreso de una sociedad.
Además, la nueva Ley Andaluza de Cualificación y Formación Profesional garantizará una mayor cobertura de la demanda, lo que evitará que 140.000 alumnos se queden sin plaza pública, como ha ocurrido en los últimos cinco años, impulsando la FP Dual (formación en el centro educativo y en las empresas).
Cohesión e inclusión social
Dentro del último punto, que incluye medidas de urgencia para la cohesión y la inclusión social, se ha aprobado un plan de choque para la mejora de la calidad de la sanidad pública de Andalucía, que permitirá reducir de forma drástica y efectiva las listas de espera. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) detectó que 843.538 personas están pendientes de una intervención o de una consulta de atención especializada hospitalaria, más del doble de las que se conocían hasta diciembre de 2018.
Se han iniciado los trámites para la aprobación de un Proyecto de Ley Integral de Apoyo a las Familias Andaluzas que promueva, entre otras medidas, un incremento de la cobertura de la educación infantil de 0 a 3 años y la implantación de servicios de aula matinal y comedor en los centros educativos andaluces para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
También se ha puesto en marcha un plan de choque para agilizar las listas de espera en materia de Dependencia, dotado de una inversión de 77 millones de euros, con el objetivo de incorporar de manera gradual a las 110.447 personas pendientes de ser atendidas por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Del mismo modo, se han iniciado las actuaciones necesarias para el diseño y aprobación de un gran acuerdo contra la violencia de género en Andalucía, que desarrollará en la comunidad andaluza los avances logrados con la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, implementándolo con una dotación presupuestaria suficiente.
Por último, ya se ha creado una Comisión de la Discapacidad en el Parlamento de Andalucía y se ha aprobado un Plan para la Mejora de la Gestión de la Política Migratoria que incluye un refuerzo de la coordinación y cooperación con el Gobierno de la Nación. También se ha convocado a la Junta de Seguridad de Andalucía, con la finalidad de destinar mayores recursos tanto humanos como materiales para los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargados de la vigilancia de las fronteras en Andalucía.