El Consejo de Gobierno ha acordado manifestar su criterio contrario a la toma en consideración de la proposición de ley relativa a la Ley de Participación y Colaboración Institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Andalucía presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y cuyo anteproyecto ya se comenzó a tramitar en la anterior legislatura.
El Ejecutivo autonómico señala que el texto presentado es un mero compendio de regulaciones contenidas en diferentes leyes aprobadas a lo largo de los últimos años por diversas comunidades autónomas que no refleja la realidad económica y social de Andalucía. El objetivo del Gobierno es tramitar una ley que sea más coherente con esa realidad y esté alejada de esa reedición de leyes impulsadas por comunidades autónomas con diferentes idiosincrasias.
Para cumplir con ese objetivo, la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad está elaborando una Ley de Participación Institucional, que está destinada a regular las relaciones entre el Gobierno de Andalucía y agentes económicos y sociales en el ámbito de la Administración autonómica.
Esta futura norma incluirá la estructura y objetivos que deberán guiar la intervención de sindicatos, empresarios y demás agentes sociales en los asuntos que les competen dentro de los organismos e iniciativas públicas. Economía ya dispone de un borrador de esta norma que se ha sometido a análisis con los agentes sociales, sindicatos y empresarios y la intención es poderlo presentar cuanto antes.
Esa futura ley no sólo pautará las relaciones sociolaborales dentro del ámbito de lo público, sino que también definirá la financiación a estos agentes en virtud de su participación en aquellos órganos que desarrollen medidas o actuaciones relacionadas con sus competencias y de su dedicación al seguimiento de programas o proyectos públicos. Con esta iniciativa se da una mayor cobertura legal a esta participación y se fomentará el diálogo social, un respaldo que
permitirá que la colaboración entre Junta y agentes económicos y sociales sea más eficiente y funcione mejor.
Por otro lado, la propuesta del Partido Socialista incluye la figura de la colaboración en una regulación que debe ceñirse estrictamente a la participación institucional, entendida ésta como el mecanismo mediante el cual los agentes económicos y sociales más representativos pueden tomar parte en los procesos de elaboración de iniciativas impulsadas desde la Administración pública.