El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la actualización del Decreto por el que se regulan los derechos a la información y a la protección de los intereses económicos de los usuarios de centros privados que imparten enseñanzas no oficiales. El decreto original databa de 1993 y se había quedado obsoleto.
Con esta modificación, los usuarios de este tipo de instituciones podrán disponer de información transparente, accesible y comprensible acerca del tipo de enseñanza no oficial a la que acceden y de su validez académica o profesional, así como de las acreditaciones que deriven de la misma y las posibles utilidades de sus títulos.
La actualización del decreto era necesaria debido a los cambios tecnológicos ocurridos desde su promulgación en 1993, que han supuesto una revolución en el modo de contratar y de impartir estas enseñanzas, ya que las tecnologías permiten que se lleve a cabo íntegramente ‘online’.
Otra motivación del cambio es que, desde 1993, la evolución de la normativa y la jurisprudencia sobre los derechos de las personas consumidoras y usuarias ha evolucionado mucho, de forma que cuentan con una protección cada vez mayor por parte de los órganos legislativos y judiciales tanto nacionales como de la Unión Europea.