La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha informado al Consejo de Gobierno del inicio de la tramitación del proyecto de decreto por el que se regula la calificación ambiental y la declaración responsable de los efectos ambientales, que son competencia de los ayuntamientos o de las entidades locales en las que delegan estas instituciones. El objetivo del Gobierno andaluz es simplificar y acabar con la inadecuada regulación de estos instrumentos en Andalucía, que genera inseguridad jurídica al dar pie a tramitaciones dispares en los municipios andaluces.
Además, la aprobación de esta nueva norma, que se encuentra en fase inicial de tramitación tras haber superado el paso de consultas públicas previas, contribuirá a eliminar barreras innecesarias que se encuentran quienes están interesados en desarrollar una nueva actividad económica en la comunidad autónoma. Estas trabas son consecuencia del desfase de la regulación actualmente en vigor, aprobada hace 25 años.
Esta iniciativa legislativa es un ejemplo más de la apuesta de la Junta de Andalucía por simplificar los procesos administrativos para mejorar su eficiencia y facilitar los trámites a los ciudadanos.
La entrada en vigor de este Decreto de carácter ambiental supondrá un avance en el ámbito de la transparencia del que se beneficiará la sociedad andaluza, ya que hará posible que todos los ciudadanos interesados puedan conocer si las actuaciones puestas en marcha en la comunidad autónoma cuentan con el respectivo instrumento de prevención ambiental. Esta información estará disponible en el Registro Municipal de Calificaciones Ambientales y Declaraciones Responsables, de libre acceso para toda la población.
Homogeneización de criterios en el territorio andaluz
La nueva normativa también ofrecerá importantes beneficios a los empresarios, que, al contrario de lo que ocurre ahora, podrán tener la certeza de no estar expuestos a un posible procedimiento sancionador por no haber sometido su actuación al instrumento de protección adecuado.
Para ofrecer esta garantía a quienes impulsan las iniciativas, la norma establece la obligatoriedad de una comprobación previa de la declaración responsable de los efectos ambientales por parte del órgano ambiental local competente, que la registrará en caso de considerarla procedente. Así, estos instrumentos se integrarán entre los documentos necesarios para el inicio de la actividad junto a las licencias y otras declaraciones responsables.
Actualmente, la Ley de aplicación prevé la posibilidad de sustituir la calificación ambiental de un proyecto por una declaración responsable, pero esta decisión depende del órgano ambiental local y, por tanto, puede diferir en función de la ubicación donde se desarrollan los proyectos.
Ante esta situación de discrecionalidad, el Decreto en el que trabaja la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible apuesta por homogeneizar los criterios de aplicación de estos instrumentos en el territorio andaluz, incluyendo un anexo en el que se determinen las actuaciones que quedan excluidas de esta posibilidad y, consecuentemente, siempre deben ir acompañadas de una calificación ambiental.
Éste será el caso de los mataderos, las obras costeras, los proyectos de urbanizaciones, las estaciones de servicio, el almacenamiento y las actividades relativas a productos inflamables o explosivos, los parques zoológicos en suelo urbano o urbanizable, los crematorios, las instalaciones radioeléctricas y las instalaciones industriales para la fabricación, refinado y transformación de grasas y aceites vegetales y animales.