El Consejo de Gobierno ha recibido por parte de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local el informe sobre la adquisición del Campus Palmas Altas para albergar la futura Ciudad de la Justicia de Sevilla. El proyecto pasa no solo por la compra de los edificios existentes, sino también por la adquisición de dos solares adyacentes con los que ampliaría el complejo con inmuebles tanto para sede judicial como para aparcamientos.
El informe entregado hoy define Palmas Altas como “un moderno complejo de edificios que se adapta de forma óptima a la funcionalidad de los edificios judiciales. Es, además, la única opción que permite acabar con la dispersión de sedes y dotar de una mayor superficie edificable y de aparcamientos a los actuales inmuebles, contando con una proporción adecuada a la actual planta judicial y con opciones de crecimiento futuro”. Todo ello con un coste inferior al que resultaba de otras posibles ubicaciones, pues se sitúa en 78 millones de euros. Solo la construcción del complejo, según los datos de la propietaria, supuso un desembolso de 132 millones.
La inversión sería amortizada en pocos años, recoge el documento, gracias al ahorro de las rentas de las sedes ahora alquiladas, que suponen cinco millones de euros anuales (5.037.439,38 euros). Asimismo, “Palmas Altas cumple con los requisitos exigidos a una instalación judicial de este calibre: ubicada dentro de la ciudad de Sevilla, en suelo urbano y con una completa prestación de servicios municipales, aparcamientos, transporte público y sin precisar tramitaciones ni desarrollos urbanísticos ulteriores”.
Su adquisición supondrá una notable mejoría en la eficacia de la prestación del servicio de Justicia y una mayor eficiencia económica por el ahorro que supondrá; por lo que el informe concluye que “no existe actualmente en la ciudad de Sevilla ningún edificio, ni conjunto de edificios, construido con tan altas prestaciones arquitectónicas, constructivas y medioambientales y tecnológicas con la superficie que aporta el complejo Palmas Altas”.
Además, Palmas Altas permitiría ganar funcionalidad en los edificios judiciales al hacer posible la separación de circulaciones del personal y de uso del público, así como de detenidos, con zonas y accesos independientes a las salas de vistas para ellos; la distribución de despachos de magistrados y letrados de la Administración de Justicia, con sus Unidades Procesales de Apoyo Directo y Servicios Comunes, además de facilitar espacios para reuniones, archivos o reprografía. Las salas de vistas se localizarían en las plantas bajas, con separación de jurisdicciones al tratarse de edificios independientes; al igual que para otros servicios judiciales con gran afluencia de público como el Registro Civil o la Clínica médico-forense. Sería, además, el primer edificio judicial que albergaría una guardería.
La primera fase en cuatro años
El traslado a la futura Ciudad de la Justicia de Sevilla, según el documento, se articularía en un escenario de cuatro años, que “en una primera fase conllevaría la adaptación de los siete edificios actuales del Campus, lo que permitiría abandonar todas las sedes actualmente en alquiler con el consecuente y ya citado ahorro”. Es decir, se dejarían únicamente en uso los edificios del Prado de San Sebastián que son en propiedad. La segunda fase contempla la finalización de las obras de construcción del edificio de nueva planta.
El actual Campus de Palmas Altas se levanta sobre un recinto cerrado de 42.189 metros cuadrados y se compone de un conjunto de siete edificios de entre tres y cinco plantas, agrupados en dos áreas y dispuestos alrededor de la plaza central con zonas ajardinadas. Cuenta con una superficie construida de 51.466 m² como uso de oficinas y 983 plazas de aparcamiento subterráneo.
La Ciudad de la Justicia llegaría a superar los 215.000 metros cuadrados entre el espacio destinado a oficinas y los aparcamientos, tanto subterráneos como sobre rasante, una vez que estuviera finalizada al completo, tras una inversión en obras de 128 millones de euros entre la readaptación del actual Campus a sede judicial y de construcción de los nuevos edificios.
Por último, el informe recuerda que el complejo fue proyectado por el arquitecto británico Richard Rogers, Premio Pritzker de Arquitectura, junto a los españoles Luis Vidal y Asociados. Un proyecto que fue galardonado con el Premio RIBA 2010, el Prime Property Award 2010 del Union Investment, el "Excellence in Design" 2010, del American Institute of Architects y la certificación Leed Platino (2008), la más alta de las cuatro categorías creadas por el Building Council de Estados Unidos, convirtiéndose en el primer edificio de Europa en obtenerla.