El Consejo de Gobierno ha conocido las conclusiones del informe diagnóstico ‘Servicios sociales comunitarios en Andalucía: modelo organizativo, recursos humanos y financiación’, impulsado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en colaboración con la Universidad Pablo de Olavide (UPO), que aboga por la necesidad de reorganizar el modelo de los servicios sociales comunitarios. Las conclusiones del estudio serán la base para el futuro Plan Estratégico de los Servicios Sociales que tramita ya la Consejería para mejorar la accesibilidad al sistema y adecuar la distribución de recursos a las necesidades de cada zona de intervención
La Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía establece que, en el ejercicio de sus competencias de coordinación del sistema público de servicios sociales, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejería competente en materia de asuntos sociales, acordará la formulación y aprobará el Plan Estratégico de Servicios Sociales de la comunidad autónoma.
Se trata de la herramienta que permitirá programar las prestaciones, servicios, programas y otras actuaciones necesarias para cumplir los objetivos del sistema de servicios sociales de Andalucía. Dicho plan será aprobado próximamente, tras el informe preceptivo del Consejo de Servicios Sociales de Andalucía.
La normativa señala que este Plan Estratégico de Servicios Sociales deberá incluir, entre otros aspectos, un diagnóstico de las necesidades sociales y un pronóstico de su evolución. Para ese fin, la Consejería ha encomendado a un equipo multidisciplinar de investigadores de la UPO la realización de una investigación que permita analizar el marco organizativo de estos servicios en la comunidad, las funciones prioritarias que realizan, los equipos profesionales que lo conforman y su sostenimiento económico.
En sus conclusiones, la investigación pone de manifiesto que los servicios sociales comunitarios son una herramienta de protección de la red primaria, la familia. Asimismo, señala que, pese a lo establecido por la normativa nacional, que atribuye a cada administración un tercio de la inversión, es la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Igualdad, la administración que soporta el 70% de la inversión del sistema de servicios sociales, con una aportación superior a los 629 millones de euros durante 2019, el periodo analizado.
Asimismo, la Administración local asume el 27% (de los que el 19% corresponde a municipios mayores de 20.000 habitantes y el 8% a las diputaciones). Por su parte, la Administración central apenas aporta un 2%, en torno a los 18 millones de euros, mientras que las personas beneficiarias asumen el 1%.
Territorio y prestaciones
El informe plantea además el reto de modificar la organización interna y de gestión de los centros de servicios sociales comunitarios, que hasta ahora se asienta en torno a dos criterios fundamentales: el territorio o los programas y prestaciones que se atienden.
El diagnóstico realizado aprecia la existencia de modelos con características similares en el ámbito rural y otros en el entorno urbano, además de constatar disparidades en la intensidad de prestación entre zonas de interior o de costa, o incluso del entorno oriental y el occidental. Unas diferencias que se atribuyen, entre otros elementos, a la despoblación, la renta y el envejecimiento de la población.
En este sentido, el estudio plantea el reto de mejorar la organización y comunicación entre los distintos centros de servicios sociales comunitarios con un modelo de servicio homogéneo y adaptado a las distintas realidades sociales de Andalucía, dado que esa heterogeneidad ralentiza en ocasiones la eficacia de nuevos programas o prestaciones para combatir la vulnerabilidad. Y aboga por simplificar y automatizar la tramitación administrativa que realizan los profesionales de los centros, dado que, en ocasiones, deben aplazar el proceso de acompañamiento e intervención directa con los ciudadanos.
Otra de las conclusiones apuntadas por el informe incide en que los servicios sociales comunitarios deben recuperar el trabajo con la comunidad como complemento a la intervención que se hace a nivel individual o con las familias, a fin de prestar una atención integral.
El informe avanza que el proyecto de una Historia Social Única permitirá mejorar los sistemas de registro de prestaciones e intervenciones y agilizar los procesos, una de las tareas más urgentes. Destaca además la necesidad de avanzar en la revisión del formato competencial de algunos programas y la reorganización de los profesionales.
En este sentido, realiza una mención especial al papel estratégico que desarrolla el personal administrativo de estos centros, con funciones que van más allá de lo meramente administrativo, y apunta a la importancia de implantar la figura del trabajador social de referencia.
Asimismo, el análisis de los investigadores de la UPO plantea la necesidad de prestar atención directa al lado más humano del sistema, en cuanto a las profesionales y a los usuarios, para generar una visión más cercana del servicio y crear espacios de cuidados comunes para combatir la fuerte carga emocional del personal que desarrolla su labor día a día en estos recursos.