El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de las aportaciones planteadas en el proceso de consulta previo sobre la nueva Ley de Minas promovida por el Gobierno de España, recabadas tras un proceso de diálogo del Gobierno andaluz con asociaciones
empresariales y colegios profesionales del sector de la minería.
El Gobierno andaluz considera que, en este momento, no es oportuna una modificación profunda de la ley actual, ya que la Unión Europea está en proceso de elaboración de una iniciativa legislativa para regular aspectos vinculados a las materias primas críticas
y esto supondrá la consecuente armonización posterior de las legislaciones nacionales.
A pesar de ello, y teniendo en cuenta que Andalucía ocupa una posición de liderazgo en el sector extractivo nacional concentrando el 40% del valor de la producción nacional -porcentaje que se eleva al 90% en el caso de la minería metálica-, el Gobierno andaluz
ha querido contribuir al diseño de este nuevo marco, en el que destaca la necesidad de contemplar instrumentos que faciliten la reducción de cargas administrativas y la tramitación de los títulos mineros, la consolidación en el ámbito territorial de las cadenas
de valor vinculadas a la actividad extractiva y la difusión del valor que aporta la minería, así como otros elementos que favorezcan un entorno más acogedor para el desarrollo de las actividades mineras.
Las propuestas se organizan en varios bloques temáticos determinados en el texto de la consulta. En primer lugar, el Gobierno autonómico señala que la futura ley debe ampliar su alcance para dar cobertura, independientemente de los desarrollos normativos específicos propios de los diferentes ámbitos, a aspectos como la seguridad, la cultura o el patrimonio minero. Además, considera que debería regularizar excepcionalidades de naturaleza histórica, como es el caso de arrendamientos temporales parciales que se producen en las explotaciones de mármol de Macael, de modo que se facilite la adaptación de los preceptos generales legislados a la naturaleza singular de dichas explotaciones.
En relación con los principios de gobernanza del régimen minero, se apunta la necesidad de desarrollar un órgano de cooperación estable y permanente entre el Estado y las comunidades autónomas, y se señala igualmente la importancia de contemplar la aceleración de proyectos de interés estratégico, a modo de lo que se viene haciendo desde la Junta de Andalucía a través de diversas figuras y unidades administrativas ad hoc, y de fijar con exactitud el alcance competencial de la Administración Local en materia de minas.
En los aspectos relacionados con la gestión administrativa del dominio público minero, se incide en la necesidad de que los proyectos mineros tengan la consideración de interés general o interés público, lo que permitiría evaluar la prevalencia de la actividad minera sobre otros intereses. Además, considera fundamental que la clasificación de los recursos mineros y su definición estén ya recogidos en la modificación de la Ley de Minas y no haya que esperar a la publicación de su reglamento de desarrollo para conocer esta información y la oportunidad de unificación de solicitudes de permisos de investigación y concesiones de explotación, entre otros aspectos de relevancia.
En lo concerniente al desarrollo del procedimiento administrativo, Andalucía plantea la tramitación única y conjunta de la información pública de todas las administraciones implicadas. Igualmente, apunta que debería establecerse un procedimiento de
coordinación a la hora de otorgar un derecho minero que pudiese derivar incluso en una tramitación unificada similar a una ventanilla única.
Así, se considera que la nueva Ley de Minas debería contemplar un Plan Nacional de Investigación de materias primas fundamentales o críticas que incluya también los procesos de tratamiento y obtención de los productos para su uso en la industria.
En otro orden de cosas, la Junta considera que la nueva norma debería recoger beneficios fiscales para la actividad minera, y propone que una fracción de los impuestos recaudados llegue directamente al ámbito local y que una parte se module con el grado
de transformación en el territorio, de forma que se penalice la exportación de materias primas minerales para su transformación, ya que esto supone una pérdida de soberanía en el abastecimiento de materias primas a la industria nacional y europea. Del mismo
modo, indica que se deberían promover beneficios fiscales para aquellas empresas que, sin corresponderle, asuman la rehabilitación de pasivos ambientales mineros generados por una minería precedente.
Finalmente, como instrumentos específicos de apoyo para la mejora de las capacidades públicas, Andalucía plantea la creación por ley de un Cuerpo de Inspección Minera y el desarrollo de un programa nacional de telematización de procedimientos que unifique
criterios, plataformas y sistemas telemáticos de tramitación de procedimientos mineros.