El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la norma marco del Plan de Emergencia ante Contaminación del Litoral Andaluz, instrumento que coordinará los medios materiales y humanos para responder de forma eficaz a vertidos contaminantes y otras situaciones de riesgo medioambiental en las costas de la comunidad autónoma.
De acuerdo con esta norma, el futuro plan incluirá tanto el dispositivo de las operaciones de emergencia que deben desarrollarse en tierra (competencia del Gobierno andaluz) como las medidas de coordinación con el trabajo que corresponde al resto de las administraciones. Además, recogerá procedimientos específicamente dedicados a la prevención de siniestros y a la recuperación del medio ambiente dañado. Su dirección corresponderá al titular de la Consejería de Gobernación para sucesos de alcance regional y a los delegados del Gobierno de la Junta si el siniestro no sobrepasa el ámbito provincial.
En el aspecto preventivo, el texto aprobado hoy obliga a la Junta a la realización de estudios técnicos para, entre otros objetivos, delimitar zonas y actividades de riesgo, analizar a fondo aquellos territorios especialmente vulnerables e identificar las consecuencias de los posibles incidentes sobre las personas, los bienes y el medio ambiente. Gran parte de estos trabajos, que compondrán la primera fase del plan, ya se están elaborando.
En cuanto a las operaciones en tierra, la norma establece los pasos que deben seguirse ante las distintas situaciones de emergencia, distinguiendo entre las causadas por accidentes marítimos y aquellas otras que pueden tener su origen en puertos, terminales, industrias o instalaciones en mar adentro. De acuerdo con este procedimiento, una vez activado el plan y declarada la situación de emergencia, se constituirá un centro único de coordinación operativa, que tendrá a su disposición los recursos humanos y materiales de los actuales Centros de Coordinación de Emergencias (Cecem).
En el lugar del incidente, por su parte, se creará un puesto de mando avanzado que coordinará sobre el terreno las tareas de los grupos operativos anticontaminación. Estos grupos podrán ser tanto de intervención y seguimiento como sanitarios, de seguridad y de apoyo logístico. Los dos primeros se encargarán de limpiar las zonas afectadas, recoger y transportar los residuos, trasladar la fauna afectada, evaluar daños medioambientales y supervisar las operaciones de limpieza y recuperación ecológica.
Además de la participación de los profesionales directamente implicados (servicios de Protección Civil, bomberos, fuerzas de seguridad, técnicos de los Cecem, etc.), los distintos grupos operativos podrán contar también con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de asociaciones de voluntarios, organizaciones no gubernamentales y entidades privadas.
Coordinación
Para asegurar la coordinación institucional, la participación social y la adecuada asistencia científica y técnica, la norma marco del Plan de Emergencia establece la creación de tres órganos.
El primero de ellos, denominado Organismo Rector, estará formado por el director del Plan y por el Delegado del Gobierno en Andalucía. El Órgano de Participación, de carácter consultivo, garantizará la relación entre las administraciones y los colectivos sociales afectados por el siniestro. Finalmente, del Científico Técnico formarán parte profesionales de centros de investigación públicos y privados.
El Plan de Emergencia ante Contaminación del Litoral se enmarca en el amplio abanico de instrumentos que la actual normativa autonómica define para hacer frente a situaciones de riesgo. En este sentido, la Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía establece el desarrollo de planes territoriales (de ámbito autonómico, municipal y supramunicipal); de autoprotección (para instalaciones generadoras de riesgos); especiales (para incendios forestales, terremotos, inundaciones y otros episodios catastróficos), y específicos (vertidos al litoral, accidentes de tráfico y grandes concentraciones humanas, entre otros supuestos).
Actualmente, la comunidad autónoma dispone de un plan territorial de ámbito autonómico y de un centenar de planes municipales homologados o en trámite de aprobación, además del correspondiente a incendios forestales el Infoca y de otros relativos a la industria química.
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