El Consejo de Gobierno ha ratificado hoy el acuerdo de mejora de las condiciones laborales de los funcionarios de la Administración de la Junta de Andalucía, firmado el pasado 24 de octubre por la consejera de Justicia y Administración Pública, Carmen Hermosín y los representantes de los sindicatos CCOO, CSI-CSIF, UGT y ASP-USTEA.
Este acuerdo, que tendrá una vigencia de tres años y afectará a unos 20.000 trabajadores, centra la mayor parte de sus medidas en el objetivo de facilitar la conciliación entre vida familiar y laboral. Así, entre otras novedades, amplía el permiso por maternidad de 16 a 20 semanas y ofrece además libertad de decisión acerca del uso de este periodo, que podrá fraccionarse incluso en forma de reducción de jornada.
Con el mismo fin de hacer compatible trabajo y familia, la Junta establecerá nuevos permisos por adopción internacional (hasta tres meses cuando sea necesario el desplazamiento previo al país de origen); nacimiento prematuro y hospitalización tras el parto (reducción de dos horas diarias para el padre y la madre); cuidado de hijos menores de dieciséis meses (una hora diaria); atención a personas dependientes por accidente o enfermedad (reducción de entre un tercio y la mitad de la jornada), y enfermedad infecto-contagiosa de hijos menores de 9 años (tres días), entre otros motivos.
En el caso de las reducciones horarias que se aplican a quienes tienen a su cuidado directo a menores discapacitados (entre un tercio y la mitad de la jornada), se amplía el límite de edad desde los seis a los nueve años, además de incluir un nuevo supuesto por disminución sensorial.
Otra de las mejoras destacadas que recoge el acuerdo es la total igualación entre matrimonios y parejas de hecho en lo referente a tanto a permisos y como a beneficios de tipo social. De este modo, y entre otras novedades, las uniones que se inscriban en el correspondiente registro tendrán derecho a un permiso retribuido de quince días, igual al que se concede en caso de matrimonio.
En cuanto a las vacaciones, se aumentará progresivamente el número de días hábiles de este periodo hasta un máximo de cuatro más a partir del cumplimiento de los quince años de servicio.
Finalmente, la Administración autonómica incrementará del 4% al 5% el número de plazas reservadas a personas con discapacidad en sus ofertas de empleo público y establecerá un premio de jubilación de 150 euros por año de servicio.
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