El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto que regula las medidas para el reconocimiento institucional y social de las personas que fueron asesinadas y hechas desaparecer en Andalucía durante la guerra civil española y la dictadura franquista.
La norma, que responde a varias proposiciones realizadas este año por el Parlamento autonómico, establece las medidas de coordinación y apoyo necesarias para, entre otros objetivos, hacer posible la recogida de testimonios de familiares, estudiar y esclarecer hechos que aún permanecen olvidados o confusos y localizar fosas comunes para la posible exhumación y traslado de los restos de las víctimas, así como promover su reconocimiento público mediante la construcción de monumentos conmemorativos. De acuerdo con estos fines, se recogen distintos tipos de ayudas y subvenciones dirigidas a entidades locales, universidades y asociaciones que desarrollan trabajos en torno al restablecimiento de la memoria y la dignidad de las víctimas de la represión franquista. La Junta tiene previsto destinar a ello 300.000 euros el próximo año.
Asimismo, la Administración autonómica prestará la cobertura técnica necesaria para el descubrimiento de las fosas comunes, fundamentalmente a través de la participación de los institutos de Medicina Legal de la Administración de Justicia. Entre las medidas previstas en este sentido, destaca la creación de un comité técnico de coordinación que asesorará en los casos en que se realicen exhumaciones y traslados de cadáveres.
Al igual que la norma también aprobada hoy para ampliar las ayudas a los represaliados políticos andaluces del franquismo, este decreto sobre recuperación de la memoria histórica se dirige a restablecer la dignidad e impulsar el reconocimiento social e institucional de muchas víctimas anónimas en defensa de las libertades que, después más de 60 años del conflicto, aún continúan en el olvido.
Índice