El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan Integral de Atención a la Infancia de Andalucía 2003-2007, que tendrá una dotación económica de casi 1.150 millones de euros y contará con la participación de las distintas consejerías del Gobierno andaluz. Más de la mitad del presupuesto (53%) se empleará en programas de carácter social, el 26% en proyectos educativos y el 12% en actuaciones urbanísticas.
El texto, consensuado con el Consejo Regional de la Infancia, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y las entidades sociales que actúan en el ámbito de los menores, prevé la realización de 254 iniciativas, distribuidas en seis grandes áreas: promoción de los derechos de la infancia; socialización familiar; sociosanitaria; educativa, cultural y recreativa; protección, y coordinación, investigación, formación y evaluación.
En el área de promoción de derechos de la infancia la principal novedad del plan es la redacción, en colaboración con los medios de comunicación, de un código deontológico que proteja los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen de los menores. También se prevé la creación de circuitos seguros en los recorridos de los niños hacia los colegios y el aumento de los espacios de ocio mediante la adaptación de los planes urbanísticos.
En el apartado de la socialización familiar, el plan impone a los ayuntamientos la obligación de declarar la situación de riesgo de los menores como requisito para la intervención de los equipos municipales de tratamiento familiar. Asimismo, se incrementarán los medios destinados a las familias en situación de dificultad que tengan menores a su cargo.
Respecto al área sociosanitaria, se incluyen novedades como la creación de zonas diferenciadas para los menores en los centros de salud, el incremento de las medidas de detección precoz de los trastornos mentales de conducta originados por los malos tratos y la formación de los profesionales de la salud para la detección de estas situaciones.
En el campo educativo y cultural la principal iniciativa se dirige a incluir la enseñanza de los derechos de la infancia dentro de la educación obligatoria. En el ámbito de la protección, por su parte, se creará un sistema informático de recogida de datos sobre los casos de malos tratos a menores al que podrán acceder las administraciones competentes en la atención a la infancia.
Finalmente, en el área de coordinación, investigación, formación y evaluación, el plan integral dispone que el Observatorio de la Infancia organice un banco de datos sobre este sector de la población. Además, se incorporarán a los planes de estudios de las Ciencias Sociales materias relacionadas con los niños y sus familias y se promoverán las investigaciones que profundicen en el conocimiento sobre la situación de los menores.
Según los datos del Instituto de Estadística de Andalucía, los menores de 18 años suman en la comunidad autónoma más de un millón y medio de personas y representan el 20,7% de la población andaluza, frente al 17,5% del conjunto de España
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