El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar la tramitación del anteproyecto de Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía. El texto, una compilación revisada y actualizada de toda la legislación autonómica sobre la materia, incluye como principales novedades el impulso a la adaptación ambiental de las empresas mediante nuevas líneas de ayudas y el aumento del nivel de exigencia en los procedimientos de prevención y control, así como la fijación de límites para la contaminación lumínica. De acuerdo con estos objetivos, la futura ley trasladará a Andalucía las recientes directivas europeas sobre protección del medio ambiente y desarrollo sostenible.
Respecto a la primera de las novedades, el anteproyecto recoge la creación de un sello de calidad destinado a aquellas empresas que, además de acreditar el cumplimiento de la normativa vigente, vayan más allá en su compromiso con el uso eficiente de los recursos naturales al aplicar procesos de minimización de residuos, reutilización, reciclaje y ahorro de agua y energía. La creación de este distintivo, que servirá de referencia a los consumidores, es una de las principales medidas previstas dentro del objetivo general de respaldar a las empresas en sus procesos de modernización ambiental.
En relación con el apoyo al tejido productivo, el anteproyecto también recoge premisas básicas de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea, como el establecimiento de nuevas líneas de incentivos o el fomento de acuerdos y controles voluntarios por parte de las empresas para alcanzar niveles de calidad ambiental por encima de las exigencias legales. Asimismo, se fija un régimen de garantías frente a daños ambientales en virtud del cual la Administración autonómica podrá exigir un seguro de responsabilidad civil a aquellas actividades industriales sujetas a Autorización Ambiental Integrada o relacionadas con el manejo de sustancias peligrosas.
En los ámbitos de la prevención y el control, el borrador plantea una revisión a fondo de la actual Ley de Protección Ambiental, vigente desde 1994. Por el lado de la prevención, la ley incrementará el nivel de exigencia al obligar a someterse a evaluación de impacto ambiental a todos los proyectos de envergadura, incluidos los que actualmente sólo precisan de informe ambiental (este trámite, menos restrictivo, queda eliminado). Junto con ello, se mantiene la modalidad de calificación ambiental como competencia de los ayuntamientos en los proyectos de menor entidad.
Para una mayor agilidad administrativa, las futuras declaraciones de impacto ambiental integrarán también todas aquellas autorizaciones preventivas de carácter específico que tengan relación con ellas y cuya concesión corresponda a la Consejería de Medio Ambiente. Este es el caso, por ejemplo, de las relativas a emisiones a la atmósfera o a producción de residuos peligrosos.
Mayor control
En la vertiente del control, el anteproyecto de ley incorpora la denominada Autorización Ambiental Integrada (AAI) prevista en la nueva directiva europea de prevención de la contaminación. Este permiso, que englobará en un sólo trámite las diversas autorizaciones sectoriales para el control ambiental de los principales centros productivos, se concede fijando límites de contaminación que pueden ser más restrictivos que los fijados con carácter general en la legislación, ya que dependen de la mejor tecnología ambiental disponible en cada caso.
Andalucía es actualmente, después de Cataluña, la segunda comunidad autónoma española que aplica la AAI, un requisito que afecta a más de 600 grandes empresas en la región y al que, en cualquier caso, deberá ajustarse la industria española antes del mes de octubre de 2007.
Para hacer factible la mayor exigencia de calidad ambiental que en la práctica supondrá la AAI, es en este ámbito donde cobrarán una especial relevancia los incentivos públicos orientados a que las empresas apliquen técnicas de control y mínimo impacto ambiental sin afectar a la producción.
De acuerdo con su objetivo de unificar la normativa aplicable a los distintos aspectos de la protección ambiental, el anteproyecto de ley actualiza también los contenidos de la ley autonómica de 1994 en las materias de calidad del aire, agua y gestión de residuos.
En el primer caso, la principal novedad será el establecimiento de una autorización específica de emisiones a la atmósfera para todos aquellos centros productivos que no precisan de AAI, medida que afectará sobre todo a pequeñas industrias y talleres con focos contaminantes. Asimismo, la ley otorgará competencias de vigilancia de la calidad del aire a los ayuntamientos de municipios de más de 50.000 habitantes.
Contaminación lumínica
Igualmente novedosa es la previsión de regular por primera vez en Andalucía la contaminación lumínica, con una normativa que fijará límites a las emisiones de luz en función de las necesidades de los distintos territorios, desde los urbanos a los espacios naturales protegidos y las zonas de interés para la observación astronómica. Actualmente, tan sólo Cataluña y Canarias disponen de una legislación de ámbito autonómico que aborda este tipo de impacto sobre el medio ambiente.
En relación con el ruido, la futura ley incorporará el decreto aprobado por el Consejo de Gobierno en 2003, en el que se incluyen nuevas medidas para intensificar el control sobre la contaminación acústica.
Por su parte, el capítulo de protección y calidad de las aguas se verá ampliado con el progresivo traspaso a la comunidad autónoma de las competencias en aguas continentales y la consiguiente asunción de las autorizaciones de vertidos por parte de la Consejería de Medio Ambiente.
En cuanto a la gestión de los residuos, el texto dedica una especial atención a los objetivos de minimizar la producción y mejorar la gestión de los calificados como peligrosos. En este último apartado, la principal novedad se centra en la prohibición del depósito en vertederos de todos aquellos desechos que sean susceptibles de una valorización previa, es decir, de algún tipo de aprovechamiento económico o reutilización.
Asimismo, la futura ley obligará a los polígonos industriales a contar con centros de recogida de residuos no peligrosos y, en el ámbito de los residuos de construcción, facultará a las entidades locales para denegar autorizaciones o licencias en los casos en que los promotores no garanticen el destino de estos desechos.
En el capítulo de la información al ciudadano, el anteproyecto de Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental incluye medidas para desarrollar, especialmente a través de internet, nuevos canales de comunicación destinados a garantizar el acceso a los datos recopilados sobre el estado del medio ambiente en Andalucía. Igualmente, la futura norma reforzará la participación social en el proceso de toma de decisiones de política ambiental dando entrada a cualquier ciudadano suficientemente interesado y no sólo a los directamente concernidos.
Finalmente, el anteproyecto presentado hoy ante el Consejo de Gobierno actualiza el régimen disciplinario mediante una revisión generalizada de las cuantías de las multas y la creación de nuevas sanciones para aquellas materias que se regulan por primera vez. Novedad destacada en este ámbito será la obligatoriedad del abono de indemnizaciones por parte de los responsables de daños ambientales cuya reparación resulte imposible.
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