SESIÓN DEL

EL GOBIERNO ANDALUZ VUELVE A DESESTIMAR LA SEGREGACIÓN DE UNA PARTE DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SEVILLA A FAVOR DE DOS HERMANAS

El Consejo de Gobierno ha acordado rechazar el requerimiento formulado del Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) contra un decreto aprobado el pasado 5 de octubre que desestimaba la solicitud planteada por esta misma corporación para alterar el término municipal.

El Gobierno andaluz reitera los argumentos ya expuestos en aquella norma en el sentido de considerar que no hay razones demográficas, geográficas, económicas o administrativas que aconsejen la incorporación al término de Dos Hermanas de 2.763 hectáreas del municipio de Sevilla, con una población de 24.700 habitantes.

El Ayuntamiento de Dos Hermanas solicitaba la segregación de diversas zonas per-tenecientes a los barrios sevillanos de Pineda, Elcano, Los Bermejales, Heliópolis, Pedro Salvador, Guadaíra, Cortijo de Cuarto y Bellavista. La petición también incluía el Polígono Industrial Pineda y los recintos militares del Cuartel de Caballería Alfonso XIII y el antiguo Hospital Militar, además de una parte de las instalaciones del Puerto de Sevilla, los Astilleros Elcano, la cabecera del Canal Sevilla-Bonanza y la esclusa de Tablada.

Para justificar su propuesta de anexión, la Corporación nazarena alegaba que todo este territorio ya perteneció a su término municipal hasta que pasó al de Sevilla por el Decreto 331 de la Jefatura del Estado, fechado el 28 de julio de 1937.

Por el contrario, el Consejo de Gobierno entiende que el antiguo límite entre am-bos términos, coincidente con el cauce del Río Guadaíra, afecta a un territorio hoy totalmente transformado y que recuperar esta división supondría dejar en términos municipales distintos las dos aceras de una misma calle y las instalaciones de un mismo puerto, entre otros problemas.
El Gobierno andaluz vuelve a subrayar que, independientemente de todo lo ante-rior, el desplazamiento administrativo de una población servida desde más de 60 años por el Ayuntamiento de Sevilla conculcaría los principios de objetividad (artículo 103 de la Constitución) y legalidad y proporcionalidad (artículo 9.3).

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