El Gobierno andaluz incorporará obligatoriamente informes de evaluación de los derechos de la infancia en sus decretos y proyectos de ley vinculados con el ámbito de los menores de edad. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la norma reguladora de este procedimiento, que se aplicará por primera vez en una comunidad autónoma española.
De acuerdo con el decreto, el departamento que elabore un proyecto de ley o un reglamento con repercusión en los derechos de la infancia deberá enviar a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social una memoria sobre cómo afecta la norma en cuestión a los menores de edad. Partiendo de este documento, la Dirección General de Infancia y Familias realizará un informe para verificar la legalidad, el acierto y la incidencia del texto legal en relación con lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y en las legislaciones estatal y autonómica sobre esta materia.
El informe, que se emitirá con carácter previo al proceso habitual de aprobación de normas por el Consejo de Gobierno, se centrará especialmente en impedir la discriminación o exclusión social de la infancia, fomentar mecanismos de interpelación y denuncia ante posibles transgresiones de los derechos y garantizar que las políticas públicas respondan a las necesidades reales de este sector de la población.
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