El Consejo de Gobierno ha acordado autorizar al Gabinete Jurídico de la Junta para que plantee un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional en relación con tres reales decretos reguladores del sector ferroviario en España aprobados en 2004 que, a juicio del Gobierno andaluz, vulneran atribuciones de la comunidad autónoma.
La decisión se adopta al no considerar atendido el requerimiento planteado a la Administración central el pasado mes de febrero para que derogara los preceptos de estas normas que fueron cuestionados. No obstante, ambos gobiernos manifiestan su disposición a tratar el asunto en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración del Estado y la Junta de Andalucía.
Las normas estatales sobre las que la Junta planteará el conflicto de competencias son los reales decretos 2387/2004, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario; 2395/2004, del Estatuto de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, y 2396/2004, del Estatuto de la Entidad Pública Empresarial
Renfe-Operadora.
Según el Gobierno andaluz, diversos preceptos de estas tres normas ignoran tanto las competencias autonómicas exclusivas sobre los servicios ferroviarios cuyo recorrido se desarrolla íntegramente en territorio andaluz como las atribuciones de ejecución sobre los servicios con origen y destino en la comunidad autónoma.
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