El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se distribuyen entre las consejerías de Gobernación y Agricultura y Pesca las competencias de la Ley de Protección de los Animales que no estaban explícitamente atribuidas a ningún órgano de la Administración autonómica.
En líneas generales, a la Consejería de Gobernación corresponderá otorgar autorizaciones y regular cuestiones relacionadas con la presencia de animales en espacios públicos, mientras que la Consejería de Agricultura y Pesca tendrá potestad sobre los asuntos de tipo veterinario.
El primero de los departamentos se encargará, entre otras competencias, de autorizar la filmación de escenas con animales y las sesiones fotográficas con fines publicitarios que conlleven un simulacro de crueldad, maltrato o muerte. También determinará las condiciones en las que los propietarios de los perros de más de 20 kilos de peso deben sacarlos a la calle, las medidas de seguridad que han de cumplir los animales para poder entrar en transportes públicos y el perfil profesional de las personas dedicadas a la cría, adiestramiento o cuidado estético de las mascotas.
Otras competencias asignadas a Gobernación se refieren a la creación de órganos consultivos; la capacidad para ampliar el número de animales que deben ser identificados mediante microchip (actualmente perros, gatos y hurones); la regulación de los requisitos que han de cumplir los libros de registro de los centros veterinarios y de venta o cuidado de mascotas, y la determinación del número de plazas en las instalaciones municipales para animales abandonados.
Por su parte, la Consejería de Agricultura y Pesca autorizará el uso de animales para la experimentación, desarrollará la reglamentación sobre los métodos de sacrificio de las mascotas y fijará el tipo y el calendario de vacunas y tratamientos obligatorios, así como las condiciones higiénico-sanitarias que han de reunir los transportes de las mascotas.
Agricultura también será el departamento responsable de ampliar el número de especies que deben contar con cartilla sanitaria y de elaborar un inventario de razas autóctonas andaluzas de animales de compañía.
La Ley de Protección de los Animales, aprobada en 2003, cubre las lagunas de la legislación estatal en esta materia y establece medidas para garantizar las condiciones de higiene, salud, seguridad y bienestar. La norma prohíbe los espectáculos cruentos como las peleas de perros y castiga el maltrato con sanciones de entre 2.000 y 30.000 euros.
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