El Consejo de Gobierno ha aprobado el nuevo decreto regulador de los incentivos a la contratación con carácter indefinido, que supondrá una inversión mínima de 230 millones de euros hasta 2008 en ayudas para garantizar la calidad en el empleo. Esta norma, que sustituye a la vigente desde 2002, da prioridad a las pymes, las mujeres, los menores de 30 años y los colectivos con mayores dificultades para acceder a un puesto de trabajo (parados de larga duración, mujeres víctimas de violencia doméstica, personas con discapacidad, ex reclusos, drogodependientes rehabilitados, usuarios del Programa de Solidaridad, inmigrantes y minorías étnicas).
Entre otras novedades, el nuevo marco de incentivos incluye por primera vez ayudas a la contratación indefinida de técnicos en prevención de riesgos laborales, así como la formalización de contratos-programa con grandes empresas para fijar el compromiso de reducir en al menos un 50% la temporalidad de sus plantillas.
Con carácter general y para todo el territorio andaluz, se establecen ayudas de entre los 3.000 y los 4.750 euros por cada contrato indefinido. No obstante, el decreto prevé mecanismos para discriminar positivamente a las microempresas y a aquellos sectores de actividad en los que las mujeres se encuentren poco representadas. Asimismo, se prestará especial atención a zonas con dificultades socioeconómicas, donde las ayudas podrán alcanzar hasta los 15.390 euros por contrato.
Para que las empresas puedan acceder a los incentivos, el decreto introduce, como requisito imprescindible, que el trabajador contratado haya culminado un itinerario de inserción, orientación y formación profesional a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Antes de contratar a los beneficiarios, las empresas deben haber cursado su oferta a través de este servicio público.
En el caso de las pymes, se fija la condición de que al menos el 50% de la plantilla tenga carácter estable tras la incorporación de los nuevos trabajadores. Este límite se eleva hasta el 80% para las empresas con más de 250 empleados, que también podrán acogerse a las ayudas si las nuevas contrataciones logran reducir la temporalidad en un 50%.
Con el fin de garantizar la seguridad laboral, el decreto también excluye explícitamente del régimen de incentivos a aquellas empresas que hayan sido condenadas judicialmente o sancionadas por faltas muy graves en prevención de riesgos y por prácticas de discriminación laboral contra las mujeres.
Dentro de este marco regulador, la norma aprobada hoy establece cuatro grandes líneas de incentivos: ayudas a empresas de menos de 250 trabajadores, programas de fomento de la estabilidad laboral en empresas de más de 250 empleados, apoyos a la transformación de contratos temporales en indefinidos y medidas en las áreas de intervención preferente.
Ayudas a pymes
La primera de estas líneas destina ayudas de 4.750 euros para aquellas empresas de hasta diez trabajadores que contraten a mujeres, jóvenes menores de 30 años o colectivos definidos como vulnerables. Estos incentivos serán de 4.250 euros por contrato en entidades de entre 11 y 50 trabajadores y de 3.000 euros en aquellas cuyas plantillas se sitúen entre 51 y 250 empleados.
En el caso de las contrataciones a mujeres, se da prioridad a aquellos sectores en los que tienen escasa representación, como el industrial, la construcción o los transportes. También se presta especial atención a la incorporación o reincorporación al trabajo tras periodos de maternidad o atención a personas dependientes. Respecto a los jóvenes menores de 30 años, las prioridades se centrarán en los sectores industrial, audiovisual, medioambiental, de servicios a las empresas, nuevas tecnologías y atención social.
El segundo de los cuatro bloques de incentivos, para empresas con más de 250 trabajadores, se canalizará a través de contratos-programas con la Consejería de Empleo. En ellos se recogerán tanto los ayudas que se concedan como las políticas activas complementarias necesarias para fomentar el empleo estable. Estos contratos-programas tendrán una duración de tres años y su solicitud deberá ir acompañada de un informe del comité de empresa.
En cuanto a los incentivos para favorecer la transformación de contratos temporales en indefinidos, el decreto prevé una cuantía de 3.000 euros para colectivos vulnerables y para mujeres y menores de 30 años en aquellos sectores con mayor índice de temporalidad, como la hostelería, el comercio y la construcción.
Finalmente, los incentivos máximos de 15.390 euros por contrato se aplicarán en las áreas de intervención preferente. Estas zonas serán seleccionadas por el SAE en función de sus especiales dificultades socioeconómicas y de su mayor nivel de desempleo. La declaración como tales se realizará a través de decretos del Consejo de Gobierno.
Agilización del procedimiento
En relación con el procedimiento y las normas de control, la norma también incorpora novedades como la reducción del plazo de solicitudes de seis a tres meses o la posibilidad de tramitación por vía telemática. Con carácter retroactivo, podrán acogerse a los incentivos las empresas que hayan realizado las nuevas contrataciones desde el 1 de enero de este año.
El decreto aprobado por el Consejo de Gobierno ha contado en su elaboración con el consenso del grupo de trabajo formado por Junta, sindicatos y empresarios tras la firma el pasado 25 de enero del VI Acuerdo de Concertación Social. Su entrada en vigor se adelantará al plazo límite de seis meses fijado en su día por los firmantes de este pacto. Por otra parte, el contenido del nuevo marco de ayudas recoge también las recomendaciones formuladas por el grupo de expertos que ha redactado el Libro Blanco sobre la Calidad en el Empleo en Andalucía.
En los últimos cinco años la Junta de Andalucía ha incentivado la contratación indefinida de 48.253 trabajadores en la comunidad autónoma, con unas ayudas públicas que han superado los 131,22 millones de euros.
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