El Gobierno andaluz ha acordado iniciar los trámites del anteproyecto de Ley de la Administración de la Junta de Andalucía, que actualizará la legislación autonómica sobre esta materia con el fin de simplificar los procedimientos administrativos y regular el uso de las nuevas tecnologías en las relaciones con los ciudadanos.
La futura norma derogará una parte de la Ley 6/1983 del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía y supondrá también la modificación de las leyes autonómicas 5/1983 General de la Hacienda y 4/1986, del Patrimonio. Se unifica de este modo el régimen general de los órganos y unidades administrativas, manteniendo la división básica por departamentos pero introduciendo nuevas figuras como los servicios administrativos de gestión diferenciada y los órganos complementarios, con el fin de permitir una mayor participación de los ciudadanos.
El texto también incorpora disposiciones para racionalizar el sector público a través de la llamada Administración Instrumental, en la que se engloban las distintas entidades vinculadas o dependientes de la Junta de Andalucía. En este sentido, reserva la denominación de Agencias Administrativas para los organismos autónomos y la de Agencias Públicas Empresariales para las entidades de derecho público. Tanto en un caso como en otro, el anteproyecto reúne la regulación completa de estructuras, funciones y regímenes jurídicos, actualmente dispersas en varias normas.
El borrador, que ha sido presentado al Consejo de Gobierno por la consejera de Justicia y Administración Pública, María José López, consagra asimismo los derechos de los ciudadanos ante la actuación administrativa, entre ellos los relativos a información, petición y acceso a los archivos y registros. En este último aspecto, se introducen normas para agilizar la relación con el ciudadano a través de los registros telemáticos que se vienen implantando en los últimos años.
Finalmente, el anteproyecto refuerza desde el punto de vista legal las medidas de mejora de la calidad de los servicios que actualmente desarrolla la Administración autonómica. Entre ellas, destaca la obligatoriedad de que todas las consejerías y sus entidades de derecho público se doten de Cartas de Servicios. En estos documentos se especificará con claridad las prestaciones, objetivos, responsabilidades derivadas de su incumplimiento y vías de reclamación o recurso.
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