El Consejo de Gobierno ha aprobado iniciar los trámites del anteproyecto de Ley de Puertos, norma que unificará y actualizará la actual legislación para adaptarla a los nuevos objetivos de protección ambiental del litoral y hacer frente a las necesidades del sistema portuario andaluz, cuya oferta de atraques se prevé duplicar en el año 2015 desde los 12.800 actuales a 25.000.
El anteproyecto fija también las bases para la planificación del desarrollo portuario en los próximos años, refuerza las medidas para garantizar el dominio público, establece un nuevo régimen sancionador y modifica la estructura administrativa de gestión con la creación de la Agencia del Sistema Portuario de Andalucía, que sustituirá a la actual Empresa Pública de Puertos (EPPA).
En el capítulo medioambiental, el texto introduce numerosas novedades. Entre ellas destacan la aplicación del principio de vertido cero en el dominio portuario, con la prohibición explícita de los vertidos y emisiones contaminantes, la entrega obligatoria de los residuos generados por las embarcaciones y la exigencia de instalaciones para su recepción, especialmente en el caso de sustancias químicas y petroquímicas. Asimismo, todos los puertos deberán adherirse, en un plazo de cinco años desde la entrada en vigor de la ley, al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental.
Otros requisitos fijados en el anteproyecto con el fin de garantizar la protección del litoral son la necesidad de autorización de la Administración portuaria para dragados en el dominio público y la determinación de que los nuevos puertos que se construyan se ubiquen exclusivamente en aquellas zonas que presenten importantes carencias de infraestructuras portuarias en volumen o en distancia. En este sentido, la programación de los nuevos puertos se realizará siguiendo los principios de protección del dominio público marítimo-terrestre, integración en el entorno, racionalidad territorial y ambiental, viabilidad económica y equilibrio de la oferta portuaria en la línea de costa.
En relación con el dominio público de portuario, el texto prohíbe los usos hoteleros de nueva implantación (salvo autorización excepcional del Consejo de Gobierno), así como la creación de derechos de usos exclusivos sobre superficie de agua. El acceso será libre en los puertos deportivos, sin más limitaciones que las requeridas por razones de seguridad o explotación. Por su parte, en los comerciales y pesqueros deberán señalizarse los espacios abiertos al uso general.
Planificación
Con el fin de garantizar el crecimiento sostenible del sistema portuario, el anteproyecto establece un modelo de planificación cuya pieza básica será el Plan del Sistema Portuario de Andalucía. Este instrumento de carácter general, con incidencia en la ordenación territorial y urbana, prestará especial atención a los objetivos de conservación del litoral y de gestión medioambiental. Sus determinaciones prevalecerán sobre la ordenación urbanística municipal en los aspectos relativos a la protección del dominio público portuario, la elección de emplazamientos y los sistemas de comunicaciones.
Las normas del Plan del Sistema serán desarrolladas en cada puerto a través de planes especiales y, en un nivel más funcional, por los planes de usos de los espacios portuarios, en los que se establecerá la ordenación pormenorizada de las distintas zonas.
Respecto al régimen sancionador, el anteproyecto establece una regulación precisa de aspectos hasta ahora tratados de forma insuficiente a través de la legislación supletoria y a la jurisprudencia, sobre todo en lo referido a las infracciones leves. Asimismo, y en consonancia con los nuevos objetivos de protección ambiental, incluye como infracción de carácter muy grave el vertido no autorizado de embarcaciones a las aguas portuarias.
Las sanciones económicas, que irán acompañadas de la adopción de medidas cautelares, se clasifican en leves (hasta 60.000 euros), graves (hasta 200.000) y muy graves (hasta 1,2 millones de euros).
Finalmente, el texto prevé la conversión de la actual Empresa Pública de Puertos en entidad de derecho público, siguiendo así el modelo que se aplica en la Administración central. El nuevo ente se denominará Agencia del Sistema Portuario de Andalucía y estará adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
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